El acuerdo suscripto por la Defensora, Cynthia Ottaviano, también lleva la firma de Osvaldo Nemirovsci, coordinador del Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digitar Terrestre (SATVD-T); Mariano Tilli, subdirector de Asuntos Regulatorios de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA); Silvia Bersanelli, directora de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS); Néstor Piccone, en representación de la Coalición por una Comunicación Democrática; Liliana Mazure, presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); y Daniel Wilberger y Enrique Masllorens, respectivamente presidente y secretario ejecutivo del Consejo Federal de la Televisión Pública CFTVP).
“Lo que nos viene a decir la Defensoría del Público es que hay nuevos sujetos de derecho en tanto audiencias -dijo Ottaviano-, y que las personas con discapacidad forman parte de esas audiencias, excluidas y discriminadas a diario. Necesitamos un Estado empático, que se ponga en el lugar del otro y comprenda esos problemas cotidianos en el acceso a la información que sufren determinados sectores”.
Después de agradecer a los presentes, Nemirovsci destacó la iniciativa como “un paso muy importante, por ser la primera vez que a nivel intergubernamental se lleva a cabo un acuerdo que nos compromete a trabajar por la accesibilidad y la inclusión”. El titular del SATVD-T llamó a poner énfasis “en lo planteado por el artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), y en el desarrollo de políticas públicas que este gobierno viene llevando a cabo desde hace muchos años”. Por otro lado, resaltó que a ese esfuerzo “se sumen organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición por una Comunicación Democrática”.
El acuerdo se denomina “Accesibilidad a los Servicios de Comunicación Audiovisual: un derecho de tod@s”. En su introducción, los organismos firmantes sostienen que “nos impulsa la necesidad de promover prácticas inclusivas” en esos servicios de todo el país, para “personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos”.
Ottaviano dio ejemplos de reclamos acercados a la Defensoría por personas sordas, cada vez que la entidad lleva a cabo Audiencias Públicas en diferentes provincias: “Cuando se acercan y nos transmiten algo tan elemental para ellos, como manifestarnos que no pueden escuchar el sonido de un programa de televisión, ahí se toma dimensión del problema. ´Imagínense a ustedes mismos -explican-, frente a una pantalla sin volumen. ¿Cómo se sentirían?´. Sólo de esa manera podemos llegar a comprender cómo una democracia no es real cuando se deja a algunas personas sin la posibilidad de acceder a la información”.
El trabajo conjunto ayudará a establecer políticas de acceso a los medios para ese sector, poniendo énfasis sobre todo en lo establecido en el mencionado Art. 66 de la LSCA, que impulsa la incorporación de medios de comunicación visual adicionales, como el subtitulado oculto, la lengua de señas y la audio descripción. Algunas de esas herramientas ya están siendo estimuladas por la Defensoría, que en la actualidad trabaja en la traducción a lengua de señas de los principales artículos de la Ley, material que será difundido y distribuido a nivel nacional.
“Para dimensionar lo que significa este convenio -afirmó Bersanelli-, tengamos en cuenta que si hablamos de personas con discapacidad, nos referimos a más del 20 por ciento de los hogares argentinos. La verdadera democracia informativa tiene que ver con la inclusión y la promoción de derechos”. Piccone agregó que “estamos acá porque la Ley está viva, y estas cosas lo demuestran”.
Dentro de las jornadas programadas para 2013, la correspondiente a la región patagónica será la última del año y se llevará a cabo en la Sala de Prensa del Municipio de San Carlos de Bariloche, ubicada en el Centro Cívico de esa ciudad. Como siempre, contará con la participación de oyentes y televidentes de las provincias y lugares mencionados, además de instituciones, cooperativas, trabajadores de la comunicación y organizaciones sociales en general.
Las Audiencias son de carácter abierto y de participación libre. Para poder intervenir haciendo uso de la palabra es necesario inscribirse, condición no obligatoria para asistir como oyente.
Los encuentros están programados para, según lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, “evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión”. Se trata de analizar y compartir experiencias y propuestas vinculadas a la radio y la televisión de cada región donde se llevan a cabo las charlas. Entre los temas que siempre se plantean en las jornadas figura el acceso a los medios por parte de actores sociales que antes, con la reglamentación de la dictadura militar, tenían vedado ese derecho.
La de Bariloche será la sexta Audiencia del año, después de las registradas en la región NEA (Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes), NOA (La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán), Buenos Aires (Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires), Centro (Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Córdoba), y Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan).
En esos cinco encuentros, con una participación que promedió los 250 asistentes, se habló del rol de los pueblos originarios en el mapa de la comunicación, la importancia de incorporar la lengua de señas en los medios audiovisuales, y la necesidad de que el derecho a dar y recibir información esté cada vez más presente en todo el país.
“Nosotros defendemos el derecho humano a la comunicación”, dijo la Defensora, Cynthia Ottaviano, en uno de los encuentros. Y agregó que “vamos a seguir trabajando en el empoderamiento ciudadano, para que las audiencias se transformen en un actor decisivo de la comunicación audiovisual”.
El plazo de inscripción para esta jornada vence el 29 de octubre y también puede realizarse de lunes a viernes de 9 a 16 hs. en Bartolomé Mitre 1864, 8vo. Piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
También de lunes a viernes entre las 9 y las 12 horas, en las delegaciones de AFSCA de Comodoro Rivadavia y Trelew, provincia de Chubut; en Neuquén; en Bariloche y Viedma, provincia de Río Negro; en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; en Río Grande y Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego; en las delegaciones de INADI de Puerto Madryn, provincia de Chubut; Neuquén; Bariloche, provincia de Río Negro; Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego; y en la Defensoría del Pueblo en Rawson, provincia de Chubut y en Viedma, provincia de Río Negro.
Por otra parte, la Defensoría del Público y la Coalición por una Comunicación Democrática invitan a la Jornada sobre Accesibilidad en los Servicios de Comunicación Audiovisual: “Señas y pistas”. Será el sábado 2 de noviembre, de 10 a 14 hs. en la Sala de Prensa del Municipio de San Carlos de Bariloche. Los temas a tratar serán los siguientes: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la incorporación de lengua de señas, subtitulado y audiodescripción y la interpretación en distintos espacios, y en los medios audiovisuales. La participación será abierta (libre y gratuita) y estará destinada a intérpretes de lengua de señas, a docentes, a personas con discapacidad, a realizadores/as de radio y TV, a organizaciones y a todas las personas interesadas.
El texto establece la necesidad de “impulsar y fortalecer institucionalmente el derecho a la información, a la comunicación y los valores de la libertad de expresión, así como la implementación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Y para eso, establece una serie de objetivos vinculados con tareas docentes.
La firma se llevó a cabo en una de las sedes de Sociales. “Es un honor estar en este lugar -manifestó Ottaviano-, porque conozco cómo se ha luchado desde esta Facultad por lograr la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tenemos hoy”. Agregó que “siempre es bueno preguntarnos cómo impacta la Ley, este nuevo paradigma de la comunicación en la perspectiva de los derechos humanos, en cada uno de nosotros, en el público, en las redacciones, en los diversos ámbitos de la vida social y también, por supuesto, en las universidades. Por eso es trascendente establecer vínculos como el que generamos hoy, para luchar por la plena vigencia de esa Ley”.
En el acto, la casa de estudios estuvo representada por sus máximas autoridades académicas, además de Caletti: Damián Loreti, titular de la Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual; Stella Martini, secretaria académica; Hugo Lewin, subsecretario de Gestión Académica; Mónica Petracci, secretaria de Estudios Avanzados; Alejandro Enrique, secretario de Cultura y Extensión; y Fernando Pedrosa, coordinador del área de Cooperación Internacional.
Para Caletti, el acuerdo significa “un enorme orgullo para nosotros”, porque el momento actual de los medios requiere “comprometernos para desarrollar tareas en común, en un momento en que el país requiere definiciones en esta materia”. El decano se mostró partidario de “profundizar” los cambios propuestos por la Ley, para lo cual la Defensoría y la Facultad establecieron el convenio.
Ottaviano afirmó contar con “tres años más de gestión, y después de los primeros doce meses de trabajo, estamos seguros de que la Defensoría, nacida del cuerpo mismo de la Ley, es uno de los grandes logros de la Argentina”. Es muy bueno “caminar juntos en esa transformación -explicó-, porque de ahora en más debemos intervenir en una batalla cultural de largo plazo”.
El documento establece, entre otros puntos, la elaboración de materiales educativos de difusión, la posibilidad de llevar adelante audiencias públicas en instalaciones de la Facultad, desarrollar foros que ayuden a conocer el contenido de la LSCA y editar trabajos gráficos y audiovisuales en el mismo sentido.
La edición de este año consistió en la exhibición de 80 películas, y la realización de conferencias, charlas y mesas redondas, con el objetivo de “intercambiar miradas y reflexionar sobre la movilidad humana y los derechos de las personas migrantes”, según la convocatoria de los organizadores.
Dentro del programa oficial, la participación de la Defensoría del Público a través de Gerardo Halpern, director de Investigación, Análisis y Monitoreo, giró en torno al papel de los medios audiovisuales en el tema. En la mesa “La construcción del ´otro´, modos de estigmatización. Discriminación, Xenofobia y Racismo en la sociedad. Cambios y perspectivas en los modos de comunicación”, el representante de la Defensoría estuvo acompañado por el filósofo y docente Darío Sztanjnszrajber, y el antropólogo Alejandro Grimson. La charla fue coordinada por Florencia Mazzadi.
“El nombre de la charla menciona al ‘otro´ -afirmó Halpern-, y es justamente ese concepto el que toma la Defensoría cuando surge para trabajar por la pluralidad de voces, considerando que los oyentes o televidentes ya no son meros consumidores, como en la época de la dictadura cívico militar, sino sujetos de derecho. Uno podría preguntarse, entonces, quién es el otro. En el discurso del poder, de los grupos mediáticos dominantes, ‘el otro´ es alguien que consume. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en estos días cumple 4 años desde su sanción, vino a cambiar ese paradigma mercantilista y liberal, marcando que hay derecho a dar información, pero también a recibirla”.
“En ese doble juego -agregó-, la Defensoría surge como herramienta para canalizar las demandas de aquellos que se sienten atacados cuando la información los agrede, o cuando una determinada información que debería darse no ocupa espacio en los canales o las radios. Pienso en grupos vulnerables, como la niñez, la mujer, los homosexuales, o el tema que nos ocupa, los extranjeros”.
Explicó que “una investigación desarrollada en la Defensoría determinó que casi un 30 por ciento de las noticias de los noticieros de aire en la Ciudad de Buenos Aires están centradas en temáticas policiales y de inseguridad. Que ponen el acento en las micro historias, en el sufrimiento y en la problemática individual, queriendo imponer morbo y espectáculo por sobre una rigurosidad informativa. Con un agregado: cuando pueden, esos medios agregan el ingrediente xenófobo. Por ejemplo, hablan de determinada banda de delincuentes, y como al pasar, hacen mención a que su cabecilla es peruano, o colombiano. O utilizan el término ´mafia china´, a esta altura, ya convertido en un latiguillo recurrente”.
Grimson coincidió en lo peligroso que significa “sobredimensionar lo policial en los medios de comunicación”, y en las “miradas noticiosas con fuerte contenido discriminatorio”. Una modalidad “evidenciada en los años 90 desde el poder del Estado, y que aún persiste en buena parte de la población y en determinadas figuras políticas”.
Para Sztanjnszrajber, las identidades “están en crisis porque atravesamos un período de mixturación de las culturas. El migrante no cuaja en las identidades nacionales, lo que nos ayuda a entender otro tipo de migraciones, como las sexuales, por ejemplo. Son figuras que rompen la dicotomía, y eso, a los medios les interesa en tanto objetos de discriminación”.
“Decir migración es decir movimiento -sostuvo Mazzadi-, el movimiento que emprenden naturalmente los sujetos por el solo hecho de ser tales, y que trasciende los Estados-Nación. Y estamos acá para hablar de eso, de nuestra esencia como seres humanos. Porque el movimiento es lo que define la esencia de la vida”.
A cuatro años de la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde la Defensoría del Público queremos reafirmar nuestro compromiso en la construcción de una comunicación más inclusiva; y a 30 años de la recuperación de la democracia queremos festejar la conquista de una verdadera soberanía comunicacional por parte del pueblo argentino.
Porque esta ley de la democracia es la búsqueda de libertad para dar y recibir información. Es la búsqueda de espacios propios para dejar de ser dichos, invisibilizados o manipulados por una supremacía comunicacional. En definitiva, esta ley significa soberanía comunicacional y popular.
Desde la Defensoría del Público celebramos los primeros cuatro años con la convicción de que nuestra tarea es defender los derechos de las audiencias ya que, por primera vez desde la sanción de la ley, podemos decir que el público, nuevo sujeto pleno de derecho, tiene donde canalizar sus reclamos, consultas y denuncias.
Desde la creación de la Defensoría, el 14 de noviembre de 2012, se recibieron un total de 1304 presentaciones, de las cuales hay resueltas o en vías de resolución positiva casi el 70% y se realizaron 5 audiencias públicas en diferentes puntos del país con un total de 1420 participantes y 208 expositores. Dictamos más de 50 capacitaciones, elaboramos 5 publicaciones, concretamos 15 mesas de trabajo con periodistas, camarógrafos y sindicatos, y entregamos 10 mil leyes.
Esta es nuestra forma de celebrar, seguir comprometiéndonos en el empoderamiento de las audiencias y convocando a la participación ciudadana para profundizar la democracia.