Según lo establecido por los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), se llevó a cabo en el Congreso de la Nación la Audiencia Pública organizada por COFECA sobre eventos de interés relevante, herramienta que permite la elaboración de un listado de actividades y acontecimientos deportivos, culturales y sociales que merecen ser transmitidos por la televisión abierta y gratuita, de libre acceso para los televidentes de todo el país.
La jornada fue inaugurada por Cynthia Ottaviano, que recordó que “los medios de comunicación realizan una actividad social de interés público y tienen como misión la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, con igualdad de oportunidades para todos y todas”. La Defensora estuvo acompañada por Ignacio Golobisky, presidente de la Comisión de Planificación de Servicios del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA); Andrés Tavosnanska, subdirector nacional de Gestión del Consejo; y Eliana Persky, secretaria ejecutiva de la misma entidad.
La Audiencia contó con la participación de seis oradores, que elaboraron distintas propuestas y fijaron posición acerca de esos acontecimientos de interés público, tanto para su emisión televisiva como para su retransmisión. Hablaron Esteban Falcón, en representación de Canal 10 de la Universidad de Córdoba; Osvaldo Arsenio, miembro de la Secretaría de Deportes de la Nación; Carlos Asnaghi, gerente de Deportes de la TV Pública; Enrique Masllorens, secretario ejecutivo del Consejo Federal de la TV Pública; Jorge Pose, miembro de la empresa South American Sports; y Paula Rodríguez Marino, docente universitaria de Comunicación Social.
Arsenio definió al deporte como una “herramienta importantísima de inclusión social, y como derecho, no puede ser limitado ni cercenado”, en referencia a los eventos que la Ley ya establece para su emisión, y aquellos que propuso incluir el año próximo. Entre estos últimos, Asnaghi pidió agregar los partidos de fútbol amistosos de la Selección de fútbol, competencias juveniles y “los torneos Sudamericano y Panamericano, que podrían convertirse en excelentes vidrieras para difundir y promover disciplinas no tan conocidas para la mayoría de la gente”.
Para Falcón, “nuestra experiencia desde Canal 10 de Córdoba, abierto, público y universitario, fue muy buena. No olvidemos que Canal 7 no llega a todo el territorio nacional, y por medio de las retransmisiones de las señales públicas del interior del país, todos tienen acceso a contenidos que, de otra manera, sería imposible alcanzar”.
Pose expresó: "La señora defensora dijo, al menos eso es lo que entendí, que quería que 2013 fuera un piso. Para nosotros 2013 está excediendo lo que dice la ley, es decir que habría que limitarlo, cumplir la ley y buscar un procedimiento".
Rodríguez Marino pidió que se amplíe la transmisión abierta a “jornadas y eventos relacionados con los derechos humanos, como los juicios por causas de lesa humanidad, y las cuestiones de género y violencia infantil”. También se refirió a dos congresos nacionales que en 2014 involucrarán a carreras de Comunicación de todo el país, y al encuentro que se llevará a cabo en Argentina de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación (ALAIC).
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual recibió 121 presentaciones en mayo, de las cuales 82 se transformaron en actuaciones, 36 en consultas y tres fueron derivadas a Defensa del Consumidor. En el mismo mes, en Salta, se realizó la segunda Audiencia Pública de las seis que se harán en todo el país durante 2013.
Entre las presentaciones que se recibieron hay 20 pedidos para que la Televisión Digital Abierta (TDA) llegue a Bahía Blanca y uno para que se instale una antena más en la provincia de Jujuy.
La conformación de la grilla fue otro de los temas que recibió un número importante de presentaciones. Dos, porque una operadora de servicio satelital transmite en horarios reducidos las señales INCAA TV y PAKA-PAKA y otras dos para la misma empresa porque no incorporó un canal provincial o regional en San Salvador de Jujuy y Bahía Blanca. Una, para que una operadora de cable de Mar del Plata incorpore a su grilla la señal Telesur y dos más, una desde Resistencia y otra desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque una operadora de cable no incluye el canal INCAA TV. También se recibió una presentación respecto de la exclusión de la señal alemana DwDV de la grilla de una empresa de servicio de cable de Bahía Blanca.
También se denunciaron reiterados aumentos de precios en servicios de cable que operan en Mar del Plata y varios reclamos por falta de identificaciones de un videograph que identifique a una emisión como programa infomercial.
Los comerciales también tuvieron su lugar en las presentaciones que registró la Defensoría del Público en mayo. Una de ellas, sobre una pieza de una empresa de telefonía celular que estimularía para que se lastime a un perro sosteniendo que la publicidad “está incitando a realizar dicho acto”. Y otra, desde Burzaco, provincia de Buenos Aires, que afirma que un comercial de un producto lácteo puede ser interpretado erróneamente.
También se recibieron presentaciones sobre la emisión de lenguajes e imágenes groseras dentro del horario apto para todo público, la promoción de comportamientos dañinos contra la salud, como así también situaciones de violencia simbólica y cosificación de la mujer. Una sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la libertad de expresión y prensa. Otra, desde Rosario, de una persona que padece hipoacusia bilateral mixta, la cual expresa que está pagando por un servicio de cable que prácticamente no puede usar, ya que tanto los programas de aire, como los de cable, no están subtitulados.
Dentro del total de las recibidas, las interferencias ocuparon un lugar importante, tanto en radio como en televisión. Desde Bariloche enviaron una manifestando que hay interferencias en las señales locales en el servicio de cable ABC. Desde Ciudadela, provincia de Buenos Aires, aseguran que una radio de una colectividad no permite que otra transmita correctamente. En Formosa, plantean que dos radios no se pueden escuchar y en Córdoba y Jujuy se da una situación similar con dos frecuencias de alcance zonal en cada provincia. Una de ellas llegó desde Mar del Plata para advertir que el programa “Bajada de Línea” no se puede ver con claridad.
Dentro del total de las denuncias recibidas, 13 puntualizaron sobre la difusión en medios audiovisuales del precio del “dólar blue”, por considerarlo un mercado no legal. Y, por último, se recibió una presentación de la ciudad de La Plata, que denuncia que un noticiero de aire, emitido en el mediodía, difundió imágenes completas del asesinato de un empresario argentino en Paraguay sin ningún filtro y en horario apto para todo público.
Denuncias entregadas en la Primera Audiencia Pública
En la Primera Audiencia Pública surgieron temas que luego fueron presentados como denuncias sobre la ausencia de programación destinada a la niñez en la programación que emiten los canales de televisión abierta de Chaco y Misiones, como así también la falta de recursos destinados a permitir el acceso a la información de las personas con discapacidad. Además, se expresó la falta de inclusión que haga referencia a los problemas de los productores locales en los servicios de comunicación audiovisual.
También, en el marco de la Primera Audiencia Pública, se inició la discusión referente a colocar los idiomas de los Pueblos Originarios en un pie de igualdad con respecto al lenguaje oficial. En la presentación se afirmó que: “el idioma de los Pueblos Originarios no está contemplado en la currícula del ISER, como fonéticas que deben ser articuladas”.
Presentaciones resueltas
El día 18 de marzo se recibió una presentación que denunció que la televisión abierta no estaba cumpliendo con el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que: “se garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios de comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés relevantes y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”.
El acontecimiento en cuestión al que se refiere el denunciante fue la semifinal y final del Master 1000 en la que participara un tenista argentino y no fue trasmitida por televisión abierta. Luego de efectuado un análisis de la normativa aplicable, esta Defensoría entendió que asiste razón al denunciante.
En tal sentido, y en el marco de esta actuación por Resolución N° 30/2013 (http://defensadelpublico.gob.ar/es/resolucion-30-2013), se puso en conocimiento a la AFSCA del incumplimiento por parte de ESPN Sur SRL y las resoluciones n° 78/AFSCA 2013 y n°186/ AFSCA 2011. Finalmente, desde la Defensoría se convocó a todas las señales deportivas, a los canales de televisión abierta y al COFECA a una mesa de trabajo a los fines de evaluar el procedimiento e instrumentación del artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ella, los distintos sectores de la televisión expusieron sus puntos de vista y como consecuencia, la Defensoría del Público dictó la Resolución n° 39/2013 (http://defensadelpublico.gob.ar/es/resolucion-39-2013) donde se le recomendó a la AFSCA que tanto la televisión abierta como las señales informen si cuentan con los derechos de transmisión y las fechas de los acontecimientos y, también, la elaboración de un procedimiento sencillo, desburocratizador y efectivo para dar cumplimiento a la ley.
El 26 de marzo, la Defensoría del Público recibió una denuncia sobre la ausencia de transmisión de la cadena nacional por el Canal 4 de la localidad de Pigüé. La AFSCA confirmó que ése es el canal de generación propia local de la empresa y por eso no tendría la obligación de transmitir la cadena nacional en tanto sea transmitida por el resto de los canales de aire, tal como ocurre según afirmó el denunciante.
El día 28 de mayo se elaboró la Resolución n° 34/2013 (http://defensadelpublico.gob.ar/es/resolucion-34-2013) en la que se resolvió que el hecho denunciado no constituía violación alguna al régimen legal establecido en el artículo 75 de la Ley 26.522, en el cual se encuadra la obligación de difundir la cadena nacional.
El 6 de marzo se recibió una presentación que denunció que la señal Warner, recibida a través de la empresa Telecentro, transmitió la serie The mentalist sin subtítulos ni doblaje y que esto ocurrió en varias ocasiones. Y con otros programas, aunque no de modo sistemático.
La Defensoría mantuvo reuniones con ambas partes y el día 29 de mayo se elaboró la Resolución 38/2013 (http://defensadelpublico.gob.ar/es/resolucion-38-2013), a través de la cual se impuso una supervisión para que el problema no se reitere en el futuro.
Bajo el mismo tipo de reclamo, el 23 de enero se recibió otra presentación que denunció que la señal de cable TNT, recibida a través de la empresa Telecentro, transmite películas extranjeras sin subtitulado en español.
Con fecha 17 de abril, Telecentro respondió al pedido de informes sobre la emisión de TNT indicando que: “se verificó que el mismo sólo afectaba al módulo digital CATV. [Y] se informa que se ha dado una total solución al reclamo de referencia y las películas emitidas por la señal TNT en idioma extranjero”. El 29 de mayo se elaboró la Resolución 37/2013 (http://defensadelpublico.gob.ar/es/resolucion-37-2013) a través de la cual se impuso una supervisión para que el problema no se reitere.
El 14 de diciembre de 2012 un denunciante afirmó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la empresa CABLEVISIÓN S.A. no incluye en su grilla de programación la señal Telesur, por lo que se enviaron pedidos de informes a la AFSCA y a la empresa en cuestión para verificar dicha situación.
El día 14 de Mayo de 2013 la empresa CABLEVISIÓN S.A se comprometió a brindar, sin costo alguno de instalación: un decodificador digital a los efectos de contar con las señales TELESUR y otras que se le sumarán al servicio actual. En vista de lo anterior, se decidió cerrar dicha Actuación.
El 24 de enero se recibió una denuncia respecto a que la empresa CABLEVISIÓN S.A. no incluía la señal INCAA TV en su grilla de programación del servicio de cable que presta en la localidad de Posadas, provincia de Misiones.
El 2 de mayo se realizó una reunión a la que concurrió la denunciante y la empresa CABLEVISIÓN S.A. Se firmó un acta de acuerdo en la que la compañía se comprometió a solucionar cada uno de los casos denunciados. El 14 de mayo se llevó a cabo otra reunión en la cual CABLEVISIÓN S.A se comprometió a brindar, sin costo alguno de instalación y en el abono: un servicio digital, a los efectos de contar con las señales INCAA TV y otras que se le sumarán al servicio actual. El 30 de mayo, CABLEVISIÓN S.A avisó que ya dio cumplimiento al acuerdo. En vista de lo anterior, se decidió cerrar dicha actuación.
El 1° de diciembre de 2012 se recibió una denuncia, la cual señalaba que en Tandil, el único servidor de cable en la zona, la empresa CABLEVISIÓN S.A. no incluye en la grilla de programación los canales informativos C5N, CN23 y Telesur dentro del servicio básico “Cablevisión Clásico”. Se enviaron pedidos de informes a la AFSCA y a la empresa Cablevisión S.A.
La empresa respondió informando que incluye las señales en su servicio Digital y HD. El 2 de mayo se realizó una reunión a la que concurrió el denunciante y la empresa CABLEVISIÓN S.A. Allí se firmó un acuerdo por el cual la empresa se comprometió a solucionar el caso a los efectos de que los denunciantes cuenten con las señales CN23, C5N y TELESUR. El 30 de mayo, el denunciante y CABLEVISIÓN S.A informaron que ya se dio cumplimiento a lo pactado.
El 3 de mayo se recibió una denuncia en la que se afirmaba que en el comercial de Yogurísimo, el personaje de “Pachorra” podría ser una manera de corromper a un niño por su formato fálico. El 14 de mayo, el área de Análisis, Investigación y Monitoreo, elaboró un informe en el cual consideró que el personaje de la publicidad de Yogurísimo no constituye un peligro que atente contra la integridad de los niños. Finalmente, se envió un correo electrónico a la denunciante para informarle las gestiones realizadas y se decidió cerrar la actuación.
El 3 de abril se recibió desde Bahía Blanca una denuncia en la que se señala que: “el día de ayer, domingo 31/03, desapareció la TV Pública del canal 11, y en su lugar se transmite un canal llamado “A 24”… por lo tanto ya no podemos ver la Tv Pública puesto que no lo toma ningún otro canal; lo mismo sucede con el Encuentro (que antes se podía ver, aunque con mucha interferencia, en el Canal 13)”.
El 4 de abril, el denunciante informó que se había establecido la línea en el canal 11 de Bahía Blanca, aunque seguían existiendo ciertas interferencias. El 10 de abril, la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, se comunicó con el denunciante, a fin de constatar que efectivamente se haya solucionado el problema de interferencia. Asimismo, se le informó sobre el plan estratégico que lleva adelante el consejo Asesor en la implementación del sistema de TDA en la región. En vista de lo anterior, se decidió archivar la Actuación.
La Defensoría realizó su segunda Audiencia Pública
El 31 de mayo, en la Escuela Normal Superior N° 5095 General Manuel Belgrano de la ciudad de Salta, se llevó a cabo la Segunda Audiencia Pública, esta vez en la región NEA formada por las provincias de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán. En ella participaron 350 personas, hubo 70 inscriptos/as y 51 oradores/as. Todo el acto contó, como en la primera audiencia, con traducción simultánea en lengua de señas y fue transmitido en vivo en la página de la Defensoría del Público (www.defensadelpublico.gob.ar).
Dentro de los temas planteados en la Audiencia se destacó la participación de las comunidades indígenas que denunciaron la criminalización de los campesinos e indígenas en los medios hegemónicos y la importancia de la desmonopolización para que sea posible visibilizar realidades diversas.
Se denunció el amedrentamiento a comunicadores indígenas a través de “golpizas y la judicialización” cuando realizan coberturas periodísticas que dan cuenta de problemáticas de sus comunidades. Este tipo de “abusos y atropellos” fue mencionado por -prácticamente- todos los expositores representantes de pueblos indígenas.
También denunciaron la imposibilidad de acceder a espacios en radios municipales o privadas de la región y la tergiversación de las novedades de pueblos indígenas. Demandaron además que no se emitan imágenes de ceremonias sagradas sin consentimiento de las comunidades.
Frente a este escenario, se planteó la gestión de medios de comunicación propios, con un enfoque comunicacional desde la cosmovisión indígena: radios y contenidos de tv producidos y realizados por los pueblos originarios de Argentina. Y se reclamó apoyo estatal para la realización de estudios de factibilidad para la instalación y fortalecimiento técnico de las radios y el financiamiento en general.
La segunda Audiencia contó con una alta participación de estudiantes de la Universidad Nacional de Salta. Se refirieron a la estigmatización de los jóvenes en los medios audiovisuales. Especialmente, hablaron de la “demonización de jóvenes militantes” y desterraron la idea de una prensa objetiva o independiente.
Frente a la usual criminalización en los medios masivos, la Dirección General de Justicia Penal y Juvenil de Salta está diseñando la puesta en marcha de una emisora radial, que ya cuenta con licencia. La conciben “como herramienta pedagógica para la construcción de ciudadanía y para romper los muros”.
En relación a la discriminación y la construcción de representaciones estereotipadas en los medios de comunicación, se hizo referencia también a los adultos mayores, a las mujeres, a la comunidad trans y a las personas con discapacidad.
Otros de los temas planteados fue la concentración mediática que fue ampliamente cuestionada. Se valoró el impulso a las producciones locales, aunque se hizo mucho hincapié en la necesidad de que los medios de las provincias y localidades sumen contenidos propios y una mirada local.
Se denunció la discrecionalidad en la distribución de la pauta pública, las tarifas de los servicios audiovisuales pagos y los cambios inconsultos en las grillas. Se señaló la falta de contenidos sobre DDHH en televisión abierta, la escasa difusión de los valores tradicionales y de los derechos de los trabajadores.
Frente a estas carencias del sistema de medios tradicional, muchos destacaron el trabajo de productores locales. Algunos realizadores audiovisuales de estas provincias han incorporado sus documentales y ficciones al BACUA, pero señalaron que no están al alcance de las audiencias locales.
Se reclamó el ordenamiento del espectro y la legalización de radios comunitarias. Se denunciaron interferencias y la presencia de funcionarios en la conformación societaria de radios con licencia.
Los números de mayo
En el mismo mes, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual recibió 121 presentaciones, de las cuales 82 se transformaron en actuaciones; 36, en consultas y 3 fueron derivadas a Defensa del Consumidor.
La provincia de Buenos Aires y la Capital Federal fueron la región que más presentaciones tuvo, con un 65,3% del total. Luego se ubicó el NOA (La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán) con el 12,4%, seguido por el Centro (Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa) con un 8,3%, el NEA (Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa) con el 7,4%, la región patagónica con el 5,8% y la región de Cuyo con una participación del 0,8%.
En este mes las mujeres acercaron muchas más presentaciones que los hombres, alcanzando el 63% del total.
Casi el 50% de las presentaciones, denuncias y reclamos fueron realizados por ciudadanos/as de entre 41 a 65 años, seguidos con el 18,3% por mayores a 65. El 17,5% estuvo realizado por personas de entre 19 a 30 años y el 15% entre 31 a 40.
Desde su creación y hasta el 31 de mayo, la Defensoría del Público recibió un total de 308 presentaciones de las cuales 171 se constituyeron en actuaciones; 118, en consultas y 19 fueron derivadas a distintos organismos.
De esta manera, la Defensoría del Público sigue llevando “un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentadas por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto” como lo establece el artículo 19 en su inciso b).
La actividad se llevó a cabo en el Salón de los Espejos del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, y contó con la participación de oyentes, televidentes y distintas entidades vinculadas a la comunicación, la docencia, las organizaciones intermedias y la producción en radio y televisión. Intervinieron, además, delegaciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), la Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales (CAPRICA), la Asociación Civil Territorio Cultural, la Coalición por una Radiodifusión Democrática y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina), entre otros colectivos.
La Audiencia fue presidida por la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, que agradeció a "los organismos presentes, pero también a muchos oyentes y televidentes que se acercaron para dar su opinión fundada sobre los medios. Lo que demuestra que tenemos audiencias activas y no receptores pasivos como se creía. Desde la Defensoría del Público vamos a seguir trabajando en el empoderamiento ciudadano, para que las audiencias se transformen en un actor decisivo de la comunicación audiovisual".
Con respecto a la Ley y los reclamos por parte de los expositores para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no demore más su decisión de declarar la constitucionalidad, Ottaviano afirmó que “sepan que acompañamos ese pedido y que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para amplificarlo, esta ley es constitucional, nació de las entrañas del pueblo argentino y de la gran mayoría de sus representantes. Recordemos que cuando la Corte se expresó, aseguró que en el reclamo del Grupo Clarín no está en juego la libertad de expresión, sino una cuestión patrimonial”. La Defensora también se refirió a las corporaciones que la resisten: "Nosotros no discutimos sobre cuestiones patrimoniales, sino que defendemos el derecho humano a la comunicación".
Entre los que formaron parte del debate se destacaron integrantes de la Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la Argentina (ARBIA), la Asociación Argentina de Teledifusoras Pyme y Comunitaria (AATECO), el Centro Cultural para la Comunicación Kadena Social, la Red Nacional de Medios Alternativos, la Universidad Nacional de Quilmes y emprendimientos comunicacionales barriales de Mar del Plata, Azul, Tandil, Bahía Blanca, Morón, Avellaneda, Rauch, San Clemente y Benito Juárez, entre otros lugares, y también público en general, como Mónica Salvatierra y Lautaro Soto.
A lo largo de cinco horas, las exposiciones giraron en torno a permisos necesarios para el funcionamiento de radios FM en el ámbito bonaerense, y la necesidad de cumplir con el 33% del espectro destinado para la comunicación sin fines de lucro, el ordenamiento necesario del espectro radioeléctrico, la censura previa, la violencia mediática contra las mujeres, el tratamiento periodístico sobre la salud mental, la necesidad de cumplir con el Art. 66 de la LSCA sobre accesibilidad y la manera en que los monopolios audiovisuales siguen vigentes en regiones alejadas de los centros urbanos.
Andrea Rossetti, integrante de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, detalló las tareas de capacitación puestas en práctica en universidades de Olavarría y Tandil, y pidió que la violencia mediática contra las mujeres sea considerada una cuestión de Derechos Humanos. "Es importante el trabajo que hace la Defensoría en este sentido -dijo-, aprovechando que además de la LSCA, también contamos con la reciente Ley de Violencia de Género para terminar con ese flagelo".
También hablaron María Salceda, delegada del Polo Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires y docente en la Universidad del Centro; Mariela Pugliese, en representación del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO); Franco Brutti, de la Asociación Civil Territorio Cultural; y Daniel Badenes, responsable de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes.
La Audiencia que se llevó a cabo en Tandil formó parte de un ciclo de seis encuentros que cubrirán antes de fin de año todo el territorio nacional, para "evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión", como pide la LSCA. Se trata de analizar y compartir experiencias y propuestas vinculadas a la radio y la televisión de cada región donde se llevan a cabo las charlas. Como por ejemplo el acceso a los medios de parte de actores sociales que antes, con la reglamentación de la dictadura militar, tenían vedado ese derecho.
Fue la tercera jornada del año, después de las charlas registradas en la región NEA (Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes) y NOA (La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán). Debates de carácter abierto y libre participación, que se retomarán cuando el próximo 30 de agosto se lleve a cabo la Cuarta Audiencia Pública en Villa María, Córdoba.
En el día de la fecha, 28 de junio de 2013, ante la posible reproducción en medios de comunicación audiovisuales de un conjunto de fotografías de Ángeles Rawson en el momento en que fue hallado su cuerpo en dependencias de la CEAMSE, publicadas originalmente por el diario Muy, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual recuerda la necesidad e importancia del tratamiento responsable de noticias como la referida al asesinato de una joven.l
El artículo 3 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual postula, en su inciso d), que uno de los objetivos de esta norma es “la defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos”. A su vez, la misma ley procura evitar la producción y difusión de imágenes y dichos que menoscaben la dignidad humana o que resulten perjudiciales para la integridad de los niños, niñas y adolescentes.
La concepción de la información y la comunicación como servicio social y como fundamento para el ejercicio del derecho humano a la comunicación implica, centralmente, el respeto de los derechos de las personas, el cual resulta avasallado toda vez que sus imágenes son expuestas violando su intimidad y dignidad. El desconocimiento de los derechos personalísimos de las personas obliga a esta Defensoría a promover, siguiendo los lineamientos nacionales e internacionales en la materia, la reflexión crítica y responsable acerca de la tarea de los medios de comunicación y sus formas de abordaje de noticias como la que aquí se menciona.
En ese marco, la Defensoría invita a los medios de comunicación audiovisuales a evitar la truculencia y la sordidez de las coberturas que puedan implicar, precisamente, la violación de derechos consagrados para los niños, niñas y adolescentes por las normas nacionales e internacionales, tales como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; y la Convención sobre los Derechos del Niño.
El encuentro se llevó a cabo en el Espacio Cultural de la Empresa Brasil de Comunicación (EBC), que depende del Estado del vecino país, y además de defensores latinoamericanos, estuvo dirigido a oyentes y televidentes interesados, organizaciones y actores vinculados a la comunicación. La apertura estuvo a cargo de Regina Lima, defensora de la EBC; Nelson Breve, presidente del mismo organismo; y José Eduardo Romão, defensor general de Brasil.
La EBC es el lugar de funcionamiento de la televisión pública brasileña, el conjunto de radios estatales y la agencia de noticias dependiente de ese Estado. Delante de sus pares, y también de periodistas, docentes universitarios y representantes de grupos no gubernamentales, Cynthia Ottaviano explicó las diferencias entre la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la anterior ley de la dictadura militar. “En el actual contexto de libertades y derechos vigentes en mi país -dijo la Defensora-, la Defensoría aparece para proteger esos derechos, hacerlos respetar y garantizar que la comunicación y la información sean horizontales”. En diferentes videos y audios, los asistentes se acercaron al funcionamiento del organismo, su modalidad de trabajo y las acciones llevadas a cabo desde su aparición, en noviembre pasado.
“En Brasil -manifestó Romão- se vive un momento oportuno para la reflexión sobre la educación, el acceso a derechos y los canales disponibles para el diálogo. Las Defensorías permiten una escucha humanizada y activa del público, que busca hacer nuevas preguntas”. Breve consideró a la comunicación “como un servicio público, porque la sociedad tiene dos derechos sagrados: saber y decir”. Y agregó: “La libertad de expresión no es sólo de los propietarios de los medios, sino que es toda la sociedad la que precisa ser oída. Ninguna ley o declaración de derechos humanos actúa por sí sola. La Defensoría tienen la tarea de hacer valer esos principios y dar respuestas, y los medios públicos tienen el deber de escuchar”.
Sobre la actividad, Lima manifestó que “en Brasil son pocas las Defensorías del Público en el área de la comunicación. Con este coloquio queremos estimular a que otros sectores de la comunicación creen estos organismos, fundamentales para saber cómo nos está viendo la gente”.
Más allá de las charlas e intervenciones de cada representante, durante el coloquio se opinó sobre el papel que cumple la Defensoría argentina, teniendo en cuenta que su órbita de acción es todo el territorio nacional. Patricio Gutiérrez del Alamo, Defensor del Radioescucha de la Radio Televisión de Andalucía, destacó la experiencia de Argentina “sobre todo en las escuelas y con las organizaciones de la sociedad civil. Es muy interesante por su carácter pedagógico. Nosotros en Andalucía no tenemos esa capacidad”. Paola Vargas, representante del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia en Medellín, Colombia, también recalcó las características diferentes del organismo conducido por Ottaviano, “porque con su propuesta logra abarcar al público de la radio y la televisión en general, y su carácter es amplio”. En el mismo sentido, Lima explicó que “al contemplar tanto a los medios públicos como privados, tiene un nivel macro. Eso nos parece muy interesante y nos despierta mucha curiosidad: cómo hacen para atender las demandas del público en un país tan grande”.
La EBC es definida como una “institución de la democracia brasileña, pública, inclusiva y ciudadana”, creada en 2007 para fortalecer el sistema público de comunicación integrado por TV Brasil, TV Brasil Internacional, Agencia Brasil, Radioagencia Nacional y el Sistema Público de Radio del país vecino, compuesto por ocho emisoras. Se trata de medios con autonomía para definir la producción, programación y distribución de contenidos periodísticos, educativos, culturales y de entretenimiento.
“Nos parece fundamental generar vínculos con otras Defensorías de nuestra región -pidió Ottaviano-, porque hay que profundizar una mirada latinoamericana en la construcción de una comunicación democrática”.