La actividad fue organizada por la sección Neuquén de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue y el Sindicato de Prensa de Neuquén, e incluyó también una exposición y debate en la sede de la Cooperativa 8300, en la capital neuquina.
Se desarrollaron paneles a cargo de representantes de distintas áreas de la Defensoría. Hugo Muleiro y Romina Coluccio de la Dirección de Capacitación y Promoción del organismo abordaron los derechos comunicacionales de la niñez y adolescencia; la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación por géneros. Por su parte, Mercedes Moglia, desde la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, describió el contenido de la Guía de Orientaciones para la cobertura de violencia institucional, publicada por la Defensoría.
En cada uno de los temas hubo intercambios de opiniones y debate sobre cuáles son los mecanismos para la aplicación concreta, en las rutinas de los medios audiovisuales, de los principios y derechos establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La diputada provincial y coordinadora del equipo de Violencia Institucional Neuquén, Elena Jara Sandoval, explicó que la policía de esa provincia persiste en prácticas que estigmatizan a ciertos sectores de la población y, en especial, a adolescentes y jóvenes, víctimas frecuentes de acusaciones falsas que -dijo- son reproducidas acríticamente por medios de comunicación.
La guía sobre cobertura de violencia institucional fue discutida también con trabajadores de comunicación en Neuquén. En ese marco, el Sindicato de Prensa exhibió una muestra de fotografías sobre la temática entre las que se encuentran imágenes del policía José Darío Poblete, condenado a prisión por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba o de la familia de Matías Casas, un adolescente asesinado por la policía neuquina.
La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano y el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Aníbal Sattler, se comprometieron a desarrollar acciones que promuevan la participación, el acceso a la información, la promoción de derechos y la investigación sobre medios de comunicación.
El convenio se firmó en la sede del Rectorado en Paraná, Entre Ríos, luego de que la Defensora asistiera a la presentación del ciclo de talleres sobre “tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación", organizados por el Gobierno de Entre Ríos a través del Consejo de Prevención de la Violencia (Coprev), la senadora nacional Sigrid Kunath, la Defensoría del Público y la Facultad de Ciencias de la Educación.
Cynthia Ottaviano enfatizó que “para nosotros es un placer poder articular con las Universidades; estamos convencidos que la tarea debe ser en conjunto y valoramos el gran trabajo que está haciendo la UADER”. También destacó la participación del Departamento de Adultos Mayores y del Programa Integral de Género, Derechos y Salud de la Universidad en el marco de la Audiencia Pública que tuvo lugar en Paraná meses atrás.
En la firma del convenio, la Defensora del Público subrayó además la importancia del acuerdo que tiene como objetivo impulsar y fortalecer el derecho a la información, la comunicación y la libertad de expresión en el marco de la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La clase local de la Diplomatura estuvo a cargo de la Defensoría del Público en la sede de Buenos Aires, que el organismo comparte con la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Paula Castello, desde la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría, expuso la historia de las radios comunitarias, populares y alternativas en América Latina como base para el intercambio sobre la actualidad y debates en relación a este sector en nuestro país.
En esta oportunidad, Larisa Kejval, investigadora y docente de las Universidades de Buenos Aires y de Avellaneda, estuvo a cargo de la conferencia central. “La comunicación popular, comunitaria o alternativa siempre es contextual, no es un modelo, es muy difícil comprender o acercarnos a este tipo de experiencias al margen de los territorios o sin comprender a las comunidades donde se insertan y se desarrollan”, planteó Kejval como punto de partida para señalar algunos aspectos centrales de este tipo de medios y sus desafíos en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Algunas de las preguntas que se hicieron desde las once sedes del país coincidieron en la necesidad de esclarecer el concepto de comunitario como un sector específico dentro del sector sin fines de lucro y cómo incide esta caracterización en su concepción de la sostenibilidad. “No significa que no tengan una dimensión económica, sí la tienen, para, además de sostenerse y crecer, desplegarse en el sistema de medios. Al no tener fines de lucro pueden proponerse tener otras rutinas o lógicas de producción donde la comunicación no es mercancía sino derecho humano”, explicó Kejval.
La situación de Antena Negra, el canal comunitario de TV de la ciudad de Buenos Aires, fue otro de los ejes de las consultas de los y las participantes, y fue oportuno para explicar la decisión de la Defensoría del Público de reclamar la descriminalización de la comunicación comunitaria mediante su participación como Amici Curiae en la causa judicial que investiga el caso. El escrito presentado por la Defensoría hace hincapié en la no utilización de la justicia penal y recomienda la regularización de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la Ley, “ya que se trata del uso del espectro radioeléctrico con fines de comunicación audiovisual para beneficio de las audiencias y no de telecomunicaciones”.
Después, como en cada sede, quienes cursan la Diplomatura en Buenos Aires fueron parte de un intercambio que recorrió medios comunitarios, populares y alternativos; reflexiones sobre su sostenibilidad; opiniones y consultas sobre las políticas públicas que afectan al sector; radios educativas y su inserción en las escuelas, entre otros temas. Quedaron planteadas también inquietudes sobre los medios gestionados por comunidades de pueblos originarios, que será el eje del próximo encuentro de la Diplomatura en Ley de Medios Audiovisuales y Reconversión Cultural, que estará a cargo de Liliana Lizondo, de la Universidad Nacional de Salta, y Claudio Vívori, desde la Defensoría del Público.
Los aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el rol de los medios de comunicación en el desarrollo de la comunidad y los derechos de las audiencias de radio y televisión fueron los ejes del espacio de formación coordinado por la Defensoría del Público que reunió a alrededor de cincuenta locutores y locutoras que se desempeñan profesionalmente en medios de todo el país.
El encuentro de tres días se realizó en la Casona del Periodista, en Villa del Lago, Carlos Paz. Allí, Luciano Debanne, integrante de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría, compartió con los y las profesionales de la locución la perspectiva desde la cual trabaja el organismo y promovió un espacio de intercambio sobre el rol social de los medios de comunicación en el desarrollo de las comunidades de las que son parte.
Luego de charla hubo una instancia de debate en la que los presentes pusieron en común algunos de los desafíos en relación al ejercicio de la palabra pública desde la concepción de la comunicación como derecho humano, de los medios como instituciones claves en la garantía de ese derecho y de quienes se encuentran frente al micrófono como actores centrales en ese proceso.
De esta manera, la Defensoría del Público acompaña y promueve espacios de formación e intercambio para la profesionalización de quienes trabajan en los medios de comunicación audiovisual de todo el país.
Once sedes de todo el país se conectaron para participar de las conferencias que estructuran cada clase de la Diplomatura en Ley de Medios y Reconversión Cultural impulsada desde el Programa Universitario de Comunicación Audiovisual para la República Argentina (PUCARA) de la Universidad de Villa María, con el aval de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y el acompañamiento de la Defensoría del Público.
En las dos últimas clases se abordaron distintos aspectos sobre la reconversión tecnológica, las políticas públicas convergentes (TV Digital, Argentina Conectada, Conectar Igualdad, entre otras), la televisión inclusiva e interactiva y el sistema digital como nuevo orden de comunicación audiovisual. El octavo encuentro estuvo a cargo de Cristian Jensen, Jefe de asesores de la Comisión de Comunicaciones en la Cámara de Diputados de la Nación, y la novena clase estuvo coordinada por Jorge Rivero, asesor de la Coordinación general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T).
Cristian Jensen describió el actual escenario de convergencia tecnológica y la importancia del Estado no solo en su rol de regulador del sector sino también en el desarrollo de políticas públicas para la inclusión digital. Además, destacó durante su conferencia la creación de los tres satélites geoestacionarios que incrementan las capacidades de telecomunicaciones y garantizan conectividad de igual calidad en todo el país.
“La Ley es para democratizar, para incorporar nuevas voces, desmonopolizar”, puntualizó Jensen. Y agregó: “No hay que olvidar que es importante cambiar nuestro rol de consumidores a productores de contenidos culturales. En este sentido hay una política pública que es la de Igualdad Cultural que tiende a que el pueblo argentino sea, además de consumidor, productor de contenidos culturales y fomente la cultura nacional “.
Quince días después, en el noveno encuentro, el Lic. Jorge Rivero, asesor de la Coordinación general del Consejo Asesor del SATVD-T, destacó el espíritu inclusivo del proyecto del sistema de Televisión Digital Terrestre. Explicó además los tres factores que lo estructuran: “en primer lugar, la infraestructura de transmisión, con estaciones en todo el país; luego, la recepción a través del plan MI TV DIGITAL, que entrega un decodificador y una antena externa para poder recibir los servicios de la televisión digital; y, por último, el incentivo a la producción de contenidos mediante concursos federales, polos de producción audiovisual, bancos de contenidos y señales del Estado como Viajar, Encuentro o ACUA Mayor”.
Después de recibir numerosas consultas de las sedes que demostraron un alto interés en el tema planteado, se hizo foco en el apagón analógico: "la digitalización empezó en 2009 -explicó Rivero- con el apagón termina el proceso al 100%. Para los servicios de TV analógica terrestre está previsto para 2019. El impacto no se va a notar porque se va realizando progresivamente”.
Comunicación a través de videoconferencias, debates presenciales, aportes bibliográficos, son aspectos constantes en las clases de la Diplomatura en Ley de Medios y Reconversión Cultural. Se suman los intercambios a través del foro virtual, que para la sede de Buenos Aires coordina Elisa Giordano desde la Defensoría del Público.
Los próximos encuentros de la Diplomatura estarán dedicados a los medios comunitarios, populares y alternativos; a la comunicación indígena; a la accesibilidad en los medios audiovisuales y a la comunicación con perspectiva de género y contarán con docentes del equipo de Capacitación del organismo.