- Realizar una cobertura respetuosa de los derechos antes que una mediatización sensacionalista y espectacularizante de lo sucedido.
- Procurar un abordaje riguroso, no basado en conjeturas o supuestos, sino en fuentes pertinentes y especializadas.
- Se recomienda sumar esfuerzos para identificar las fuentes utilizadas para que puedan ser conocidas por el público.
Más de cien personas, entre estudiantes de Comunicación y de Educación Inicial, docentes, integrantes de organizaciones sociales y abogados, trabajadores y trabajadoras de áreas públicas vinculadas con niñez y adolescencia, participaron en Corrientes del primer encuentro del seminario “Comunicación Democrática sobre la Niñez y la Adolescencia”.
La actividad se realizó en la sede del Palacio Legislativo de Montevideo y estuvo organizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) -donde se integran las funciones y misiones de la Defensoría del Público uruguaya- y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) de Uruguay con apoyo de UNESCO. Allí, integrantes de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público argentina realizaron un asesoramiento al organismo que promueve los derechos de las audiencias uruguayas.
En el Salón Azul de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, las voces de las audiencias locales, de Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y La Pampa se unieron durante ocho horas en la primera Audiencia Pública organizada por la Defensoría del Público en 2016 y reclamaron la plena vigencia y defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el respeto por el derecho humano a la comunicación.
La Defensora del Público, Lic, Cynthia Ottaviano, pidió a diputadas y diputados que integran la Comisión de Libertad de Expresión “medidas urgentes y efectivas contra los despidos masivos y arbitrarios a trabajadores y trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual”, en una reunión informativa que se llevó a cabo en el anexo de la cámara baja junto a representantes de trabajadores y trabajadores de distintos medios que llevaron
La Defensoría del Público recibió a representantes de las organizaciones que se agrupan en la Mesa Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual que hicieron llegar su preocupación, propuestas e inquietudes al organismo en relación a las modificaciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impuestas por el Poder Ejecutivo y su impacto en los puestos laborales.
“Los derechos no son mercancía”, sintetizó la Secretaria General de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), Clara Busso. Durante el foro en la ciudad de Viedma contó que participó de todas las instancias de debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque “la comunicación, como la educación, son derechos humanos”.
El objetivo de la propuesta fue intercambiar perspectivas y recibir aportes de la ciudadanía acerca de la situación actual de la regulación de la comunicación audiovisual en nuestro país. Las actividades fueron convocadas conjuntamente por la Defensoría del Público y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) a través de la Licenciatura de Medios Audiovisuales. En Ushuaia el foro se realizó en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y en Río Grande la actividad se desarrolló en el salón principal de la sede de la UNTDF.
El pedido se produjo en el marco del reclamo realizado por el señor Ezequiel Medone, integrante de Antena Negra TV, quien requirió la intervención de la Defensoría del Público para proteger el derecho al acceso a la información y la actividad que desarrollan los medios de comunicación comunitaria, teniendo en cuenta el “…peligro de censura y cercenamiento de la libertad de expresión al que estamos expuestos” y exigiendo que: “estos conflictos puedan resolverse en favor de los medios comunitarios, alternativos y populares”.
Frente a las afectaciones a los derechos de más de 2500 (1) personas que trabajan en los servicios de comunicación audiovisual provocadas por despidos masivos y arbitrarios, precarización laboral y persecución sindical e ideológica durante los últimos seis meses, la Defensoría del Público recomienda a las autoridades nacionales y provinciales la adopción de medidas urgentes y efectivas para evitar nuevas vulneraciones a los derechos laborales, a la libertad de expresión y a los derechos de las audiencias; y revertir las ya producidas.