La Defensoría del Público asesorará a los pueblos diaguitas tucumanos en su proyecto de instalación progresiva de radios en distintas localidades de la región norteña. Durante un encuentro llevado a cabo en la comunidad de El Mollar con comuneros y autoridades de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (UPNDT), la titular de la Defensoría, Cynthia Ottaviano, se comprometió a colaborar en el diseño de un plan comunicacional para las comunidades. En ese trabajo sumarán sus aportes la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
“La idea es articular esfuerzos para desalambrar la palabra”, dijo Ottaviano, que puso a disposición los equipos de trabajo de la Defensoría como encargados de capacitar a las comunidades. Al mismo tiempo, la AFSCA y la CNC serán las instituciones encargadas de atender los aspectos legales y técnicos de las emisoras proyectadas.
Delfín Gerónimo, secretario general de la Unión, presentó durante la charla a los caciques y responsables de las comunidades tucumanas del Valle de Tafí, El Mollar, Mala Mala, Amaicha, Quilmes, Solco Yampa, Potrero Rodeo Grande y Casas Viejas; además de Ingamana y La Angostura, estas dos últimas de la provincia de Catamarca.
La Defensoría tomó la denuncia sobre las dificultades planteadas por la comunidad para acceder a las señales de Televisión Digital Abierta (TDA). Una delegación de la UPNDT llevó esta inquietud a la Audiencia Pública convocada por la Defensoría para la región Noroeste. Allí fueron expuestos también los avances en la promoción de la comunicación indígena.
Como parte del plan de acompañamiento, la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría coordinó el primer taller para quienes estarán a cargo de llevar adelante la FM. La Unión de Pueblos Diaguitas de Tucumán recibió la licencia para operar esta frecuencia a través del artículo 151 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que autoriza a los pueblos originarios a gestionar sus propias radios.
En el encuentro, jóvenes de Quilmes y comunidades vecinas compartieron su experiencia, discutieron el proyecto y comenzaron a idear su forma de organización, estrategias de sostenibilidad y la programación de la radio. La recuperación de la historia oral, de las tradiciones y de la cultura diaguita orientan los objetivos de la emisora.
“La comunicación es un derecho. Y por eso debemos entender la importancia que tienen para nuestra organización estos talleres que nos ayudan a pensar qué comunicación queremos”, remarcó Mariela Flores, referente de la UPNDT en la Ciudad de Buenos Aires.
Son los primeros pasos de FM Origen 90.1, la radio de la comunidad diaguita. Al terminar el encuentro, la Defensoría del Público renovó su compromiso para acompañar el proceso a distancia y en futuros encuentros en Tucumán.
“Gracias por ayudar a desalambrar la palabra y sumarse a un intercambio de ideas que tiene por objetivo hacer que nuestros derechos como oyentes y televidentes no figuren sólo en un papel, sino que además sean palpables”. La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, se refirió de esta manera a lo ocurrido en la segunda Audiencia Pública organizada por el organismo, en este caso en Salta, y también para las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.
La jornada se desarrolló en la Escuela Normal Superior N° 5095 General Manuel Belgrano, de Salta capital, y fue presidida por la Defensora, que pidió “seguir luchando por una comunicación democrática, para lo cual estas actividades son fundamentales”. Destacó que esta es la segunda Audiencia de un plan de seis encuentros programados para este año, que permitirán “elaborar una radiografía fiel de la manera en que los medios se desempeñan en todo el país”.
Hubo 51 personas e instituciones inscriptas que hicieron uso de la palabra y 350 asistentes, entre oyentes, televidentes, pueblos originarias, radios FM regionales, emisoras comerciales, cooperativas, colectivos de producción audiovisual, universidades, delegaciones de la AFSCA y redes de periodistas y trabajadores de prensa.
La Audiencia, traducida a lengua de señas durante toda la jornada, contó, entre otros, con la participación de Marcos Gullo, de la Asociación de Sordos de Salta, que les reclamó a los canales de TV de todo el país la implementación de subtitulados en películas, programas informativos y de recreación.
Los pueblos originarios tuvieron gran protagonismo durante la jornada, como por ejemplo la comunidad Diaguita, que luego recibió un taller de capacitación de la Defensoría del Público.
Representantes de Indio Canal, el primer canal de un pueblo originario del país, resaltaron la posibilidad que da el manejo de medios audiovisuales de “investigar sobre nuestros orígenes, y resistir el bombardeo de información de los grandes monopolios”. Por su parte, trabajadores de la radio indianista Luna Azul denunciaron maniobras de censura en la zona de la mina El Aguilar, en Jujuy.
Representantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), que administran cinco radios FM en esa región, resaltaron a las emisoras como “herramientas estratégicas para hacer conocer nuestros derechos y la problemática del robo de la tierra a nuestras comunidades. Son atropellos que recibimos en Pinto, Ojo de Agua y Las Lomitas, donde la radio sufrió dos atentados que intentaron prohibirnos la palabra”.
También expuso Fernando Teruel, representante del área de inclusión social de la Dirección de Justicia Penal Juvenil de Salta, dependencia que contiene jóvenes privados de su libertad y que estudia un proyecto para poner en funcionamiento una emisora FM pensada para contener esa problemática. “La radio en el encierro da voz, con todo lo que eso implica”, dijo Teruel. Y agregó: “Se trata de un medio capaz de romper el muro, que permite que esos jóvenes, a pesar de cumplir sus penas en una institución, crezcan, piensen, se inserten socialmente”.
Con un tiempo de cinco minutos por orador, en el salón Esteban Echeverría de la Escuela Normal Manuel Belgrano, también hablaron los representantes de la AFSCA de Jujuy, Alejandro Carrizo y Federico Noro; Susana Aramayo, de la agrupación Octubres; Néstor Piccone, de la Coalición por una Radiodifusión Democrática; Elisa Carretero, de la ONG Amanecer Andino; Daniel Tilca, de la Corriente Descamisados de Salta; y la directora de Radio Nacional salteña, Elena Corvalán, entre otros participantes.
Una de las problemáticas tratadas fue la manera en que los medios audiovisuales “dan mensajes estereotipados de las personas con discapacidad”, dijo Carretero, de la ONG Amanecer. “Hoy -agregó-, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permite instar a los medios a que consideren a esas personas como sujetos de derecho, y no como objetos de asistencia”.
Al cerrar la Audiencia, Ottaviano sintetizó las principales demandas transmitidas por los participantes. “Quedó en evidencia la falta de inclusión en que incurren muchos medios a lo largo y ancho del país, un tema que desde la Defensoría del Público intentamos corregir con el trabajo diario. Porque sin todos los argentinos adentro, no hay Argentina posible”. Y finalizó: “También escuchamos muchos pedidos que apuntaban a la necesidad de capacitarse, de informarse sobre lo planteado por la Ley. Y nos sumamos a esa preocupación: nadie reclama un derecho que no conoce”.
La próxima Audiencia Pública, la tercera desde la creación de la Defensoría del Público, se llevará a cabo en la región Buenos Aires, más precisamente en Tandil, el 28 de junio.
Como parte de una serie de actividades organizadas en la región del Noroeste argentino (NOA), la Defensoría del Público se presentó en tierra tucumana. La Defensora, Cynthia Ottaviano, explicó el funcionamiento del organismo delante de casi treinta periodistas reunidos en la sede de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT). Además, intercambiaron opiniones sobre las características de su trabajo en esa zona del país en el marco de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Del encuentro también participaron Oscar Gijena, secretario general de la APT; Hugo Sánchez, presidente de la delegación local de la AFSCA; y Ricardo Bocos, docente de la carrera de Comunicación Social dictada en la Universidad Nacional de Tucumán.
“Uno de los aportes determinantes de la Ley es fortalecer la identidad cultural”, dijo Ottaviano, que también destacó a la información como un derecho y no como una mercancía. En el mismo sentido, remarcó la importancia del acceso igualitario a los medios audiovisuales y describió a las Audiencias Públicas que desarrolla la Defensoría como “herramientas valiosísimas que sirven para trazar un mapa nacional de esos medios, y la manera en que la gente se relaciona con ellos”.
La Defensora dio a conocer el sistema de trabajo del organismo, detalles de cómo surgió y una síntesis de los doscientos reclamos recibidos hasta el momento. “Caminamos las provincias porque no queremos ser una gestión de escritorio, sino de territorio”, sostuvo. Y les agradeció a delegaciones y entidades de todo el país, como la Defensoría del Pueblo, INADI y AFSCA que brindan colaboración para recepcionar esas denuncias dirigidas a la Defensoría del Público y luego las envían a Buenos Aires. “No hay democracia posible si no hay acceso pleno a la radio y la televisión”, finalizó Ottaviano en Tucumán.
La jornada comenzó a las diez de la mañana en la Escuela Normal Superior N° 5095 General Manuel Belgrano, ubicada en Mitre 767, Salta capital. Al igual que la anterior, llevada a cabo en Chaco, esta Audiencia es presidida por la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano. En esta oportunidad hay 70 inscripciones y son de las siguientes provincias que integran la región NOA: 29 de Salta, 15 de Jujuy, 12 de Tucumán, 9 de Santiago del Estero, 4 de Catamarca y 1 de La Rioja.
“Los invito a desalambrar la palabra. Nadie reclama un derecho que no conoce”, manifestó la Licenciada Ottaviano en Chaco cuando arrancó esta iniciativa, que al finalizar el año habrá incluido seis encuentros donde estén representadas todas las provincias del país. Para esta segunda Audiencia Pública hay representantes de las siguientes organizaciones e instituciones: medios sin fines de lucro, medios privados-comerciales, pueblos originarios, género, sector público, otras.
Los temas que se plantearán serán los siguientes:
Sobre la aplicación de la LSCA:
- Coordinación de las comunidades con el Estado.
- Ordenamiento del espectro
- Monopolio de los grandes medios informativos.
- Canales de aire públicos y sistemas de cable.
- Irregularidades en la prestación de SCA por vínculo físico (incumplimientos a la Ley 26.522 y la Resolución 432/11)
- Indefensión de usuarios por incumplimientos de canales: tarifa, cambios inconsultos en la grilla, quita de canales, etc.
Programaciones:
- Fomento de la producción local.
- Necesidad de acceso producciones realizadas en Salta y la región.
- Límites a la intimidad de la persona en relación a la libertad de prensa.
- Observatorio ciudadano.
- Discriminación en FMs locales.
- Monopolización de la información.
- Falta de contenidos de DDHH y locales en programación local.
- Falta de difusión de disciplinas artísticas.
Sobre sectores sociales específicos:
- Problemática de la Tercera Edad.
- Representación de los jóvenes. Los medios y la juventud, su construcción de la realidad y la importancia de la LSCA. Posibilidad de crear una radio en el Centro de Atención a jóvenes en conflicto con la ley penal N°1.
- Invisibilización de los pueblos originarios. Imposibilidad de tener espacios en radios municipales o privadas de la región como pueblos originarios. Tergiversación de las novedades de pueblos indígenas. Gestión de un medio comunicacional propio. Enfoque comunicacional desde la percepción indígena. Contenidos de tv producidos y realizados por los pueblos originarios de argentina.
- Contenidos y estereotipos de género en las fuentes de información local.
- Mal uso de los términos al momento de referirse a personas con discapacidad
- La importancia de los medios de comunicación en la difusión de la cultura sorda a partir de la LSCA. Interpretación en Lengua de Señas en los canales de televisión. Certificación de la idoneidad de los intérpretes de LSA.
- Estigmatización de la militancia.
- Necesidad de políticas que apoyen la sostenibilidad política, cultural y económica de las radios sin fines de lucro.
Experiencias de medios:
- Emisora comunitaria en Raco.
- Emisoras del MOCASE-VC
- Situación de los medios indígenas a partir de la LSCA.
- La producción propia de Canal 10 de Tucumán.
- Autorización y puesta en marcha de la emisora de la comunidad diaguita de Quilmes.
- El primer canal indígena de televisión por aire del mundo.
- Emisoras y centros de producción educativos.
- Rol de las universidades para dar cuenta de la diversidad socio-cultural. Experiencias locales.
Otros:
- La no distribución de la pauta publicitaria en Jujuy.
- Cese de actividades del Nodo Audiovisual Tecnológico de Salta.
- Desinterés de las Universidades de Salta y Jujuy por crear sus respectivos canales de TV.
- El audiovisual como producto subsidiario del complejo militar-industrial.
- Consumos y audiencias en Jujuy y acceso a TDT por familias de sectores populares.
Creada en el marco de la Ley, la Defensoría comenzó a trabajar en noviembre del año pasado atendiendo y gestionando reclamos de la comunidad referidos a los medios audiovisuales en la totalidad del territorio nacional. Como parte de esa tarea, tiene como obligación la puesta en marcha de Audiencias Públicas con el objetivo de relevar el funcionamiento de las radios y canales de televisión. Y abrir vínculos de participación para las instituciones y la comunidad en general.
En los últimos días y en distintos ámbitos, el trabajo de la Defensoría del Público, creada en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue resaltado en varios países y tomado como modelo para desarrollar experiencias similares. Por ejemplo en Uruguay, donde el gobierno de José Mujica acaba de ingresar al Parlamento un proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales para garantizar el derecho de dar y recibir información para evitar que las corporaciones monopolicen el mensaje. Uno de esos artículos tiene previsto la creación de un organismo similar a la Defensoría argentina, con el objetivo de actuar en los casos en que esos derechos sean vulnerados.
El organismo, encabezado por Cynthia Ottaviano, fue recientemente incorporado como miembro regular de la Organization of News Ombudsmen (ONO), durante su asamblea anual realizada en la ciudad estadounidense de Los Angeles. Ottaviano integró el panel “Los Ombudsmen como promotores de la democracia en América Latina y el Medio Oriente”, donde explicó que “la Defensoría del Público cumple un rol clave en la promoción de la democracia porque sin participación y sin inclusión, esa democracia no existe”.
En el mismo sentido, el relator especial de Naciones Unidas, Frank La Rue, afirmó que la Defensoría del Público constituye “un antecedente único en el mundo. Por mi tarea he conocido casos de ombudsman de periódicos escritos o canales de televisión como fenómeno de autorregulación de medios; pero la idea de que una ley de servicios audiovisuales incorpore una Defensoría pensando en todos los oyentes y televidentes de un país me parece sumamente importante y novedosa”.
El representante de Naciones Unidas destacó “la autonomía e independencia de la entidad argentina, a partir de su vinculación con un cuerpo bicameral integrado por diputados y senadores de todos los partidos políticos, sin depender del Poder Ejecutivo”. Y agregó que su tarea es primordial “para que el público conozca los derechos que tiene en materia de acceso a los medios”.
“Uno de los objetivos más grandes que tengo como relator de libertad de expresión en el mundo es defender la libertad de prensa -explicó-, pero al mismo tiempo velar por los derechos que posee todo pueblo a recibir información plural y diversa, para ejercer sin condicionamientos su libertad de pensamiento y de opinión. La sociedad debe tener pensamiento crítico, cuestionar y desafiar la información que recibe de cualquier medio”.
La ONO fue fundada en Estados Unidos en 1980, y nuclea a más de setenta periodistas de 25 países, que ejercen la función de mediar entre el público y los medios de comunicación audiovisuales y escritos. Su director ejecutivo, Jeffrey Dvorkin, definió a Ottaviano como “la primera” defensora encargada de recibir y canalizar reclamos “sobre todas las estaciones de radio y televisión” de un país, y destacó además el hecho de que haya sido designada “por el Parlamento argentino”.
Dvorkin, el primer ombudsman que tuvo National Public Radio (NPR) -la radio pública estadounidense-, sostuvo que “es muy impresionante y poderoso el rol de la Defensoría del Público de Argentina”, y que “vemos esta experiencia inédita como modelo a seguir en el futuro por otros países. Evidentemente, esta iniciativa está muy emparentada con los principios democráticos en ese país”.
Para Sally Begbie, vicepresidente de la ONO y ombudsman de la SBS de Australia -la radio y televisión pública nacional-, manifestó que la asamblea, además de “cumplir con los compromisos acostumbrados del organismo, nos sirve este año para conocer lo ocurrido en Argentina con el nacimiento de su Defensoría. La de Ottaviano fue una de las mejores presentaciones, me impactó positivamente que tenga el foco puesto en la educación”.
Stephen Pritchard, editor de lectores del periódico británico The Observer, señaló la importancia de que en Argentina exista un “análisis crítico” e “independiente” en resguardo de los derechos del público que ve televisión y escucha radio. Gerardo Albarrán de Alba, académico y defensor en la radio Noticias MVS de México, definió como “verdadera novedad” el surgimiento de la Defensoría. Y definió como “notable” que la LSCA contemple a la audiencia como “sujeto de derecho” y no como “meros radioescuchas, televidentes o usuarios”.
También hizo declaraciones el ombudsman del diario NRC de los Países Bajos. Sjoerd de Jong resaltó que Ottaviano “ponga énfasis en las diferencias registradas en Argentina a partir de la nueva ley de medios. Y que después de tantos años de dictadura, el paradigma autoritario se haya transformado en un paradigma democrático”.
De Jong agregó que la ley “considera a la información como un derecho, garantizado por un sistema público con igualdad y protección de las minorías”. Y que la Defensoría argentina “vela por esos derechos, atiende denuncias de todo el país y promueve campañas en donde se informa sobre la importancia de los medios públicos de comunicación”.