Los denunciantes manifestaron que el pasado 18 de agosto, la señal informativa emitió un informe titulado “Policiales: menores delincuentes y asesinos”, en el cual un periodista dio detalles de una supuesta banda que en los monoblocks del barrio estaría vinculada con la muerte de un efectivo policial. Y agregaron que para acompañar el relato, la producción tomó imágenes del cortometraje “Sin Código”, donde actúan ellos mismos.
Los chicos, llamados Mariano y Facundo, explicaron que la película había sido realizada “por actores de la villa” como parte de un proyecto audiovisual desarrollado en el lugar para los vecinos. Uno de ellos contó, además, que se enteró cuando un amigo lo llamó y le dijo: “Fijate en C5N que salís con cartel de asesino”. Si bien ambos aparecieron con los ojos tapados, el mismo joven admitió, muy preocupado por su seguridad, que “en el colegio me reconocieron todos”.
Una vez presentado el reclamo, la Defensoría se comunicó con los responsables del canal, con el objetivo de reparar el error. La consecuencia de esas charlas significó que el 18 de septiembre, a las 14:47 hs., el mismo periodista se retractara.
“Esta es una aclaración y un pedido de disculpa -dijo- por un informe que emitimos en el programa El Expediente en el mes de agosto sobre una banda que cometía delitos en la Villa Zavaleta, sospechada de haber matado a un policía de la Metropolitana. Se publicó una fotografía por error que no tiene que ver con los integrantes de la banda. Mil disculpas, son totalmente ajenos a esta organización delictiva. No sólo son ajenos, además están siendo parte de un grupo de actores de la villa, algo muy positivo. Por eso, desde aquí el pedido de disculpas por este error”.
“En 30 años de democracia, el camino que hemos transitado se enmarca en un proceso de ampliación de derechos que fue muy importante para el país -sostuvo Moreau-, como los derechos civiles y los derechos humanos. Pero para que esas herramientas estén al servicio de la gente, es imprescindible que exista el derecho del público. Y la Defensoría llegó para garantizar eso. Por tal motivo, me animaría a decir que la sola creación de la Defensoría del Público justifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
El dirigente, rodeado por medio centenar de militantes y referentes barriales porteños de la UCR, recibió a Cynthia Ottaviano en el local de la Fundación para que describiera el primer año de trabajo de la Defensoría y para dar un panorama general de los medios audiovisuales en el marco de la ley aprobada por el Congreso Nacional en 2009.
Para contraponer la imagen despectiva con que las corporaciones mediáticas presentan a la norma, tildándola de “Ley K”, la Defensora resaltó la participación que hubo en su confección, los 21 puntos promovidos por la Coalición por una Comunicación Democrática, el debate brindado en los 24 foros abiertos a nivel nacional, las 10.000 personas que opinaron sobre el tema, las 1.300 propuestas elevadas y las 120 modificaciones llevadas a cabo al proyecto original surgido del Poder Ejecutivo.
“La evolución de la libertad de expresión -dijo Ottaviano- comprende que la información ya no sea privativa de un licenciatario, sino que todos tengamos el mismo derecho, con las mismas posibilidades de acceso”. E invitó a revisar la riqueza de la norma con ejemplos: “Como los artículos 70 y 71, para que no haya trato discriminatorio en los medios; el 65, que establece cuotas de producción local en radio y televisión como manera de fomentar el trabajo y la creación; el 68, que habla del horario de protección a la niñez, en plena concordancia con la mayoría de los países del mundo; el 81, que reglamenta la publicidad; o el 66, tan importante en materia de inclusión, a partir de incorporar herramientas como la lengua de señas a las emisiones”.
A la hora de las preguntas, uno de los intereses estuvo puesto en los antecedentes que tiene la Defensoría. Ottaviano comentó iniciativas importantes como las que existieron en la revista La Maga o la Radio de la Ciudad, entonces dirigida por el periodista Carlos Ulanovsky, donde estaba presente la figura del defensor del lector o del oyente. Pero que en realidad, la Defensoría es única en el mundo. No sólo porque representa a las audiencias radiales y televisivas de todo el país, sino además por la manera en que fue gestada. “Nosotros nacimos por ley, rendimos cuentas a una Comisión Bicameral representada por distintas corrientes políticas y mi designación, además, fue avalada por una fuerte participación ciudadana. Apoyada por 800 referentes del campo social, de los derechos humanos y de la cultura. Y objetada sólo por el Grupo Clarín”.
Como parte de las seis jornadas que la Defensoría del Público programó para este año, el organismo desarrollará su quinta Audiencia Pública el 20 de septiembre en la ciudad de Mendoza. El encuentro corresponderá a la región Cuyo y contará con la participación de oyentes y televidentes de las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan, además de instituciones, cooperativas, trabajadores de la comunicación y organizaciones sociales en general.
Las Audiencias son de carácter abierto y de participación libre. Para poder intervenir haciendo uso de la palabra es necesario inscribirse, condición no obligatoria para asistir como oyente. En esta oportunidad, la cita será a partir de las 9:00 hs. en el Salón de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en la ciudad de Mendoza.
La de Mendoza será la quinta Audiencia del año, después de las registradas en la región NEA (Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes), NOA (La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán), Buenos Aires (Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires) y Centro (Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Córdoba). En esos cuatro encuentros, con una participación que promedió los 300 asistentes, se habló del rol de los pueblos originarios en el mapa de la comunicación, la importancia de incorporar la lengua de señas en los medios audiovisuales, y la necesidad de que el derecho a dar y recibir información esté cada vez más presente en todo el país.
La quinta Audiencia Pública será en Mendoza el 20 de septiembre e involucra a las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza, que integran la región Cuyo. Para realizar una exposición es necesario inscribirse en el registro de oradores y oradoras.
Como se explicó, la participación en la jornada es libre y gratuita, y pueden acercarse todas las personas interesadas, organizaciones y actores de la comunicación. Para quienes quieran escuchar las intervenciones, no es necesario avisar previamente. El plazo de inscripción cierra el 17 de septiembre. La gestión debe realizarse a través de la página web de la Defensoría del Público (www.defensadelpublico.gob.ar), o personalmente en las siguientes Delegaciones de AFSCA, INADI y la Defensoría del Pueblo:
Mendoza
• AFSCA. Emilio Civit 460 Planta Alta, ciudad de Mendoza.
• INADI. Rioja 1484, ciudad de Mendoza.
• Defensoría del Pueblo de la Nación. 9 de julio 2135, ciudad de Mendoza.
San Juan
• AFSCA. Maipú Este 837, Ciudad de San Juan.
• INADI. Rivadavia Oeste 665, Ciudad de San Juan.
San Luis
• AFSCA. La Rioja 1107, Ciudad de San Luis.
• INADI. Chacabuco 917, Ciudad de San Luis.
Para leer el reglamento de las Audiencias Públicas convocadas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, ingrese aquí: http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/principios-y-criterios-reglamento-audiencias-publicas
Para acceder a la convocatoria y el expediente de la Audiencia Pública para la Región Cuyo, ingrese aquí: http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/convocatoria-audiencia-publica-cuyo
El panel, coordinado por el periodista Pablo Bilyc, fue compartido con el juez federal Carlos Rozanski, titular del Tribunal Oral Nro. 1 platense, cuya actuación determinara varias condenas a responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Al iniciarse la charla, Bilyc advirtió que la cita no significaba “una conmemoración formal por los 30 años de democracia, reduciéndola a un tema de procedimiento. Esta facultad toma posición, llama 'Néstor Kirchner' a su edificio, premió a Hugo Chávez y a Rafael Correa, y abre sus puertas ante casos de emergencia social. Entendemos que hay que poner la realidad en tensión, y que la democracia no es un punto de llegada, sino de partida”.
“Es una alegría estar acá para dialogar sobre la forma en que fuimos construyendo una comunicación democrática en los últimos años -comenzó Ottaviano-, después de que durante tanto tiempo las corporaciones resistieron la sanción de una ley, logrando que 73 proyectos presentados en el Congreso nacional de distintas corrientes políticas quedaran en la nada”. La Defensora contrapuso esa realidad con lo ocurrido en 2009, cuando después de un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, que tomaba los 21 puntos de la Coalición por una Comunicación Democrática, el borrador fue debatido en 24 foros públicos, con el aporte de 10.000 participantes que introdujeron 120 modificaciones al articulado original. Lo que demuestra que esa comunicación democrática es fruto de una construcción colectiva, amenazada y acechada cada vez que aquellas corporaciones llaman despectivamente 'Ley K' a la LSCA”.
“Y así como fue complejo llegar a una nueva ley de medios audiovisuales -explicó-, también lo es hacer palpables todos los días los derechos ganados por la ley, a dar y recibir información. Antes, el paradigma de la comunicación era autoritario, mercantilista y liberal. Autoritario porque los medios nacieron al calor de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Mercantilista porque se fijaban sólo en el negocio, sin dinero no se podían tener licencias y el Estado era subsidiario cuando no había otra alternativa. Y liberal porque los grupos económicos terminaron acumulando licencias de una manera descarada. Hoy, la realidad es bien distinta: el nuevo paradigma de los medios es en la perspectiva de los derechos humanos”.
Marcando todavía más esa diferencia de concepto, Ottaviano sostuvo que en la actualidad “dejamos de lado el sujeto empresario, y lo que entendemos por licenciatarios no son dueños de esas licencias, sino ocupantes ocasionales, que tienen el deber de contribuir con ellas al desarrollo sociocultural de la Argentina”. Y al hablar de la democracia ganada, se preguntó: “¿Cuánto tenemos que sacudirnos todavía de la colonización de la subjetividad que impuso la última dictadura cívico militar? O como decía Paulo Freire: ¿Cuánto de ese otro yo tenemos introyectado dentro nuestro? Porque es evidente que la dictadura militar intentó imponer un proyecto económico para sus propios intereses, pero también es cierto que buscó crear un hombre nuevo a partir de un nuevo andamiaje ideológico cultural”.
Como muestra de esa imposición, leyó algunas cifras: en 1973 y 1974, cada argentino leía un promedio de tres libros por año, cifra que cayó a dos en 1976, a uno en 1979, y a menos de uno en 1981. Los cincuenta millones de ejemplares impresos anualmente antes del golpe de Estado disminuyeron a 31 millones en 1976, y a 17 millones entre 1979 y 1982. Durante los años 1973 y 1974, el argentino utilizaba entre 4000 y 5000 palabras en su vocabulario. Después del asalto al poder de Jorge Videla, los números cayeron a 1500 palabras.
Rozanski insistió en que “el sojuzgamiento económico del país no hubiera sido posible sin un proyecto económico”, y reconoció que su intención “no era empezar por ese tema, pero Cynthia me hizo pensar. La huella cultural que dejó el terrorismo de Estado fue terrible, y la colonización de nuestras subjetividades que dejó la dictadura es un tema muy difícil de digerir, pero que hay que analizar, aunque nos cueste”. Y agregó: “Si hago una síntesis de estas tres décadas democráticas, sin duda la demanda más grande es la democratización de la justicia. Por ejemplo, casi la mitad de los integrantes del Consejo de la Magistratura pertenecen a las corporaciones, que eligen a esos candidatos. Es algo que hay que cambiar”.
Para el juez, otra de las consecuencias de la dictadura “fue la pérdida de sensibilidad por la injusticia, algo vinculado a lo que decía Cynthia acerca de las subjetividades. Pero también es cierto que en estas tres décadas no todo fue igual y destaco los avances de los últimos diez años, que a mi juicio fue la etapa más maravillosa que pude vivir. Fíjense en lo ocurrido con los genocidios, por ejemplo. Desde el primero en 1915, el armenio, todos quedaron impunes. Y sin embargo en Argentina, a pesar de mis críticas al sistema judicial, se avanzó de una manera importante en los juzgamientos a responsables de delitos de lesa humanidad”.
“La puja distributiva no es sólo económica, sino también simbólica, por el sentido -finalizó Ottaviano-, y ya que estamos con estudiantes de periodismo, es una buena oportunidad para pensar en el doble rol que tienen: son constructores de la comunicación, pero no se olviden de que también son audiencia. Ahí está la clave para profundizar la democracia en el país. Poner el foco en los derechos que plantea la Ley, hacerlos respetar y en la participación ciudadana para seguir profundizando la democracia”.
Durante el Congreso le fue entregado el premio “Rodolfo Walsh” a Susana Trimarco y entre los que hablaron en las mesas de debate se destacaron María Pía López, Pablo Llonto, Jorge Rivas, Sergio Ciancaglini, Stella Calloni, Santiago O´Donnell, Vicente Muleiro, Hugo Muleiro y Daniel Badenes. El periodista y conductor Víctor Hugo Morales transmitió su programa en vivo desde los estudios radiales de la Facultad.
Son estudiantes de cuatro divisiones del Inmaculada, que además de trabajar con el nivel terciario, desarrolla en su currícula una especialización en medios de comunicación para alumnos secundarios. Los futuros docentes escucharon una síntesis de la manera en que fue debatido el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo y debatido en el Legislativo, después convertido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que contó con el aporte de oyentes, televidentes e instituciones de todo el país.
Al respecto, Cynthia Ottaviano explicó que esta ley “es profundamente democrática, a partir de la participación para su elaboración de 300 organizaciones, que mediante foros y audiencias públicas discutieron y enriquecieron el texto original”. Resaltó que “en la actualidad, a diferencia de la época en que regía la ley de la dictadura militar, hablamos de licenciatarios, y no de dueños”, y que “uno de los principios esenciales de la LSCA es el derecho a la comunicación, a dar y a recibir información”.
Sostuvo que otra diferencia es que ya “la información no es sólo de un periodista, sino nuestra, de cada uno. La ley sirve, entre otras cosas, para acceder a una información diversa, y no encontrarnos con la información que transmiten unos pocos. Es una norma profundamente federal, respetuosa de las culturas provinciales y las de nuestros pueblos originarios”.
Durante la charla se hizo hincapié en los distintos mecanismos de participación surgidos en esta etapa, además de la Defensoría, como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), la Comisión Bicameral del Congreso para el seguimiento de la norma, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, el Consejo Consultivo de Medios Públicos.
Ottaviano cuestionó la actitud del Grupo Clarín, que judicializó distintos artículos de la ley y pretende transmitir que no está puesta en práctica. “La LSCA se encuentra plenamente vigente -explicó-, y cuenta con aportes fundamentales como los artículos 70 y 71, los cuales promueven que no haya trato discriminatorio. Porque así como hay violencia mediática y psicológica, también en los medios existe violencia mediática”.
La Defensora comentó algunas de las 949 denuncias y consultas que el organismo recibió hasta el momento, y resaltó la participación de oyentes y televidentes de todo el país en el debate en torno a los medios audiovisuales. En cuatro Audiencias Públicas organizadas por la Defensoría durante 2013, más de mil personas formaron parte de los encuentros, desarrollados en distintas regiones de la Argentina.