"Desde la Defensoría del Público vamos a seguir trabajando para que cada uno de ustedes, para que cada una de las personas que vive en la Argentina, sea un actor transformador de esta nueva comunicación democrática que necesitamos". Con esas palabras, la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, analizó el fallo de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Ottaviano compartió la charla con estudiantes y profesionales junto al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat; la abogada redactora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Graciana Peñafort; y el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y redactor de la Ley, Damián Loreti. La Defensora se refirió así sobre los cuestionamientos a la Ley: “Nosotros nos seguimos preguntando cómo se van a reparar los daños al derecho a la comunicación de todos los que vivimos en la Argentina, los daños que se produjeron a lo largo de tantos años de supremacía comunicacional y de tantas décadas de privilegios para unos pocos”.
Barcesat, por su parte, aseguró: “En la medida que los espacios de comunicación social se amplíen, democraticen y permitan el acceso a otros, son espacios ganados para la convivencia democrática”. En tanto, Peñafort analizó: “Si la información es un derecho nadie puede ser callado y si nadie puede ser callado entonces no puede haber concentraciones mediáticas que silencien a alguien”. Y agregó: Yo no creo que éste haya sido un fallo a favor del Gobierno, de hecho yo creo que esta ley realmente es hija de la democracia y que realmente promueve la libertad. Con esta ley no va a haber gobiernos cómodos, sino pueblos hablando”.
Por último, Loreti detalló: “La idea de la ley fue hacer es que los medios sean espejos y ventanas Espejos para cada cual pueda verse reflejado en un medio de comunicación y ventanas para ver el mundo y que el mundo te vea que es exactamente lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1985”.
Ante representantes de instituciones académicas, asociaciones de la sociedad civil, asesores de senadores y diputados nacionales, junto con los representantes de la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos del organismo, Ottaviano explicó que estos encuentros comenzaron a realizarse a raíz de diversas denuncias presentadas ante la Defensoría, que lograron solucionarse a través de pedidos de rectificación: “Estamos hablando de rectificar o responder información inexacta o agraviante. No opiniones ni ideas”.
La directora del Área de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles, Eleonora Rabinovich, se refirió a los puntos principales tratados en el primer encuentro y mencionó: “El debate en relación a los desafíos y las dificultades que presenta este derecho” y el pensar cómo habilitar “un derecho de rectificación o respuesta colectivo, que es muy difícil de operativizar” como las cuestiones más complejas o sobre las que se hace necesario seguir debatiendo.
Por su parte, el diputado del Frente para la Victoria por Entre Ríos y autor de un proyecto de ley referido a la materia, Raúl Barrandeguy, dijo en referencia al trabajo de la Defensoría: “Lo que yo creo que es valioso, porque como abogado he tenido la responsabilidad de defender personas agraviadas por informaciones inexactas, lo que es importante es la gratuidad. La gratuidad de la respuesta, me parece que desde el punto de vista de la sociología de la ofensa, es un elemento de mucho valor para hacer disuadir al empresario periodístico, al editor o al periodista de jugar con informaciones falsas o agraviantes”.
También participó de la reunión el Dr. Julio Rivera de la Universidad de San Andrés, quien aseguró: “Hay bastante consenso en la idea de que el derecho a réplica debe estar limitado a informaciones inexactas o agraviantes y no debe ser utilizado para emitir opiniones ni juicios de valor”. Además se refirió a la posibilidad de reglamentar este derecho “en el marco de un proceso administrativo, porque es lo que puede llegar a permitir que los medios escuchen, se lograría al menos sentarse en una mesa a escuchar el reclamo y analizarlo seriamente, creo que eso es fundamental para que, de alguna forma, se encauce el trámite y que esto funcione de una forma menos contenciosa”.
En tanto el docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, llamó a “dejar de pensar a las audiencias como una masa alienada y comenzar a pensarla como un sujeto de derecho” y agregó: “Es necesario empezar a pensar en marcos regulatorios que inviten a los periodistas a discutir en pos de empoderar al pueblo”.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, a un año de su puesta en funcionamiento, generó distintas acciones y gestiones en el marco de la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el acceso de las audiencias como plenos sujetos de derecho.
La titular de la Defensoría, Licenciada Cynthia Ottaviano, consideró que “hace un año teníamos el sueño y la esperanza de millones de argentinos y argentinas de tener un organismo público que trabajara en defensa de las audiencias de la radio y la televisión. Hoy podemos decir con gran orgullo y alegría que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es un hecho, una realidad tangible y palpable para los 40 millones de habitantes de la Argentina. Hemos creado un organismo ágil y desburocratizado, que ya dio respuesta positiva al 70% de los reclamos y trabaja con un equipo interdisciplinario extraordinario para seguir adelante con el compromiso asumido de realizar una tarea pedagógica de empoderamiento ciudadano y de debate permanente sobre la comunicación audiovisual. Logramos fundar un organismo ágil para defender el derecho a la comunicación y profundizar la democracia”.
Ottaviano resumió la tarea del año de la siguiente manera:
- Se canalizaron 1.443 presentaciones recibidas, esencialmente, a través de la web www.defensadelpublico.gob.ar.
- Se llevaron a cabo a seis audiencias públicas en las regiones NEA, NOA, Centro, Cuyo, Patagonia y Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, de las que participaron 1.670 personas: 278 fueron expositores.
- Fueron capacitadas 9.260 personas durante 524 horas en distintas provincias del país, como Misiones, Jujuy, Salta, Chaco, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Tucumán, San Juan, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe y ciudades de la provincia de Buenos Aires, como La Plata, Pergamino, Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil.
- Se distribuyeron, en forma gratuita, 10 mil ejemplares de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, realizados con la Universidad Nacional de Quilmes. También se hizo una versión en braille y otra en audiolibro, junto con la Biblioteca de Ciegos del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Se trabaja en un video sobre los principales artículos de la Ley para personas sordas, llevado a cabo con intérpretes de lengua de señas argentina. Más la traducción a cinco idiomas de pueblos originarios.
- También se publicaron trabajos como “Por una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia”, en conjunto con UNICEF y la AFSCA. Y la “Guía para la cobertura periodística responsable de desastres y catástrofes”, con la participación de cientos de periodistas de todos los medios de comunicación, como por ejemplo radio Continental, Radio Nacional, Canal 13, TN, Canal 26 y CN23.
- Además, se realizaron diversas mesas de trabajo y debate sobre niñez y adolescencia, género, diversidad religiosa, cobertura periodística del delito de trata de personas, derecho a réplica y ambiente.
- Se representó al público como “Amicus independiente” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 28 de agosto en la audiencia por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, solicitando la declaración de constitucionalidad de los artículos judicializados. Allí se expusieron las conclusiones de las audiencias que llevó a cabo la Defensoría a lo largo del año en todas las regiones del país.
- Se firmaron diferentes convenios con universidades nacionales como la UBA, la de Quilmes, la Arturo Jauretche, la de Avellaneda, la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la de La Plata. Se suman así a los acuerdos con UNICEF, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM)
- Se asesoró y apoyó con capacitación a pueblos originarios y campesinos de diferentes zonas del país en mantenimiento, operación técnica, edición digital, lenguaje, géneros y formatos radiofónicos.
- Se compartieron experiencias y se presentó la tarea de la Defensoría ante el relator especial de Naciones Unidas para la promoción y protección para la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue; la oficial de Proyectos de la Relatoría para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Flor Elba Castro, la Ouvidora de la Radio y la TV Pública de Brasil, Regina Lima, la Organization of News Ombudsmen (ONO), que nuclea a la gran mayoría de defensores y defensoras de todo el mundo, la Coalición por una comunicación democrática de la República Oriental del Uruguay y la Cámara de Senadores de la República de México.
Sobre el trabajo y la gestión del organismo se obtuvieron las siguientes opiniones en el plano internacional. Frank La Rue expresó: “La creación de la Defensoría del Público de Argentina marca un antecedente único en el mundo. Por mi tarea he conocido casos de ombudsman de periódicos escritos o canales de televisión como fenómeno de autorregulación de medios; pero la idea de que una ley de servicios audiovisuales incorpore una Defensoría pensando en todos los oyentes y televidentes de un país me parece sumamente importante y novedosa (…) Es un aporte invalorable a la democratización de los medios en toda la región. La sociedad debe tener pensamiento crítico, cuestionar y desafiar la información que recibe de cualquier medio (…) Para construir ese pensamiento propio hay que enseñarle a la niñez de nuestros países que sepa cómo leer y escuchar una noticia. Sólo de esa manera podrán evaluar y sacar conclusiones propias. Estoy seguro de que ese será el principal aporte de la Defensoría al pueblo argentino, y por eso felicito su aparición”.
Flor Elba Castro detalló: “La Defensoría del Público es una iniciativa muy innovadora. Uno de los aspectos que encontramos más interesantes es cómo a través del dialogo y de las audiencias públicas se protegen los derechos e intereses de los televidentes y con ellos otros derechos humanos. Con ello queda claro que no hay necesidad de congestionar el sistema judicial y tampoco es necesario imponer sanciones o multas, para resolver disputas o tensiones relacionadas con las publicaciones que hacen los medios de comunicación y los derechos de la gente. También es una muy buena experiencia la labor de promoción y educación y las audiencias públicas que realiza, las cuales ayudan a evitar que se vuelvan a repetir las mismas acciones y además ayudan a la promoción los derechos humanos".
Jeffrey Dvorkin, Director ejecutivo de la ONO y ex Ombudsman de la National Public Radio (NPR) de Estados Unidos, dijo: "Es muy impresionante el rol que la Defensora del Público de Argentina desempeña. Lo vemos como un modelo a seguir, en el futuro, por otros países. Evidentemente el papel de la Defensora del Público y la democracia están muy unidos en Argentina”.
John Hamer, Consejo de la Prensa de Washington, Estados Unidos, comentó: "En otras partes del mundo hay algunas iniciativas innovadoras en curso. Una de las más interesantes se encuentra en Argentina, donde Cynthia Ottaviano es la nueva ombudsman de la Defensoría del Público. Lleva a cabo audiencias públicas, recibe las denuncias, hace foros educativos y llega a los sindicatos, las escuelas y otros a nivel nacional".
La Defensora del Público compartió el panel: “Jóvenes, desigualdades y conflictividades en el entramado mediático” con Julián Axat, defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata y Gabriel Brener, de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Quien coordinó la mesa fue Tomás Ibarra, subsecretario de Enlaces Institucionales del Ministerio de Educación de la Nación.
Ottaviano se refirió de esta manera sobre el año de gestión de la Defensoría del Público: “Esta es una tarea nueva en la Argentina, creada hace un año nada más, pero que vivió en el sueño de millones y millones de argentinos durante los 30 años de recuperación democrática. Este organismo de derechos humanos es específico en la defensa del derecho a la comunicación. Venimos haciendo esa tarea desde el 14 de noviembre pasado”.
En cuanto al nuevo paradigma comunicacional, Ottaviano destacó que “en esa nueva construcción, los niños, niñas y adolescentes dejan de ser objetos de consumo y pasan a ser sujetos plenos de derecho. Ese es el gran cambio que estamos construyendo en la Argentina. Ese es el nuevo paradigma que nos da una oportunidad absolutamente extraordinaria para transformar esa mirada adulto céntrica que tiene nuestra sociedad, en la que todo está pensado y todo está organizado por adultos, y en función de los propios intereses que tienen esos adultos para garantizar el status quo”.
Ante un auditorio de aproximadamente unas 300 personas, Ottaviano se refirió a los servicios de comunicación audiovisual como dispositivos que construyen sentido: “Ya no podemos tener esa mirada ingenua que se tenía sobre la radio y la televisión, sino que hay que poner certeza de que hay intereses que son políticos, que son económicos, que son ideológicos y que no muchas veces están al servicio de la mayoría, sino que por el contrario han estado en la construcción de estos medios de comunicación en Argentina, al servicio de una elite dominante. Ese es el paradigma que venimos cambiando, ha sido el grito colectivo de quienes vivimos en Argentina”.
La Defensora del Público aclaró que “tenemos la necesidad y el derecho a la comunicación como un derecho humano que es inalienable. Todos tenemos derecho a dar y a recibir información, todos tenemos derecho a buscar, a investigar y a difundir esa información, entonces la libertad de expresión ya deja de ser sólo para un grupo de periodistas, de profesionales de la comunicación, como se solía decir, o de empresarios o de dueños de medios de comunicación”.
Por su parte, Julián Axat expresó que los jóvenes tienen que estar protegidos cuando los medios se refieren a ellos, no deben ser objetos de injerencias arbitrarias ilegales: “No recibir ataques, no ser estigmatizado, no ser hablado por los medios en forma clasista o discriminatoria”.
Gabriel Brener se refirió a la construcción de la identidad de los jóvenes en los medios: “Lo importante es saber que en la construcción del otro, de la alteridad, que tiene que ver con la identidad, aquello que se toma dominante como opción, es el otro como amenaza. Este es un ejemplo concreto de la alteridad amenazante, cuando el otro es una amenaza”.
Ottaviano explicó que la Defensoría “nace del largo camino de la participación ciudadana para una ley democrática” y que vienen trabajando, después de un año de gestión, con la agenda del público, ya que “se ha tardado tanto en crear este organismo y las audiencias son tan activas que he tomado la decisión de no actuar de oficio”. La titular del organismo detalló que la Defensoría del Público es un enlace y un puente “al no tener capacidad sancionatoria, todo el régimen punitivo está muy alejado de nuestra tarea, nosotros lo que tenemos es una excelente capacidad de diálogo, de encuentro, de generar consensos”. Y para concluir con el concepto fue muy específica: "Siempre lo nuestro es una exhortación o un pedido. Es una decisión mía la de no judicializar la comunicación. Creo profundamente que el diálogo es el aire de la democracia". La Defensora estuvo acompañada por Esteban Lopardo, integrante de la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos.
Una de las claves es el desarrollo de la tarea pedagógica de manera permanente, porque nadie reclama un derecho que no conoce”, profundizó Ottaviano -fue invitada por el Dr. Julio César Rivera, miembro de ABA en Argentina-, al referirse a la tarea de difusión que lleva adelante la Defensoría del Público por todo el país.
La American Bar Association (ABA) es la organización profesional voluntaria más grande del mundo con casi 400.000 abogados asociados, en más de 90 países, con el objetivo de "promover espacios de debate, intercambio de información, compromiso ético y acción conjunta en pos de garantizar y contribuir con la práctica legal independiente alrededor del mundo". Como vocero del gremio legal, la ABA busca formas de mejorar la administración de justicia, promueve organismos que asisten a los abogados y jueces en sus labores, acredita escuelas de derecho en los EE.UU., imparte educación legal continua y trabaja para promover la importancia del estado de derecho alrededor del mundo.
En cuanto a lo que contempla el artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sobre accesibilidad, aclaró que “el intérprete de lengua de señas debería estar en todos los noticieros de la televisión abierta, pero en algunos está y en otros no. Y mi preocupación tiene que ver con la información de urgencia, los flashes informativos, ya que en cada audiencia pública que realizamos participan personas sordas que nos dicen, a través de intérpretes, que no tienen capacidad de acceder a esa información, que no pueden tomar decisiones por la imposibilidad de acceder a la información que viene en un noticiero, o en flash de urgencia. Tiene un grado de sentido común muy profundo que posibilitemos el acceso de todas las personas en igualdad de condiciones, pero tenemos q profundizar nuestro trabajo para poder lograrlo”.