En el salón “Emilio Mignone” del área de DDHH, cubierto de militantes, funcionarios, legisladores y dirigentes sociales y barriales, la Defensora compartió un panel con el titular de la Secretaría, Martín Fresneda. “Les agradezco la invitación -dijo Ottaviano-, pero sobre todo les agradezco la iniciativa de publicar este material, porque la pedagogía es fundamental. Para empoderar a la ciudadanía es fundamental la difusión de sus derechos, porque además, nadie reclama un derecho que no conoce y el ejercicio democrático implica la participación ciudadana”.
El libro, de casi 200 páginas, resume medidas de gestión nacional puestas en práctica en la última década, vinculadas a educación; trabajo; salud; vivienda; participación y acceso a la justicia; inclusión y seguridad social; género y diversidad; cultura y comunicación; identidad, nacionalidad y soberanía; y memoria, verdad y justicia.
“No se trata de una simple enumeración de realizaciones -explicó Fresneda-, sino la manera de graficar que realmente los últimos años significan una historia ganada. Años que permitieron generar la autoestima y el orgullo de pertenecer a un país digno, con memoria, equidad y futuro. Antes, durante el terrorismo de Estado, si la juventud peleaba por una causa se la consideraba peligrosa. Hoy, la juventud es otra vez el motor de esos ideales, que en muchos casos se convirtieron en realidad por esta gestión nacional”.
Para la Defensora del Público, la característica de estos tiempos “es sin duda el ejercicio de derechos que estaban negados. Es verdad que la dictadura impuso un modelo económico, pero también instauró un modelo cultural, y ese modelo repercutió en nosotros mismos. Por eso, un gran desafío que tenemos por delante es trabajar para descolonizar nuestras subjetividades”.
Fresneda recordó un deseo que transmitió en el momento de asumir el cargo: “Dar un salto reparador, construir un puente. Reivindicar principios de memoria, verdad y justicia para analizar la etapa terrible de la dictadura. Y atravesar ese puente hasta nuestros días, dando pelea para que sean respetados los derechos actuales: a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación. En definitiva, a la dignidad”.
Ottaviano sostuvo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un ejemplo de aquellos derechos ganados, gracias a las políticas que describe el libro. “No sólo por la manera en que fue gestada, con amplia participación de miles de personas en todo el país. Sino porque además, nos hace entender que la comunicación es un derecho humano, fundamental e inalienable. No es un negocio, como en los años de la dictadura cívico militar”. Y en el final, reclamó: “Trabajemos para que esos derechos sean tangibles y palpables, como forma de corregir asimetrías. Y para que el pleno ejercicio de la Ley permita que no exista ni un solo privilegiado, y ningún excluido”.
La actividad fue llevada a cabo durante el Mes de los Jóvenes, que consistió en una serie de encuentros, mesas redondas, conferencias, proyección de documentales y discusión en talleres coordinados por el área que dirige Eduardo Jozami dentro del ex centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar.
La titular del organismo, Cynthia Ottaviano, compartió uno de esos talleres con Glenn Postolski, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Miguel Martínez, director de Formación de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
“La forma de empoderamiento de los ciudadanos es el conocimiento”, dijo Ottaviano, "por eso hay que seguir difundiendo el derecho a la comunicación y también la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y es necesario seguir difundiéndola porque el grupo Clarín nos quiere hacer caer en una trampa: que la ley no sirve para nada, que es una 'ley K' bajada por un gobierno, y está limitada sólo al artículo 161 que fija el tiempo establecido para la adecuación a la nueva norma. Y no es así, la ley es mucho más que eso, y todos los artículos referidos a la necesidad de que no haya trato discriminatorio, que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se garantice la accesibilidad a los medios audiovisuales en igualdad de condiciones, están plenamente vigentes desde su aprobación, en 2009”.
Destacó la gestación profundamente democrática y participativa que tuvo la norma, discutida y consensuada en todo el país mediante foros y audiencias públicas y resumió el sentido del texto en una frase: “No queremos que la supremacía de uno, que construye el sentido, nos haga repetir esa historia particular, que responde a los propios intereses políticos, económicos e ideológicos, como si fuera de todos”. Recordó el caso del ex senador radical Ricardo Lafferriere, que una vez reinstaurada la democracia fue el autor de un proyecto que reglaba el derecho a réplica o respuesta. Y la manera en que los grandes medios de comunicación lograron que su figura no tuviera más trascendencia pública, cuando vieron que la medida apuntaba democráticamente a la posibilidad de sumar información aclaratoria de aquella que no es veraz.
“Pensemos de qué manera podemos, en nuestra propia vida cotidiana, contribuir para que la ley se cumpla, en nuestra doble condición de sujetos plenos de derecho, en tanto audiencias activas y como productores de sentido, en tanto trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual”, pidió la Defensora. “Los invito, sobre todo a los más jóvenes, a apoderarse de organismos como la Defensoría, donde se puede reclamar y transformar la comunicación, comprendiendo que la verdadera comunicación democrática en el país la hacemos entre todos y todas”.
Postolski reclamó a la juventud que lo escuchaba “cada vez más compromiso para combatir el discurso de la antipolítica, que hoy, Jorge Lanata encarna de la misma manera que Bernardo Neustadt lo hacía en los años noventa”.
La jornada en la ex ESMA contó con la presencia, entre otros, de Jorge Taiana, secretario general del Movimiento Evita en el ámbito porteño; Horacio González, director de la Biblioteca Nacional; Diana Aravena, presidenta de la cooperativa La Paquito-Putos Peronistas; María Elena Naddeo, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires; Jorge Jaunarena, representante de la Asociación Miguel Bru; y Roberto Samar, docente de Comunicación de la Universidad Nacional de Río Negro.
La jornada tuvo lugar en el Salón de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, ante más de 150 personas. En la apertura, Ottaviano destacó la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y sostuvo que “la Defensoría es el único organismo en el mundo que convoca de manera permanente a este tipo de encuentros, porque el objetivo es practicar una escucha activa y promover la participación directa del público en el desarrollo de la comunicación de nuestro país. Más de 1300 asistentes en las cuatro audiencias realizadas hasta ahora, donde hablaron 222 expositores, son una muestra de esa política”.
Después de casi seis horas de actividad, algunos de los temas elegidos fueron la necesidad de un ordenamiento del espectro radioeléctrico; la criminalización de la juventud en que incurren los medios audiovisuales; las herramientas de acceso a emisiones televisivas como lengua de señas, audio descripción y subtitulado oculto; y distintas críticas a los gobiernos provinciales que no envían sus representantes al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA).
Ottaviano manifestó que la Defensoría trabaja “por una comunicación democrática, en igualdad de condiciones y de acceso”. Y agregó que desde el organismo “luchamos por la plena vigencia de la Ley, para continuar profundizando esa democracia y no retroceder ni un paso en ese objetivo. Por eso solicitamos una vez más que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle por la plena constitucionalidad de toda la LSCA, y así dejar de lesionar el derecho de las audiencias”
Pablo Guaycochea, integrante del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), sostuvo que “el 10 de octubre del año 2009 marcó un punto clave en el camino que algunos iniciaron a la salida de la dictadura cívico-militar”, porque “ese día, y luego de que el proyecto fuera discutido en decenas de foros y conferencias a lo largo y ancho del país, el Congreso sancionó la LSCA”. Pero agregó que a las pocas horas “pudimos leer en primera plana algunos títulos que la designaban como ´la ley de control de medios´. Esos títulos no fueron más que otra muestra, tal vez mucho más visceral, del sitio privilegiado que estas corporaciones ocupan, y desde el cual, en muchas oportunidades, manipulan la información y trastocan el valor de la verdad de manera sistemática”.
Por otro lado, expresó “su enérgico repudio a las conductas dilatorias que desde la sanción de la Ley 26.522 vienen manifestando amplios sectores de la Justicia Federal Argentina desde diversos juzgados de primer instancia hasta la propia Corte Suprema de Justicia, quien, salvo excepciones de alguno de sus miembros, impiden la plena vigencia de dicho marco normativo, viendo así menoscabado el derecho humano fundamental de la comunicación a todo el pueblo argentino”.
Para Manuel Olalla, integrante del Centro Padre Carlos Mugica de la ciudad mendocina de Guaymallén, la comunicación “es algo fundamental en los barrios, porque permite el desarrollo de las organizaciones populares. Y además, logra enfrentar la estigmatización que los medios hegemónicos hacen de los que habitan esos barrios”. Los delegados de ENOTPO, Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, le regalaron a Ottaviano un mapa nacional con la ubicación de esos pueblos y expresaron que para ellos "la comunicación no es un medio, es desarrollo, es proyección". Y Elena Ramírez, integrante de Carta Abierta, advirtió sobre los cortes de transmisión que sufre la Televisión Digital Abierta en la región mendocina. “Y cuando no hay cortes -denunció-, endilgados al viento Zonda o a problemas técnicos, otra de las formas de censura se presenta no difundiendo temas trascendentes, como por ejemplo esta Audiencia Pública, o las jornadas por la democratización de la justicia”.
Por fuera de la lista de expositores, Paola Carbonell habló de la necesidad de que la radio y la televisión mejoraran sus programaciones destinadas a la niñez y la juventud. Carbonell es delegada por la provincia de Neuquén del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), participó en caracter de invitada especial para esta Audiencia, y explicó los alcances de un reciente trabajo gestado por el organismo, que desarrolla 14 criterios de calidad con que deberían contar aquellos programas destinados a niños, niñas y adolescentes.
Guadalupe María Pregal, que denunció ante la Defensoría a la empresa comercializadora de la cerveza Andes por violencia mediática contra las mujeres, sostuvo que “luchamos permanentemente por no aparecer estereotipadas en los medios, y agradezco el trabajo de la Defensoría, porque su trabajo fue terriblemente efectivo”. Luego de esa gestión, Andes “estuvo obligada a pedir disculpas y quitar la publicidad del aire -agregó Pregal-, e imaginamos que frente a la próxima campaña, pensarán dos veces la estrategia, suponiendo que la Defensoría estará atenta”. Guadalupe finalizó: “Ponemos el acento en los derechos de las mujeres, pero esto no tiene que ver sólo con nosotras. Una publicidad que muestra a una mujer como objeto, también involucra a los hombres, ya que los convierte en consumidores de ese objeto”. Otra de las que se sumó en apoyo a la gestión de la Defensoría fue Natalia Calderón Alvarez, representante en la ciudad mendocina de Godoy cruz de Red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista.
Entre otros, estuvieron presentes Daniel Torres, representante de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) de San Juan; Roberto Fayad, titular de AFSCA Mendoza; Daniela Nievas, del Movimiento Nacional Campesino Indígena sanjuanino; Osvaldo Francés, titular de ARBIA y Miguel Angel Di Spalatro, secretario del interior de ARBIA; Pablo Bicego, en representación del gobernador mendocino Francisco Pérez; el diputado nacional Guillermo Carmona; la senadora provincial mendocina Alejandra Naman; y una delegación del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).
Eliana Ortubia Díaz, del Canal 34 Giramundo TV de Guaymallén, Mendoza, reclamó facilidades económicas “para que los medios comunitarios puedan desarrollar su tarea, y de esa manera garantizar el derecho a la comunicación”. Díaz criticó iniciativas por las cuales “los pliegos de acceso a un medio sean idénticos para nosotros que para grupos económicos que pueden sostenerlos. Es importante que se reconozca la especificidad que tenemos, única manera de respetar la pluralidad de voces”.
Una preocupación similar, relacionada con las necesidades económicas de muchos medios barriales para poder subsistir, fue transmitida por Miguel Ambas, que ironizó sobre declaraciones de un colaborador del gobernador sanjuanino José Luis Gioja, cuando manifestó que las radios FM no necesitaban pautas publicitarias del Estado porque eran “radios chiquitas”. Ambas sostuvo: “No somos chiquitas, somos grandes radios, y vinimos a cambiar la historia”.
Lidia Virtudes Elena Della Santa, del Grupo de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo en la región, pidió una rápida respuesta de la Corte para avalar todos los artículos de la LSCA, porque de otra manera “se podría retroceder en un minuto lo que nos costó 30 años de lucha”.
Maria Paula Gallardo Bouzada, de la UNCUYO, Educacion elemental y Especial de San Martin, Mendoza, reclamó intensificar la lengua de señas en transmisiones televisivas. También hizo lo mismo Luis Adolfo Battistelli, abogado y presidente del Movimiento de Sordos de Mendoza. Wences Rubio, de Radio Nacional San Luis, se quejó porque su provincia, por decisión de la gobernación, no integra el mencionado COFECA.
También se presentaron como oradores Rodolfo Martínez de FM Okey y ARBIA Mendoza, Santiago Ferreira y Sebastián Schaer de Giramundo TV, Fabricio Silva y Rubén Pérez, quien realizó una crítica a los costos de Fútbol para Todos y añadió que el Estado podría brindar más colaboración a las radios barriales o comunitarias.
La de Mendoza fue la quinta Audiencia del año, después de las registradas en la región NEA (Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes), NOA (La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán), Buenos Aires (Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires) y Centro (Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Córdoba). El próximo encuentro se llevará a cabo el 1ro de noviembre en la ciudad de Bariloche, y corresponderá a la región Patagonia: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Las jornadas son de carácter abierto y de participación libre. Para poder intervenir haciendo uso de la palabra es necesario inscribirse, condición no obligatoria para asistir como oyente.
En el marco del Congreso, uno de los temas tratados por la Defensora fue la manera en que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual jerarquiza al Estado, otorgándole la posibilidad a los Municipios, por ejemplo, de crear sus propios medios radiales y televisivos. “A diferencia de los tiempos de la dictadura cívico militar -explicó-, cuando el Estado tenía un rol meramente subsidiario, hoy la comunicación no se considera una mercancía sino un derecho. La comunicación no es un mero negocio. Y el ejemplo lo marca la Ley, que establece una cuota del 33 por ciento destinada a proyectos comunicacionales sin fines de lucro”.
Ante un auditorio integrado por funcionarios, referentes sociales y visitantes en general, destacó que la Ley determine a las licencias como intransferibles, que a las mismas se acceda por medio de concursos públicos y que ese derecho no pueda ser ejercido por personas que hayan ocupado cargos durante aquella dictadura cívico militar.
“La LSCA promueve la diversidad -sostuvo-, enfrenta las estigmatizaciones y los estereotipos, y plantea el acceso a la información en igualdad de condiciones”. Como el artículo 66, que sostiene la necesidad de implementar lengua de señas. “No es una ley de un gobierno o una 'Ley K', en la forma despectiva de expresarse que tienen los grupos mediáticos dominantes. Sino todo lo contrario, una norma profundamente democrática, consensuada, discutida y enriquecida por miles de personas en todo el país mediante audiencias públicas, charlas, debates y opiniones diversas”.
Ottaviano recalcó que la Defensoría rinda cuentas al Parlamento nacional, representado por todas las fuerzas políticas y afirmó que “no somos neutrales, defendemos al público y estamos de ese lado. El organismo es un puente entre las audiencias y los licenciatarios, pero sin capacidad sancionatoria. Nuestra herramienta es el diálogo y nos enorgullece decir que la gran mayoría de los reclamos recibidos han sido resueltos positivamente mediante esa vía”.
Con respecto a los casos, describió el relacionado con el jardín de infantes Tribilín, cuando el canal C5N mostró en pantalla imágenes de maestras que nada tenían que ver con las implicadas en los abusos ocurridos en el establecimiento y una gestión de la Defensoría logró que C5N se retractara. También fue mencionada la censura homofóbica denunciada por la organización civil 100% Diversidad contra Telefé porque cortó un capítulo de la serie Los Simpsons en la que Homero se besaba con un hombre y que el canal optó por reparar emitiendo posteriormente el capítulo completo, a instancias del organismo.
“Nadie reclama un derecho que no conoce -reafirmó Ottaviano-, y por eso es clave la tarea pedagógica que tenemos por delante. Nos podríamos haber quedado con eso de que Dios atiende en Buenos Aires, pero desde el principio elegimos caminar el país y difundir el derecho a la comunicación. Las Audiencias Públicas en las distintas regiones de la Argentina responden a la necesidad de que se conozcan esos derechos. Y también otras iniciativas, como las capacitaciones que damos en diferentes regiones, el proyecto de editar la Ley en cinco lenguas originarias, o la presentación de la norma en braile”.
“La puja distributiva no es nada más que económica, también es simbólica”, dijo la Defensora Cynthia Ottaviano durante la charla, en un panel compartido con Ernesto Espeche, director de Radio Nacional Mendoza, y Omar Gais, investigador en comunicación. Y recordando a Ernesto Jauretche, cuando hablaba de las zonceras argentinas, sostuvo: “Existen varias zonceras vinculadas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que no está vigente, o que es una 'Ley K'. Pero la realidad es otra. Tiene un profundo espíritu antimonopólico y a su vez reconoce nuevos sujetos de derecho. Por otra parte, de los artículos que hablaremos aquí se encuentra plenamente vigente y coincide con un nuevo paradigma totalmente opuesto al autoritario y liberal que primaba durante la dictadura cívico militar. Hoy, la comunicación ya no es más una mercancía, sino un derecho”.
Espeche describió la manera en que la Radio Pública mendocina se desarrolla en este contexto: “La complejidad de la realidad nos obliga a pensar desde una totalidad histórica y desde ese parámetro, salir de la mercantilización de la información. Actualizamos permanentemente nuestra grilla con el ojo puesto en los movimientos sociales y toda la programación se encuentra pensada desde cuatro conceptos, que son los derechos humanos, la integración latinoamericana, la identidad de género y la paridad distributiva”.
Gais reconoció que “la Declaración Universal de derechos humanos no proclama un derecho a la comunicación”, pero “por suerte, en la LSCA sí está planteado ese derecho, que estimula a expresar ideas, a difundirlas y a investigar”.
La Defensora destacó la participación colectiva que derivó en el texto definitivo de la norma y la manera en que la ley reserva espacios a las universidades y a las entidades sin fines de lucro que quieran convertirse en licenciatarias. “Somos un organismo nuevo -explicó-, de apenas diez meses, pero venimos trabajando muy fuerte en la difusión de nuevas herramientas de participación ciudadana, en la defensa del derecho a dar y recibir información que tienen las audiencias de todo el país”.
Recordó algunos de los organismos creados en los últimos tiempos para aportar al terreno de la comunicación, como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA). Y se lamentó que dentro de ese ámbito, clave para el diseño de políticas públicas en materia de medios audiovisuales, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis hayan decidido no enviar sus representantes. “El CONACAI (Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia) -agregó- es otro de los grandes logros de este tiempo, donde delegados de todo el país trabajan para mejorar la comunicación destinada a la niñez y la Adolescencia”. Y elogió los 14 criterios de calidad que el organismo elaboró recientemente para la producción de contenidos destinados a ese sector.
“Estamos en un momento especial -finalizó Ottaviano-, en el que cumplimos tres décadas desde la recuperación democrática. Sin ese derecho a la comunicación, la verdad es que no hay democracia posible”.