La Defensoría del Público envió un escrito dirigido al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, para solicitarle una reunión en carácter urgente. También le solicitó su pronta intervención “en el marco de sus facultades” y sus competencias debido a los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que disponen la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio.
La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, solicitó la intervención de la CIDH “en el marco de sus facultades” ante la sanción de los decretos emitidos por el Gobierno Nacional que afectan a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a su organismo de aplicación. En la nota, señala que se trata de “una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido” puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”.
Leídas en conjunto, las medidas dictadas por el Gobierno Nacional “desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la materia”, señala la misiva.
La solicitud de “urgente intervención” efectuada por la Defensoría al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, tiene “el fin de evitar que las medidas adoptadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”. Por otra parte, pide al Relator que “arbitre los medios necesarios para convocar a una audiencia con carácter urgente con el objeto de analizar la situación aquí planteada”.
La presentación ante Lanza se fundamenta en los reclamos que han presentado ante la Defensoría del Público las audiencias de la radio y la televisión, representantes de Universidades, medios de comunicación y organizaciones campesinas y de pueblos originarios, redes de comunicación comunitaria, sindicatos, entre otros actores y sectores sociales.
Una de las presentaciones ante el organismo fue realizada "en representación de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), integrada por 25 universidades de todo el país, para denunciar la vulneración de nuestros derechos implicada en el decreto 236/2015 que interviene la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (AFTIC)”.
También expresaron su preocupación desde la "Unión de Trabajador@s Rurales Sin Tierra, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI)" que consideró la intervención de la AFSCA "un claro ataque a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), por parte del nuevo gobierno nacional en la figura del Ministro Oscar Aguad. Con un desproporcionado despliegue policial y con un DNU que incurre en la ilegalidad, al no respetar la LSCA vigente, se interviene la AFSCA y la AFTIC, en un hecho de gravedad institucional sin precedentes”.
“Ante la anunciada intervención del AFSCA por parte del ministro Aguad, solicito la intervención de la Defensoría del Público, en defensa de la Ley No. 26522 y su espíritu de libertad de expresión”.
La intervención de la Defensoría del Público fue demandada también desde la “Comunidad Educativa Creciendo Juntos DIPREGEP 7848 en la cual desde hace dos años funciona la Radio Escolar Comunitaria en nuestra escuela". Señalaron que "Para estudiantes, familias y docentes la posibilidad de visibilización que nos otorgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, posibilitó hacer posible el Derecho a la Comunicación de todos los que hacemos la Escuela todos los días”.
“Solicito la plena vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales, por consiguiente la continuidad del AFSCA y AFSTIC. Es una ley democrática y sancionada por el Congreso, que garantiza la libertad de expresión y de información, así como la pluralidad de voces. No puede ser vulnerada por un decreto. La vulneración de la ley constituye un atentado a los derechos de todas y todos los ciudadanos argentinas/os”.
Previamente, la Defensoría del Público envió un escrito donde solicita al presidente Mauricio Macri dejar sin efecto las medidas adoptadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 y en el Decreto 236/2015. Este último declaró la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio. En la nota, la Defensoría solicita al Presidente de la Nación que se dejen sin efecto las medidas adoptadas y ajuste los actos de gobierno a la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales a ella incorporados, las leyes vigentes y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El escrito fue recibido por el Gobierno Nacional y hasta el momento no obtuvo respuesta. Por el contrario, fue publicado en el Boletín Oficial un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, el 267/2015 que modifica aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En una carta dirigida a la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, y firmada por la representante en Argentina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Florence Bauer, el organismo internacional asegura: “Celebramos el trabajo realizado para promover los derechos de la niñez y la adolescencia. Valoramos profundamente la designación de 2015 como el “año por la inclusión de las niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales”, así como la promoción del “compromiso para garantizar la protección en el horario apto para todo público” en canales de televisión abierta y por cable, radios y productoras audiovisuales”.
La salutación se produce en ocasión del tercer aniversario de la Defensoría y se suma a las recibidas por parte del Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza; al igual que el ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión y Opinión, Frank La Rue, como así también de Defensoras y Defensores de Brasil, México, Venezuela, España y Portugal y asociaciones de medios comunitarios de Paraguay entre otros.
“Consideramos de suma importancia mantener el funcionamiento de la Red de Comunicación Democrática por la Niñez 'Enredados' que busca promover la reflexión conjunta entre los y las profesionales de la comunicación para alcanzar estrategias y compromisos efectivos que logren mejorar las coberturas sobre niñez y juventud y que promuevan la participación” describe Bauer en su escrito y agrega: “Estas iniciativas reconocen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, como ciudadanos, y ofrecen canales de cumplimiento efectivo para muchos de los mandatos de la Convención que afectan a los medios de comunicación”.
Finalmente señala: “Argentina tiene una larga tradición de trabajo y compromiso con los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Por eso celebramos este nuevo aniversario de la Defensoría, reafirmando y renovando nuestro esfuerzo y compromiso con y para la realización de los derechos de cada chico y cada chica en Argentina”.
Desde su creación en noviembre de 2012, la Defensoría del Público ha llevado distintas acciones destinadas a promover los derechos comunicacionales de niñas, niños y adolescentes:
* Declaró el 2015 como “Año de inclusión de Niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales” con el apoyo de más de 80 cartas de intención y adhesión de organismos públicos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sociales, políticas, barriales, medios de comunicación, sindicatos entre otros.
* Firmó compromisos con más de 10 emisoras de señales de radio y televisión y productoras, encabezado por la TV Pública junto a UNICEF por el respeto a los derechos de la niñez en los medios audiovisuales.
* En 2014 llevó a cabo 7 audiencias públicas por y para niñas, niños y adolescentes en todo el país con la participación de 1606 jóvenes y 925 expositores con instancias de capacitación previa de más de 4200 jóvenes.
* Creó ENREDADOS, una red de periodistas de todo el país para promover los derechos comunicacionales de la niñez y la adolescencia.
En un escrito recibido por el Gobierno Nacional, la Defensoría del Público solicitó al presidente Mauricio Macri dejar sin efecto las medidas adoptadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 y en el Decreto 236/2015, este último que declaró la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio. El organismo solicita al Presidente de la Nación que se dejen sin efecto las medidas adoptadas y ajuste los actos de gobierno a la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales a ella incorporados, las leyes vigentes y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la Nota dirigida al Presidente, se informan las numerosas presentaciones individuales y colectivas recibidas por el organismo, preocupadas por la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y el respeto de la institucionalidad plural por ella creada.
Señala la Nota: "Ambas medidas son contrarias a la Ley 26.522 y vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales y de transparencia en la gestión de gobierno (...) ninguna de las normas y estándares internacionales se respetan en los Decretos cuestionados, que además incumplen palmariamente la normativa local vigente. El resultado es una grave afectación de los derechos de quienes habitan la República Argentina, que en la Ley 26.522 son reconocidos y reconocidas como sujetos de derecho. Y es a esas audiencias a quienes la Defensoría del Público representa y quienes han solicitado que intervenga para resguardar sus derechos".
Por otra parte, la Defensoría presentó diferentes escritos ante quienes integran el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual (COFECA) y la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. En esas notas, se transmitió el rechazo de las audiencias frente al avasallamiento de la Ley 26.522, la Constitución Nacional y los tratados internacionales, a través de decisiones que vulneran los procedimientos dispuestos por esa norma en materia de designación y remoción de los miembros del directorio.
La respuesta por parte del representante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) en el COFECA, Néstor Busso, no tardó en llegar e informó que llevó a cabo un recurso de amparo y un pedido de medida cautelar ante la Justicia contra los decretos 13/2015 y 236/2015. A su vez, la Senadora Nacional y presidenta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tencologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, Liliana Fellner también hizo una presentación contra los decretos del Poder Ejecutivo Nacional de creación del Ministerio de Comunicaciones, asignándole facultades de la AFSCA, y de intervención al propio organismo.
En las últimas horas, la Defensoría del Público recibió decenas de reclamos individuales y colectivos exigiendo la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) vulnerada por el decreto 236/15 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, en el que dispuso la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de todo su Directorio, vulnerando además los estándares internacionales de derechos humanos en materia de autarquía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales.
Unos días antes, el decreto presidencial 13/2015 reformó la Ley de Ministerios y creó el Ministerio de Comunicación, incorporando en su órbita a la AFSCA y la Autoridad Federal de Tencologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), desarticulando todo el andamiaje institucional que la LSCA había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación.
Esta Defensoría reitera, en línea con la alerta que han expresado distintos actores sociales en las últimas horas, la exhortación a las autoridades del Gobierno Nacional a respetar la división de Poderes y a no modificar ni violar la LSCA a través decretos de ninguna naturaleza. Además, este organismo exige el respeto irrestricto de los 166 artículos de la Ley, que se fundan en derechos garantizados por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos a ella incorporados.
Y señala que la perspectiva de las audiencias y de numerosas organizaciones sociales que se han dirigido a la Defensoría está siendo silenciada en las diferentes coberturas mediáticas de la situación. Recomendamos visibilizar estas perspectivas, en todos los servicios de comunicación audiovisual, porque contribuye a garantizar su derecho a la comunicación y también el acceso a una información plural y diversa de toda la ciudadanía de la Argentina.
Los reclamos plantean:
“Qué podemos hacer como medio comunitario y como audiencia para defender la Ley que está siendo avasallada por un decreto. Espero que si hay que modificar la ley sea en el Congreso, como corresponde”.
“En representación de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), integrada por 25 universidades de todo el país, para denunciar la vulneración de nuestros derechos implicada en el decreto 236/2015 (…) se trata de una ley que durante su tratamiento en 36 instancias en todo el país tuvo como partícipe a todos los sectores sociales vinculados a la comunicación, entre ellos las universidades como actor fundamental. No fue el proyecto de un gobierno, sino que fue el producto de la labor mancomunada de diferentes organizaciones sociales”.
“Solicito la plena vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales, por consiguiente la continuidad del AFSCA y AFTIC. Es una ley democrática y sancionada por el Congreso, que garantiza la libertad de expresión y de información, así como la pluralidad de voces. No puede ser vulnerada por un decreto. La vulneración de la ley constituye un atentado a los derechos de todas y todos los ciudadanos argentinas/os”.
“Desde Radio Sur, FM 88.3 mhz emisora comunitaria (…) Creemos que el no respeto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un avasallamiento contra derechos conquistados y significa un verdadero peligro para la democracia. Como emisora hemos participado de distintas instancias en la construcción de esta legislación (…) como país merecemos la democratización de los medios de comunicación y el reconocimiento del sector sin fin de lucro como un actor central es ese proceso, y la plena vigencia y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el camino para lograrlo. Le pedimos a las autoridades de la Defensoría del Público que asuman el rol de defender a las audiencias y actores comunicacionales de lo que entendemos que es una vulneración de nuestros derechos”.
“Desde FM Las Chacras (…) solicitamos a la defensoría tomar cartas en el asunto, a fines de apoyar una demanda popular en defensa de dichas instituciones y de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación”.
“Desde la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) (…) solicitamos a la Defensoría del Público que nos represente en lo que consideramos un avasallamiento contra una ley fruto de la democracia”.
“Escribo en representación de la Unión de Trabajador@s Rurales Sin Tierra, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI) con mucha preocupación (…) con un desporporcionado despliegue policial y con un DNU que incurre en la ilegalidad, al no respetar la LSCA vigente, se interviene la AFSCA y la AFTIC, en un hecho de gravedad institucional sin precedentes”.
“Veo como ciudadano cómo el actual gobierno, pretende con un decreto, avasallar el normal funcionamiento del AFSCA, y con ello estar por sobre la ley, ya que de esta manera se ataca de manera frontal la ley de servicios de comunicación audiovisual, impidiendo su aplicación…”.
“En representación de Radio De la Azotea FM 88.7 Comunitaria, de Mar del Plata queremos denunciar y repudiar el Decreto de Intervención (…) Intervenir dos organismos autárquicos y creados por la nueva ley de SCA es una violación a los derechos de nosotros/as como habitantes y nuestro derecho a la comunicación”.
“Los integrantes del Colectivo de comunicación FM Riachuelo 100.9 integrados en la Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones solicitamos a esa defensoría que, en conocimiento del Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 236 (…) Defender el acceso a la comunicación como un derecho humano básico y no como una mercancía es algo que, hace seis años, el pueblo argentino acordó y lo plasmo en la letra de la ley 26.522, luego de más de 25 años de lucha y debate en todos los rincones de nuestra patria y no estamos dispuestos a volverlo a discutir. Luchar por el pleno cumplimiento de la ley de SCA en nuestro deber y la Defensoría nuestra herramienta”.
“Espero que este decreto no se lleve a cabo, ya que atenta contra los derechos conquistados. La diversidad de voces que emergen a partir de la LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, amplia las voces, las miradas, posibilita el poder decir, da luz a sectores antes no reconocidos, la Ley es democrática”.
“Desde FM Aim Mokoilek y en nombre de la comunidad en general y los distintos medios de comunicación surgidos a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos preocupa el decreto (…) avasalla dicha Ley de la cual podemos ejercer como pueblo originario nuestros derecho humano a comunicar”.
“Creo que se están llevando puestos nuestros derechos a comunicarnos, y defendiendo así los intereses de los medios concentrados que invisibilizan nuestras voces (…) En todos esos lugares, los vecinos, profesionales, estudiantes, artistas, militantes y personas con ganas de decir y escuchar, se expresan a diario. Y todxs queremos que esto siga pasando (…) Para que frenemos esta serie de medidas que nos quieren imponer para subordinarnos. No podemos volver a atrás!”.
“Desde hace dos años funciona la Radio Escolar Comunitaria en nuestra escuela, solicito ante ustedes la posibilidad de poder intervenir ante el atropello que se produjo en el día de hoy ante el AFSCA. Para estudiantes, familias y docentes la posibilidad de visibilización que nos otorgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual posibilitó hacer posible el Derecho a la Comunicación de todos los que hacemos la Escuela todos los días”.
“Las medidas tomadas por decreto por el nuevo gobierno avasallan la Ley que nos dio la posibilidad de existir como medio de comunicación comunitario y estudiantil. Estas medidas van en contra de la democratización de las voces y a favor de los grandes grupos mediáticos”.
“Que un gobierno surgido por el pueblo, se transforma en golpista al intervenir organismo del estado como AFSCA y AFTIC, eludiendo la Ley que rige a todos los argentinos; me sumo a la protesta y que a la mayor brevedad se vuelva atrás con la medida”.
“Escribo en representación del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) con mucha preocupación por lo ocurrido (…) La presente tiene por objetivo instar a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a presentar los recursos legales y jurídicos de los que disponga para intentar, junto a otros y otras que defendemos esta ley, garantizar el cumplimiento de una de las leyes más debatidas y consensuadas popularmente en la historia argentina”.
“Con estas intervenciones se está avasallando la libertad de expresión de todos los argentinos”.
La Coalición por una Comunicación Democrática señaló en su presentación: “Las organizaciones que impulsamos la desmonopolización de los medios de comunicación y la democratización del acceso a las licencias no aceptamos la derogación de la Ley de Medios por un pretendido decreto de necesidad y urgencia”.
“Consideramos desde La Mesa Campesina del Norte Neuquino -MNCI que se están vulnerando nuestros derechos (…) La medida es también un ataque a los medios chicos, comunitarios, alternativos, a las cooperativas de los pueblos medianos y pequeños, porque todos ellos serán marginados del negocio de las comunicaciones pero, lo que es más grave, de la posibilidad de ofrecer miradas alternativas y voces plurales en el escenario de la comunicación”.
“…el motivo del reclamo se basa en la intervención y desalojo de la AFSCA, ya que es una muestra clara de autoritarismo y de abuso injustificado (porque razones fácticas que habiliten una intervención no hay), y por otra parte, es un claro factor de censura por parte del Estado, ya que de este modo no queda ningún ente independiente que regule el acceso a la información, que es un derecho y la diversidad de fuentes de la misma, que también lo es…”.
“Quisiera manifestar mi indignación por la orden de desalojo de la AFSCA por el juez federal Julián Ercolini! Es un atropello a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aquí en Zapala (…) gracias a la ley existe una radio cooperativa, una socioeducativa y comunitarias! Defendamos entre todos estos espacios y la pluralidad de voces!!”.
Como expresó la Defensoría en el día de ayer, la LSCA es una construcción colectiva, debatida en foros y audiencias públicas en todo el país, respaldada por los tres Poderes del Estado y reconocida por Relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El único mecanismo para evaluar el desempeño de los integrantes de la AFSCA se estableció en el artículo 14 de la LSCA. La remoción y reemplazo de las autoridades por decreto vulnera la Ley y los estándares internacionales, restringiendo la conformación plural que esa norma establece a través de un único representante directo del Poder Ejecutivo, gubernamentalizando el organismo.
Es necesario no retroceder, tal como plantean los reclamos recibidos, y profundizar el paradigma de derechos humanos consagrado en la LSCA. Ya no existen consumidores ni usuarios, sino audiencias, plenos sujetos de derecho, que pueden dar y recibir información, buscarla y difundirla en igualdad de condiciones, no ya de manera pasiva, sino activa, y que tienen derecho a ser escuchadas. Además, en el ámbito de la comunicación audiovisual no deben existir organismos gubernamentales, sino plurales, representativos de todos los sectores de la comunicación democrática, comprendida como derecho humano y no como negocio o mercancía de unos pocos, para profundizar la vida en democracia.
Ante las consultas, denuncias y reclamos recibidos, la Defensoría del Público exhorta a las autoridades del Gobierno Nacional a respetar la división de Poderes establecida por la Constitución Nacional y a no modificar ni violar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) a través de decretos de ninguna naturaleza.
Asimismo, la Defensoría exige el respeto irrestricto de los 166 artículos de la Ley, que se fundan en derechos garantizados por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos a ella incorporados. La norma en su totalidad ha sido redactada bajo estricto cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y así fue reconocido por los Relatores Especiales sobre Libertad de Expresión del sistema de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición por una Comunicación Democrática, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (RECOM) y Fopea; integrantes de los nuevos organismos creados por la LSCA, como la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual; así como expertos en materia de derechos humanos y específicamente de derecho humano a la comunicación; alertaron de manera unánime sobre el retroceso democrático que significa la modificación por decreto presidencial de una ley de construcción colectiva, impulsada por más de treinta años, debatida en foros y audiencias públicas en todo el país, respaldada por los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, y reconocida, como ya dijimos, por Relatores para la Libertad de Expresión de OEA y ONU.
Esa misma Ley prevé, en su inteligencia plural y federal, con un profundo sentido de la democratización de las comunicaciones y de la participación colectiva, mecanismos de integración y remoción de Directorios, Consejos y Comisiones creados por la misma ley, para concretar los objetivos propuestos en todo su articulado. Resulta totalmente inadecuado el avasallamiento de la temporalidad y modalidad propuestas por la LSCA, en la que el único mecanismo previsto para evaluar el desempeño de los integrantes de esa autoridad es el art. 14.
Es así como se gubernamentalizan organismos que deben representar los intereses heterogéneos de quienes viven en la Argentina y no de manera exclusiva los del Poder Ejecutivo Nacional, como lo hace el decreto 236/15 al restringir una conformación plural, con participación del Poder Legislativo, a un único representante directo del Poder Ejecutivo, quien además tampoco fue sometido a consulta ni proceso de evaluación social alguno; vulnerando, además, la autarquía y descentralización consagradas por ley.
Distintos organismos internacionales han celebrado tanto la aprobación de la LSCA como específicamente la composición plural de la Autoridad de Aplicación. En este sentido, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, sostuvo en el Informe Anual 2009 que: “la reforma legislativa representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina […] La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual está conformada de manera plural y diferenciada de la autoridad de aplicación actualmente vigente [en referencia a la que establecía el decreto/ley de la dictadura cívico militar]” (punto 11 y 13).
La remoción y reemplazo de las autoridades del directorio por decreto vulnera en este sentido los estándares internacionales que exigen que la autoridad de aplicación y fiscalización sea un órgano “independiente y autónomo del poder político y económico” (Informe Anual 2009). Recientemente en su informe temático 2014 el actual Relator interamericano, Edison Lanza, señaló que “la autoridad de fiscalización y aplicación de radiodifusión debería ser un órgano colegiado que asegure la pluralidad en su composición…”.
La injerencia presidencial dispuesta por el decreto 236/15 va en desmedro de uno de los puntos centrales del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la plena constitucionalidad de la LSCA, en 2013. En ese fallo, el máximo Tribunal exhortó al Poder Ejecutivo a respetar la “independencia” de la AFSCA.
Asimismo cabe remarcar que por medio de este decreto, que no está sujeto al control del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo ha ejercido facultades legislativas que modifican sustancialmente la LSCA, entrometiéndose en competencias del Congreso de la Nación, afectando la división de poderes y el sistema republicano.
En tal sentido, el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional establece como principio general que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Esta prohibición fue específicamente establecida en la reforma constitucional de 1994 con una clara intención de subsanar una omisión de la Constitución histórica a fin de garantizar la forma republicana de gobierno establecida en su artículo 1°.
Es por ello que esta Defensoría del Público considera que la intervención es una decisión autoritaria que de ningún modo contribuye al cumplimiento cabal de la legislación vigente, ya que no respeta los mecanismos de integración de los organismos, con participación de los representantes de las provincias, de las diversas fuerzas políticas del país, y de los múltiples sectores de la vida democrática, como las universidades, los pueblos originarios, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, comunicación audiovisual comunitaria y cultural. También resulta autoritaria porque no respeta la garantía de debido proceso prevista en la LSCA para la remoción del Directorio.
Por otra parte, es necesario no retroceder, sino profundizar el nuevo paradigma consagrado en la LSCA, que el decreto 236/15 parece ignorar. La LSCA se asienta en la perspectiva de los derechos humanos, en su comprensión cabal de que ya no existen consumidores ni usuarios, sino audiencias, plenos sujetos de derecho, que pueden dar y recibir información, buscarla y difundirla en igualdad de condiciones, no ya de manera pasiva, sino activa. Por lo tanto, tampoco resulta saludable la imposición de la ley Argentina Digital sobre la LSCA, sino por el contrario, para esta Defensoría del Público es imperiosa la necesidad de construir un diálogo permanente y armónico entre ambos nuevos paradigmas.
Para finalizar, es necesario recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en línea con los estándares internacionales, ha señalado expresamente que "la concepción según la cual los medios reducen su significación a meros objetos económicos, sujetos a las reglas de la libertad de comercio, ha quedado desplazada. Al afirmarse como bienes valiosos para la preservación de identidades culturales diversas y como garantes del pluralismo queda planteada la tensión entre la libertad comercial y la necesidad de asegurar una libertad de expresión amplia, plural y diversa" (caso Grupo Clarín, considerando 24 del voto del Doctor Petracci).