Luego de recibir reclamos de las audiencias por la situación de inestabilidad en la licencia de la radio comunitaria La Ranchada de Córdoba, la Defensoría del Público recomendó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) la necesidad de “regularizar la situación legal específica de las emisoras comunitarias”.
“Sería conveniente instrumentar una herramienta legal y administrativa que les permita hacer efectiva la garantía de reserva de espectro al sector sin fines de lucro, específicamente al sector comunitario”, señala en la resolución la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, en relación con la emisora que transmite en el 103.9 del dial de Córdoba.
La resolución fue bien recibida por la emisora y referentes de la comunicación comunitaria, como el director de Radio La Ranchada, Marco Galán, quien expresó: "este hecho es importante y significativo para todas las radios comunitarias, sobre todo para que tengamos el reconocimiento legal y se avance en la obtención de las licencias”.
Por su parte, el abogado especializado en comunicación Miguel Rodríguez Villafañe, destacó como uno de los puntos importantes de esta resolución, “que hasta que se llame a concurso para regularización de licencias radiales, La Ranchada sea reconocida y así se garantice su continuidad”.
Villafañe también remarcó como otro de los puntos fuertes de esta resolución tomada por Ottaviano: “el reconocimiento de la difusión de acciones de los sectores populares, que acompañó el fortalecimiento de los procesos organizativos de las villas y los barrios de Córdoba” y resaltó la importancia de este hecho para otras radios comunitarias, “a quienes también beneficiaría como precedente”.
Luego de expresar su preocupación por “la falta de seguridad en la continuidad de la radio, dado que no ha podido acceder a una licencia en 25 años”, la Defensora recomendó al Afsca “que hasta tanto no se concrete la correspondiente planificación y sustanciación de los postergados llamados a concursos para las emisoras comunitarias en las denominadas "zonas de conflicto” y se finalice el proceso de desconcentración de los mercados monopólicos u oligopólicos, sería conveniente instrumentar una herramienta legal y administrativa que les permita hacer efectiva la garantía de reserva de espectro al sector sin fines de lucro que prevé la Ley 26.522”.
La Defensoría del Público participó de la “Jornada de Reflexión sobre la Violencia de Género, aspectos sociales y culturales” organizada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano disertó en el panel “Violencia de Género en los medios” junto a la periodista e integrante de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista (PAR) Sandra Chaher. Ottaviano describió las distintas líneas de acción que la Defensoría lleva a cabo en materia de género y llamó a quienes se encontraban en el Auditorio del Archivo General de la Nación a “Reflexionar, proponer una comunicación que sea inclusiva, que no sea discriminatoria y que esté a nuestro servicio para que no nos impidan más acceder a nuestros derechos como algunos pretenden hacer y para que al contrario, podamos profundizar la democracia” y agregó: "Sigue habiendo operaciones retóricas que producen desigualdad como la cosificación, la patologización, la animalización y la espectacularización, más propias del siglo pasado, pero que causan daños aquí y ahora en el siglo XXI". Por su parte, Chaher presentó una investigación sobre la violencia de género y el tratamiento de los medios. “Algunas prácticas mejoraron pero muchas siguen siendo todavía muy negativas” aseguró. Por otra parte dijo: “Cuando los medios no consideran los casos como violencia de género lo que sucede es que no se los está considerando como una problemática social, entonces los medios los siguen analizando como casos aislados”. La jornada reunió a la comunidad académica, integrantes de los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, profesionales relacionados a la materia y a la ciudadanía; y fue organizada para generar en la sociedad en su conjunto la necesidad de una toma de conciencia, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los responsables legales de la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda dado que el hecho investigado “no encuadra en una figura penal” y dejó sin aplicación toda medida tomada hasta el momento.
En la resolución el juez consideró y citó: “La Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual concluyó que en el caso concreto de Antena Negra TV desalienta el uso de la justicia penal y recomienda la regularización de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la LSCA (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), ya que se trata del uso del espectro radioeléctrico con fines de comunicación audiovisual para beneficio de las audiencias y no de telecomunicaciones”.
Por otra parte, el magistrado insta a la resolución por vía administrativa a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y los organismos relacionados a la comunicación audiovisual: “No corresponde a este tribunal pronunciarse sobre la cuestión vinculada al derecho que en definitiva le asiste o no a la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda. y/o a la empresa General Industries Argentina S.A. de utilizar esa porción de espectro, ya que ello corresponde ser planteado en la órbita administrativa pertinente”.
El fallo concluye de esta manera: “En virtud de todo lo expuesto, resulta de entera aplicación la pacífica jurisprudencia antes reseñada, pues entiendo que aquellas cuestiones vinculadas al derecho a la utilización del espectro radioeléctrico por parte de la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ldta. y/o de la empresa General Industries Argentina S.A., corresponden ser tratadas por el órgano al que la Constitución Nacional le confirió facultades para dirimir acerca de esta clase de controversias. De otra manera, significaría desconocer el texto constitucional al subordinar la atribución conferida a otros poderes, al Poder Judicial”.
El pedido de participación como Amici Curiae se fundamentó en que la Defensoría del Púbico propicia la no criminalización de la comunicación y la creación de espacios de diálogo que favorezcan la solución de los conflictos, en el ejercicio del derecho a la comunicación, a través de mecanismos legales. En el caso concreto de Antena Negra TV, el escrito presentado hace hincapié en la no utilización de la justicia penal y recomienda la regularización de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la LSCA, “ya que se trata del uso del espectro radioeléctrico con fines de comunicación audiovisual para beneficio de las audiencias y no de telecomunicaciones”.
En otro de los considerandos, la Defensoría del Público alentó “la inmediata descriminalización de la comunicación, ya que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo (…) La comunicación comunitaria es la expresión más genuina de un pueblo, en el ejercicio de su derecho humano a la comunicación”. En el mismo sentido, bregó para que se evite “toda medida persecutoria de aquello que debe promover y proteger para mejorar la vida en democracia.
El viernes 4 de septiembre, a las 12.11, ingresó a la Defensoría del Público la denuncia por parte de un integrante de Antena Negra TV. Una hora más tarde, a las 13.13, el director de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, Ernesto Lamas, se apersonó en la sede del canal, Ángel Gallardo 752, y a partir de entonces la Defensoría se puso a disposición de los damnificados con el objetivo de garantizar el legítimo derecho a la comunicación.
La Defensoría del Público participó del seminario “Las corporaciones mediáticas y su incidencia en los procesos democráticos Sur-Sur” organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) bajo auspicio de UNESCO, y el Instituto Lula. Allí integró la mesa debate “Los medios de comunicación en el Sur: impacto y perspectivas en la consolidación de procesos democráticos”.
Quienes se encontraban en el auditorio de Radio Nacional se conmovieron con el regalo musical del pianista y embajador argentino ante la UNESCO, Miguel Angel Estrella. La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, agradeció poder compartir ese momento y se refirió a la temática de la mesa: “Tenemos todavía un pueblo colonizado en la Argentina y es necesario reconocer cual es su identidad, su autoestima nacional y comunicacional para poner definitivamente la comunicación al servicio de ese pueblo y que entonces sí no seamos un manojo de personas a merced de la colonización si no que seamos una Nación con soberanía comunicacional”.
El periodista de investigación nigeriano, Director de Reporters- 360, embajador de la Agencia Nacional de Nigeria Antitráfico de Personas (NAPTIP), Emmanuel Mayah, expuso la problemática para la difusión de distintas temáticas: “En nuestra región hay historias y noticias que le importan a las audiencias pero cuando las llevamos a las salas de redacción de los medios concentrados nos dicen que no tienen importancia porque no tienen valor comercial. Por eso estamos intentando promover el crecimiento de redes de comunicación alternativas”.
Por su parte, el periodista argentino especializado en temas internacionales, director del portal de noticias latinoamericano NODAL, Pedro Brieger, aseguró: “La relación Sur-Sur se fortalece por la vocación política y creo que este tipo de encuentros ayuda a vincular a América Latina con el África. Pero también me parece que aquellos que cumplimos otros roles fuera de los institucional político tradicional tenemos que pensar en este horizonte”.
Quien se desempeñara como responsable de la Agencia de Noticias de Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Alejandro Linares, dijo: “Desde la agencia nos permitimos algunas reflexiones y una de ellas es tomarse en serio la comunicación comunitaria, las radios universitarias, las indígenas y los medios públicos. En ese sentido la Defensoría del Público se toma muy en serio también esto y desde AMARC se valora mucho ese trabajo”.
El abogado y periodista especializado en derechos humanos, Pablo Llonto, reflexionó: “Lo que dijo Cynthia es esencial. No hay posibilidad de subir peldaños en la escalera si no tenemos el conocimiento adquirido. Tenemos que conocer lo que hoy tenemos en el campo de la comunicación porque se ha hecho mucho en la Argentina, pero necesitamos conocerlo, por eso es fundamental que nos animemos a crear medios de comunicación”.
El encuentro se generó con el propósito de enriquecer y definir las temáticas posibles de trabajo en la promoción de los Derechos Humanos, analizando la compleja relación entre las corporaciones mediáticas en los contextos latinoamericano y africano; recuperar las experiencias desarrolladas, intercambiar aportes y delinear los desafíos futuros sobre el modo en que se configuran las actividades económicas y el papel de los medios masivos, su incidencia en las sociedades latinoamericanas y africanas, y el carácter estructural de la comunicación como una de las dimensiones que vehiculizan u obturan la construcción de procesos democráticos en el eje Sur-Sur.
A raíz de los reclamos recibidos en las últimas horas, que expresan preocupación por la forma en que se realiza la cobertura periodística de la muerte de Diana Sacayán, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual recuerda la necesidad de llevar adelante una cobertura respetuosa de los derechos que evite una mediatización sensacionalista, espectacularizante y estigmatizante de lo ocurrido.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Identidad de Género, de plena vigencia en la Argentina, protegen los derechos a la dignidad, a la imagen, a la vida privada y a la intimidad personal, familiar y de sus allegados. Por eso resulta fundamental que la cobertura del caso se base en la responsabilidad social que atañe a los medios audiovisuales de modo, incluso, de no afectar el curso de la investigación.
La Defensoría recomienda que quienes trabajan en los medios audiovisuales:
• Consulten y recurran a la mayor pluralidad de fuentes posibles, evitando que la información se base, por ende, en una fuente única.
• En caso de que la información que se produzca en las próximas horas refiera a una situación de violencia por motivos de género, resulta fundamental consultar a funcionarios/as públicos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia de diversidad sexual y de identidades de géneros para analizar la situación en su complejidad y brindar información socialmente relevante acerca de una problemática que afecta a todo el país.
• Evitar la estigmatización de la víctima, en particular en razón de su identidad de género y, consecuentemente, evitar el trato discriminatorio hacia ella y/o su entorno.
• Respetar el vallado dispuesto en las inmediaciones del domicilio de Sacayán de modo de no vulnerar la intimidad de quienes están viviendo una situación dolorosa y de quienes se encuentran trabajando para esclarecer lo ocurrido.