La Defensoría del Público logró la incorporación del equipamiento necesario para que algunos canales de televisión abierta que se emiten, a través de la operadora de cable Telecentro, tengan subtitulado oculto.
La acción del organismo se inició a raíz de varios reclamos recibidos por parte de las audiencias por la falta de ese servicio, situación que fue reparada. De esta manera se cumple un paso más hacia la plena accesibilidad a la televisión, algo establecido como uno de sus objetivos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El sistema de subtitulado oculto (en inglés: Closed Caption, abreviado: CC) es una de las herramientas destinadas a permitir que las personas con discapacidad, en este caso aquellas con distintos grados de discapacidades auditivas, puedan acceder plenamente a la televisión.
Las otras herramientas previstas en el art. 66 de la Ley son: la audiodescripción para personas con discapacidad visual, la audiodescripción para personas con discapacidad intelectual, y la interpretación en Lengua de Señas para personas con discapacidad auditiva.
En la búsqueda de amplificar la voz de las audiencias y promover el cumplimiento de la LSCA, la Defensoría del Público efectuó diversas gestiones frente a la empresa y los canales que derivaron en la puesta en funcionamiento del equipamiento técnico necesario (conversor de SDI analógico) por parte de la empresa prestataria del servicio de cable “para que el closed caption sea recibido por todos los abonados de Telecentro”.
Las personas que no podían acceder al servicio de subtitulado oculto no lograban informarse adecuadamente, por lo que veían vulnerado su derecho a acceder a la información. Gracias al trabajo de la Defensoría, una de las personas que había reclamado expresó su satisfacción por el resultado obtenido.
A cinco años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la Defensoría del Público celebra haciendo entrega de la LSCA traducida en cinco idiomas de pueblos originarios. Referentes Qom, Wichi, Ava Guaraní, Mapuche, y Quechua entregaron a la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano el texto en el cual trabajaron con el organismo por más de un año y que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
En octubre de 2013, la Defensoría llevó a cabo la primera reunión con los cinco referentes y visitó a lo largo de un año cada una de las comunidades para trabajar en la redacción. Se hicieron capacitaciones e intercambios de experiencias para la puesta en común de la traducción de acuerdo a las perspectivas de la comunicación indígena y en particular de cada comunidad.
Un año después, la traducción de la Ley a los cinco idiomas originarios es una realidad gracias al trabajo de la Defensoría junto con David García y Javier González (con la traducción al idioma qom), Edgardo Mendoza y Marciano Bautista (al wichi), Eusebio Llampa y Andrea Mamani (al quechua), Ezequiel Jacu (al ava guaraní) y Elisa Tripailaf y Lucas Curapil (al mapuche) quienes entregaron la publicación a Ottaviano.
En este marco, la Defensora reafirmó: “La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es uno de los pilares reivindicatorios de ese camino de reconstrucción de la propia historia de los pueblos originarios, de recuperación de la tradición oral que hoy puede multiplicarse a través del acceso universal a una radio o un canal de televisión”.
“Nuestros pueblos originarios quieren dejar de ser interpretados por otros y quieren decirse a sí mismos públicamente, con su propia comunicación, asumiendo el desafío de comunicar con identidad para dejar de ser manipulados, tergiversados y hasta invisibilizados. Saben que la comunicación es una herramienta fundamental para reconocerse y fortalecer su autoestima, para ser reconocidos por toda la sociedad y la Defensoría trabajó junto a ellos”, puntualizó Ottaviano.
En el encuentro quienes representan a los cinco pueblos se mostraron emocionados, Eusebio Llampa dijo: “Es muy importante lo que se está haciendo desde la Defensoría del Público; generar este tipo de trabajo está construyendo otra mirada”. Por su parte Edgardo Mendoza contó: “Taducir en las cinco lenguas es algo histórico para nosotros, la verdad que esto va a hacer abrir la mentalidad de la comunidad, y de la juventud, porque nosotros reconocemos y sabemos que va a ser una herramienta útil” y enfatizó: “Este es el primer texto escrito en wichi desde el Estado”.
Elisa Tripailaf remarcó a quienes estaban presentes que “va a llegar un tiempo en que todo esto que venimos transitando no será solamente y exclusivamente para mapuches, será para todo el resto, esto sienta un precedente”. “Es muy importante porque no hay materiales de estas características para el docente y al no tener herramientas sigue reproduciendo el Billiken” reflexionó Lucas Curapil y finalizó: “Esto va a tener un impacto social más grande del que podemos llegar a ver”. “Es un trabajo muy espectacular, muy satisfactorio y una herramienta más para nosotros. El libro está bueno porque hay una unión entre pueblos” confesó Marciano Bautista y en tanto David García también expresó: “Poder escribir en nuestra propia lengua es maravilloso”.
Luego de la primera reunión -un año atrás- Ottaviano dijo: “Fue un encuentro enriquecedor, de mucha trascendencia, en la ley de medios audiovisuales nuestros pueblos originarios están reconocidos como sujetos de derecho y es necesario que difundamos sus derechos reconociendo su identidad, su historia, su cosmovisión” y aseguró: “Vamos a trabajar unidos para desalambrar la palabra y que la comunicación no sea el privilegio de unos pocos”.
Más allá de los primeros apartados de la Ley, que describen Disposiciones Generales, algunos de los artículos traducidos son los vinculados a las funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA); los referidos al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y al Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia; y el 19, que crea la Defensoría del Público.
Por otro lado, se puede leer la información dedicada a los prestadores de los servicios audiovisuales y la adjudicación de licencias. Como también el contenido de la Ley que habla especialmente de medios administrados por pueblos originarios (por ejemplo, el artículo 151).
En la segunda parte del libro, el trabajo muestra un compendio de Leyes de Derecho Indígena, resoluciones y decretos relacionados a las comunidades, que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos, crean el Registro Nacional de Comunidades indígenas (ReNaCI), establecen la elaboración de censos, instauran la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), y organizan la propiedad comunitaria.
A dos años de la puesta en marcha de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo recibió más de 3600 reclamos, consultas y denuncias, las cuales se resolvieron positivamente en un 70%.
Las principales temáticas por las que las audiencias se expresaron fueron: trato discriminatorio, violencia mediática hacia las mujeres, incumplimiento del horario Apto para Todo Público (ATP), grillas de programación incompletas, falta de accesibilidad para personas con discapacidad en los medios de comunicación audiovisual, entre otros.
Además, hasta el momento, se llevaron a cabo 10 audiencias públicas: expusieron más de 800 personas y asistieron más de 2700 participantes. En las cuatro últimas, enfocadas exclusivamente a niños, niñas y adolescentes, más de mil jóvenes trabajaron durante 115 horas en talleres preparatorios denominados “Camino a las audiencias”.
También, más de 20 mil personas participaron de las actividades de capacitación y promoción que llevó adelante la Defensoría del Público. Y cada una de estas actividades implicó un total de 1226 horas de trabajo. Al mismo tiempo, el organismo repartió 10.000 ejemplares de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se tradujo al braille, en lengua de señas argentina y editó un audiolibro. Y ayer, se presentó la traducción de la LSCA a cinco lenguas de pueblos originarios.
En lo que respecta exclusivamente al Año de Lucha contra la violencia mediática, se trabajó con 1746 personas. Estas actividades implicaron un total de 102 horas de trabajo.
Además, se acompañó la creación de tres radios de pueblos originarios y campesinas (Radio Origen 90.1, la primera emisora de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán de la Comunidad India Quilmes; FM Monte Adentro – Sacha Hukup 88.7 de Monte Quemado, Santiago del Estero y sexta radio del MOCASE-VC; FM Aím Mokoilek- Soy Mocoví 88.5, de Colonia Dolores, Santa Fe.
Se realizaron 29 mesas de trabajo durante 87 horas para debatir con periodistas, académicos, sindicatos y representantes de la sociedad civil cuestiones vinculadas al tratamiento periodístico responsable en los medios audiovisuales.
La Defensoría del Publico fue reconocida en el mundo por el relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión, Frank La Rue, y por el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza.
En la misma línea internacional, Cynthia Ottaviano resultó electa para presidir la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID). Se dio en el marco del cierre del Primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, organizado por la Defensoría del Público, que reunió a defensores, defensoras y referentes de la comunicación para profundizar el derecho a la comunicación en la región.
El trabajo que la Defensoría del Público lleva a cabo en relación con las audiencias de la radio y la televisión de Argentina fue eje del “Coloquio Miguel Ángel Granados Chapa”, en el marco de la 10° Bienal Internacional de Radio que se realiza en México. “Los derechos de las audiencias” llevó como nombre la conferencia que dió la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano que más tarde, por medio de un video, participó del panel “Derechos de las Audiencias: ¿nuevos derechos humanos? dentro del “Foro sobre la tutela jurisdiccional de los derechos de las audiencias” que se emitió en la Suprema Corte de Justicia mexicana.
La Bienal Internacional de Radio es un evento único en su tipo en el mundo, que reúne a especialistas expertos, investigadores, académicos y profesionales provenientes de México, América Latina, Europa y Estados Unidos, que analiza aportes para el futuro de la radio pública en el mundo. Esta edición, cuyo tema fue “Agenda digital y narrativas transmedia” contó con la realización del segundo “Coloquio Miguel Ángel Granados Chapa”: Nuevas reglas y democracia en los medios públicos, coordinado por la Defensora de las audiencias de Radio Educación, Beatríz Solís Lereé.
En su exposición, Ottaviano se centró en la descripción de la tarea que desarrolla la Defensoría desde su creación en noviembre de 2012 y la relación con las audiencias de cara a la construcción del nuevo paradigma comunicacional en defensa y promoción de sus derechos. Por otra parte, mencionó como ejes fundamentales escuchar, mediar, promover derechos, capacitar, observar, investigar, generar debates, sistematizar y realizar tareas pedagógicas.
El panel “Los derechos de las audiencias” contó con la moderación del ombudsman de Noticias MVS, Gabriel Sosaa Plata y la participación de defensores de las audiencias de México, del Canal 22 , Francisco Prieto; de Canal 11, Felipe López Veneroni; de Radio Educación, Beatríz Solís Lereé y la mediadora del Instituto Mexicano de Radio (IMER), Adriana Solórzano.
La participación de la Defensora en el panel “Derechos de las Audiencias: ¿nuevos derechos humanos?” como parte del “Foro sobre la tutela jurisdiccional de los derechos de las audiencias” organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) -organismo regulador de la radiodifusión en México- y la coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de ese país fue destacada por la comisionada del IFT, Adriana Labardini Inzunza quien aseguró: “La experiencia Argentina es muy relevante como punto de referencia a tomar en cuenta para enriquecer el debate sobre las oportunidades y retos que en México enfrentamos en esta materia”.
Quienes trabajan en la Defensoría del Público recibieron en la sede del organismo una capacitación sobre la plena implementación, marco legal y consideraciones generales relacionadas a la Televisión Digital Abierta. Desde su creación en noviembre de 2012, la Defensoría recibió más de mil reclamos, consultas, y pedidos de las audiencias de todo el país para solicitar acceso a la TDA.
El coordinador General del Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre (SATVD-T), dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Presidencia de la Nación, Osvaldo Nemirovsci y el asesor de la Coordinación General del Consejo Asesor del SATVD-T, Jorge Rivero, explicaron los alcances de la TDA y respondieron preguntas relacionadas con las inquietudes de las audiencias.
La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, agradeció la presencia de Nemirovsci y Rivero y elogió el trabajo que llevan adelante: “La verdad es que con la TDA se ha hecho una tarea muy trascendente” dijo y enfatizó: “Tengo la certeza de la necesidad del diálogo entre los distintos organismos” en relación a la importancia de la capacitación que se llevó a cabo.
Por su parte, Nemirovsci contó los inicios del organismo que coordina: “Como valor general, la TDA, al despertar espacios nuevos en la comunicación, entra en tensión con algunas consolidaciones en el área respectiva, no siempre negativas, pero que provocan fuerte oposición desde el punto de vista de intereses del poder informativo y del poder económico, y por otro lado por el desconocimiento. Esas tensiones existieron y se fueron suavizando en la medida que se construyó una infraestructura que llegó a más lugares de la Reública Argentina”.
Luego Nemirovsci y Rivero explicaron la composición y el funcionamiento técnico de la Televisión Digital Abierta, como así también distintas cuestiones relacionadas a la cobertura en todo el país que está logrando el organismo y respondieron las preguntas e inquietudes de quienes trabajan en la Defensoría.
La justicia federal cordobesa ratificó la decisión de que la empresa Cablevisión cumpliera lo dispuesto anteriormente por una instancia superior, e incluyera en su servicio de abono básico y sin costos adicionales de la provincia la señal CBA24N, generada por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Hasta el momento, Cablevisión respetó la medida sólo en el servicio de cable correspondiente a la ciudad capital.
En realidad, la solicitud no hacía más que invocar lo dispuesto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que en su artículo 65 establece la obligatoriedad de incorporar sin codificar en las grillas de televisión por suscripción las señales abiertas producidas por las universidades nacionales.
En las últimas semanas, la empresa fue advertida por la justicia para que respetara sin demoras el derecho de la Universidad a ocupar su grilla. Sobre todo a partir de lo manifestado por Vicente Muscará y Luis Rueda, integrantes de la Cámara Federal cordobesa, partidarios de que hubiera una resolución favorable a la UNC.
En el mismo sentido opinó Miguel Rodríguez Villafañe, representante de los SRT de la casa de estudios, quien sostuvo la importancia de respetar el fallo de primera instancia de la Cámara provincial. También la Defensoría del Público exigió a la prestadora que incorporara la señal, mediante una actuación que tramita en el organismo encabezado por Cynthia Ottaviano.
En mayo pasado, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) determinó que todos los sistemas de televisión por cable cordobeses debían ofrecer en su grilla la señal digital del canal CBA24N, fundado hace tres años. Ottaviano celebró que “las audiencias de Córdoba puedan acceder a la señal CBA24N, como venían reclamando junto a esta Defensoría. Este es un nuevo logro de la LSCA, de la lucha colectiva por su pleno cumplimiento y del pueblo argentino, del que genuina y legítimamente surgió”. Y agregó: “Una vez más, los hechos demuestran que el tiempo de unos pocos con un poder abusivo terminó, que vivimos una etapa universalista, en la que la comunicación es un derecho humano y no un mero negocio”.
El reclamo, además, había sido efectuado por los rectores de todas las universidades públicas del país agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que en un comunicado exigieron a Cablevisión “el cumplimiento inmediato y sin dilaciones de los fallos judiciales que la obligan a incluir la señal universitaria en su grilla”, como forma de respetar “el derecho humano de acceso a la información por parte de la ciudadanía de Córdoba”.
La señal ahora incluida integra, junto con el Canal 10 y la Radio Universidad (en sus dos frecuencias, AM y FM), el principal conjunto de medios públicos del interior del país. Según los rectores, “la Ley considera a las Universidades como un actor protagónico de los medios públicos, motivo por el cual rechazamos cualquier intento de los prestadores de derecho privado de relegarnos con el objeto de monopolizar la palabra”.