Se trató del “Primer panel de debate y reflexión sobre el tratamiento mediático dado a las decisiones de los jueces penales”, integrado por la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano; el periodista especializado Horacio Cecchi, de Página 12; el juez Norberto Tavosnaska; y el profesor de Derecho Constitucional de la UBA, Lucas Arrimada.
Tavosnaska, en la intervención que abrió la actividad, sostuvo que las noticias son “una construcción tratada como mercancía”, y que “los medios son empresas que venden la mercancía de mayor demanda: el sexo, el deporte y el delito”. En referencia al tema del encuentro, el juez cometió un sincericidio: “Ante temas relacionados con la seguridad y el delito, hay que analizar de qué manera tratan los medios esas cosas”.
Ottaviano disintió : “La información era una mercancía -dijo- mientras la anterior normativa de la dictadura militar que regía a los medios estaba vigente. Pero desde hace tres años, con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eso cambió. Hoy, la información es un derecho”.
“¿Qué queremos decir cuando sostenemos que esta Ley marca un nuevo paradigma vinculado a los derechos humanos?”, preguntó la Defensora. “Significa que en la actualidad, la radio y la televisión son justamente servicios de comunicación audiovisual. Vivimos en una sociedad donde todos tenemos voz, lo que es necesario hacer es amplificar esas voces”. Y agregó: “Un juez nunca debe tomar decisiones en base a un condicionamiento mediático, eso significaría vivir en la impunidad”.
También Cecchi se explayó en el mismo sentido: “Los medios empresariales no construyen, sino que imponen una verdad, su verdad, como la única. Mientras que el periodista tiene la obligación de buscar la verdad correctamente, para que esas corporaciones no hagan lo que siempre repiten: invisibilizar una gran parte de la realidad y hacer visible una pequeña porción, con el objetivo de presentarla como un todo”.
Invitada por la Coalición por una Comunicación Democrática de Uruguay, la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, presentó el organismo en ese país. Compartió el panel, entre otros, con Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas, que destacó el surgimiento de la Defensoría como “un antecedente único en Latinoamérica”, y “una de las pocas experiencias en el mundo que ayudan a entender que el acceso a la información es un derecho, y no un negocio”.
La Rue participó junto a Ottraviano en un encuentro sobre medios de comunicación, en el que la Licenciada presentó el organismo y explicó su manera de trabajo en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El relator también dijo que la Defensoría “es un aporte invalorable a la democratización de los medios en toda la región. Soy miembro de Naciones Unidas y conocía organismos similares, pero administrados por cada medio en particular. Lo novedoso del caso argentino es la autonomía de ese espacio, y el hecho de trabajar con la totalidad de medios audiovisuales del país”.
La Rue insistió: “La creación de la Defensoría del Público de Argentina marca un antecedente único en el mundo. Por mi tarea he conocido casos de ombudsman de periódicos escritos o canales de televisión como fenómeno de autorregulación de medios; pero la idea de que una ley de servicios audiovisuales incorpore una Defensoría pensando en todos los oyentes y televidentes de un país me parece sumamente importante y novedosa”.
El representante de NU destacó “la autonomía e independencia de la entidad argentina, a partir de su vinculación con un cuerpo bicameral integrado por diputados y senadores de todos los partidos políticos, sin depender del Poder Ejecutivo”. Y agregó que su tarea es primordial “para que el público conozca los derechos que tiene en materia de acceso a los medios”.
“Uno de los objetivos más grandes que tengo como relator de libertad de expresión en el mundo es defender la libertad de prensa -explicó-, pero al mismo tiempo velar por los derechos que posee todo pueblo a recibir información plural y diversa, para ejercer sin condicionamientos su libertad de pensamiento y de opinión. La sociedad debe tener pensamiento crítico, cuestionar y desafiar la información que recibe de cualquier medio”.
“Para construir ese pensamiento propio -finalizó La Rue- hay que enseñarle a la niñez de nuestros países a que sepan cómo leer y escuchar una noticia. Sólo de esa manera podrán evaluar y sacar conclusiones propias. Estoy seguro que ese será el principal aporte de la Defensoría al pueblo argentino, y por eso felicito su aparición”.
La jornada se llevó a cabo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión, y durante la misma también fue dado a conocer el Código de Etica Periodística recién aprobado por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Participaron, además, Gabriel Kaplún, director de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República Uruguay (UDELAR); y Guiherme Canela, consejero de Comunicación e Información de la UNESCO.
“En la región hay una disputa no sólo alrededor de la distribución económica -sostuvo Ottaviano-, sino además referida a la construcción de sentido. Por eso es tan importante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina como garantía de equidad. Sería clave que Uruguay lograra llegar a su propia ley de medios”.
La Rue, al mismo tiempo, destacó la importancia de romper “con los oligopolios y defender la pluralidad de medios”, ya que “por encima del derecho a la comunicación de los periodistas existe el de la sociedad a estar informados”.
La Coalición invitó especialmente a Ottaviano a raíz de su designación como Defensora del Público para que explicara la manera de trabajar del área y describiera el cambio de paradigma en el que los medios argentinos se manejan desde que la LSCA fue aprobada por el Congreso nacional en 2009. “Tenemos una tarea pedagógica enorme por delante -dijo-, porque nadie reclama un derecho que no conoce. Eso explica por qué estamos promocionando nuestra Ley en cada lugar a donde vamos”
Ottaviano destacó “la necesidad de no ser dichos por otros, sino por nosotros mismos”. Y finalizó: “Los medios privados deben ser conscientes de que brindan un servicio y contribuyen al desarrollo sociocultural de un país. En Argentina, la información dejó de ser mercancía para convertirse en un derecho humano inalienable, que ningún empresario o gobernante pueden desconocer”.
Con motivo de recordarse el 3 de mayo como “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, sostuvo la importancia de “enmarcar esa idea de libertad dentro de un contexto mucho más general y abarcativo, como es el derecho humano a la comunicación. Sobre todo en nuestro país, donde a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente, ese derecho humano hoy sí puede ser ejercido por la comunidad, que antes era vista por las corporaciones mediáticas como simple consumidora de productos”.
La decisión de proclamar la jornada internacional partió de la Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en homenaje a la Declaración de Windhoek, Namibia (Africa) para el “Fomento de una Prensa Africana Independiente y Pluralista”.
Ottaviano destacó la diferencia existente entre el concepto de “libertad de expresión”, asociado a lo individual y a lo subjetivo a partir de estar ligado a los periodistas y a las empresas donde trabajan; y el derecho humano a la comunicación, relacionado con lo social y colectivo.
“Tenemos derecho a dar, recibir información e investigar y difundir todos en igualdad de condiciones. No puede haber una elite que atesore el derecho a la comunicación como un privilegio”, manifestó.
Para la Defensora, el nuevo paradigma surgido con la Ley “logra que la relación entre el medio y el que mira o escucha no sea tan asimétrica. Ahora el público es reconocido como un sujeto de derecho que tiene que ser respetado y tenido en cuenta, y no como objeto o como parte de un punto más de rating. La Defensoría trabaja en la protección de la comunicación”.
Los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho, están alcanzados por todo lo contemplado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero sin embargo, no existe ninguna modalidad que ayude a canalizar inquietudes o denuncias presentadas por menores de edad, referidas al funcionamiento de los medios audiovisuales.
Para elaborar un protocolo de esas características, y lograr herramientas que hagan más fáciles y prácticas esas inquietudes, la Defensoría del Público comenzó a participar en reuniones de trabajo junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
“La idea es que puedan ejercer sus derechos ciudadanos como receptores de medios -sostuvo la Defensora, Cynthia Ottaviano-, facilitar el acceso, allanarles el camino, y simplificar la forma en que cualquier niño, niña o adolescente pueda acercarse, contar lo que necesita y agilizar ese requerimiento”.
Del encuentro, además de Ottaviano, participaron Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; Gimol Pinto, especialista en Protección a la Infancia y Adolescencia de UNICEF; María García Morabito, integrante de la Defensoría General de la Nación; y Romina Pzellinsky, responsable del Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género.
Para Lerner, la iniciativa es importante “ante la posibilidad de que los menores de edad se acerquen a la Defensoría del Público para denunciar hechos sin el acompañamiento de sus padres”. El funcionario destacó que “más que hablar de cuestiones de procedimiento, estas charlas ayudarán a intercambiar opiniones acerca de problemas de fondo, de lo deseable, de lo que entendamos que no es conveniente hacer, y de la manera en que decidamos darle forma a esos pedidos”.
“Es un terreno nuevo para todos nosotros -finalizó Ottaviano-, pero lo que no podemos hacer es dejar de explorarlo. Por eso celebramos estas jornadas, e invitamos a que todos los que tengan propuestas para la elaboración de ese protocolo las acerquen, y enriquezcan la iniciativa”.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Defensoría del Público suscribieron un convenio de cooperación y trabajos en conjunto para la puesta en práctica de políticas de Estado destinadas a la infancia, la adolescencia y la mujer. Y para utilizar las herramientas disponibles en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para divulgar y promover ese objetivo.
El documento fue firmado por Cynthia Ottaviano, a cargo de la Defensoría, y Andrés Franco, representante legal de UNICEF en el ámbito local. Se basa en acuerdos registrados entre Argentina y el organismo internacional en 1957, y el camino tomado por nuestro país al incorporar en 1994 la Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución Nacional.
La Defensoría intervendrá para que los medios audiovisuales traten esa problemática, e informen acerca de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, intercambiará con UNICEF documentación y bibliografía, y serán organizadas en conjunto actividades culturales, sociales y de investigación en la materia.
En el encuentro se habló de cómo canalizar reclamos de menores de edad vinculados al desempeño de los medios audiovisuales, cuestión que la Defensoría se encuentra analizando con el objetivo de elaborar un protocolo al respecto.
Ottaviano definió a la infancia y la adolescencia como un sector vulnerable “que goza de derechos, y esos derechos tienen que ser difundidos y dados a conocer por la prensa. Pero además de esa instancia, hay que crear herramientas de participación para que las políticas públicas contengan múltiples propuestas, que finalmente harán enriquecer esas políticas. Con respecto a eso, un ejemplo para nosotros lo marcan las Audiencias Públicas que estamos llevando adelante en todo el país. Donde la gente opina, pero también elabora ideas y las vuelca a la práctica”.