Según el acuerdo firmado por la titular del organismo, Cynthia Ottaviano; el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella; y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Andrés Franco, las instituciones se comprometieron a desarrollar acciones para la promoción de una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia.
Ottaviano sostuvo que “Vivimos en una sociedad adultocéntrica que está organizada a partir de la mirada de los adultos y de sus propios intereses, sin tener en cuenta la voz de los niños, niñas y adolescentes”. Y agregó que “es fundamental que aunemos esfuerzos entre distintos organismos del Estado y la sociedad civil para desarrollar políticas públicas que construyan colectivamente una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia”.
Para Sabbatella, “este convenio significa un paso fundamental para seguir avanzando en las profundas transformaciones que promueve la LSCA para la construcción de una sociedad más democrática”.
En el marco del acuerdo, los organismos elaboraron un cuadernillo destinado a estudiantes y profesionales de la comunicación que incluye herramientas y recomendaciones para abordar las cuestiones relacionadas con la niñez y la adolescencia.
Descargar cuadernillo "Por una comunicación democrática de la Niñez y la Adolescencia"
En los últimos días hemos recibido una gran cantidad de consultas en las que el público manifiesta su preocupación porque "un decreto presidencial obligaría a doblar al castellano todos los programas que se emitan por televisión" y ello, según interpretan, "imposibilitaría el acceso a las personas con discapacidad auditiva, ya que se dejarían de subtitular dichos programas".
La Defensoría del Público quiere llevar tranquilidad a todas aquellas personas que han expresado su preocupación, aclarando que la aplicación de este Decreto no suprime de ningún modo el subtitulado de los programas de televisión.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es muy clara al determinar que los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional, deben incorporar subtitulado oculto, lengua de señas y audiodescripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales y adultos mayores; independientemente de si están doblados al castellano o no.
El decreto 933/2013 dictado recientemente por el Poder Ejecutivo de la Nación establece cuándo el doblaje al castellano deberá ser realizado por trabajadores y trabajadoras argentinos/as. Está claro que esta nueva norma no es incompatible con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sino que la complementa.
La titular del organismo, Lic. Cynthia Ottaviano, resumió la tarea realizada por la Defensoría desde noviembre de 2012, pero además les dio la palabra a representantes de pueblos originarios, asociaciones que trabajan por los derechos de personas con discapacidad y también a quienes forman parte del movimiento de la diversidad sexual y de género, quienes resaltaron la agilidad que recibieron desde el momento en que realizaron sus reclamos o consultas.
“No hay atención al público, sino que nos relacionamos con las audiencias”, dijo Ottaviano, después de agradecer a los 800 firmantes que, por medio de una solicitada publicada en los medios gráficos nacionales, apoyaron su designación a fines del año pasado. Luego expresó que “a cada modelo político le corresponde un modelo comunicacional”, para resaltar la importancia de la LSCA en el marco nacional actual y destacó la gestión de la Defensoría “no sólo para atender reclamos de las audiencias, sino además para instar a que la Ley se cumpla”. Y detalló: "Si bien la Defensoría no tiene capacidad sancionatoria, tiene una extraordinaria capacidad de mediación, de tender puentes para defender al público. Somos el único organismo del mundo que convoca sistemáticamente a oyentes y televidentes a manifestar su opinión".
La actividad se llevó a cabo en el salón del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación y asistieron, entre otros, Taty Almeida, de Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo; Néstor Piccone, de la Coalición para una Comunicación Democrática; Lidia Fagale, secretaria general de la UTPBA; Rafael Iannover, ex vicepresidente de Papel Prensa hasta 1976; Marcelo Duhalde, director de Prensa del Archivo Nacional de la Memoria; y los periodistas Roberto Caballero, Hernán Brienza, Alberto Ferrari y Enrique Masllorens.
Ottaviano presentó a los responsables de la Coordinación General y las siete Direcciones de la Defensoría, resumió las características de las casi 400 denuncias y reclamos recibidos y explicó que esa demanda de oyentes y televidentes se vincula sobre todo a la recepción de la Televisión Digital Abierta (TDA), la falta de protección a niños y adolescentes en los medios, la discriminación, los mensajes estereotipados y el abono social al que deberían acceder los sectores de menores recursos para contar con señales audiovisuales.
A lo largo de dos horas, distintos protagonistas que en su momento acercaron inquietudes a la Defensoría, ejemplificaron la tarea del organismo. Ana María Ríos, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación, contó el caso de una profesora cuyo nombre es igual a una de las inculpadas por el caso Tribilín por abuso infantil, utilizado indebidamente por C5N para sus informes. Martín Canevaro, presidente de 100 % Diversidad y Derechos, resumió su denuncia presentada por censura en Telefé. Y Enrique Pareta, productor de CN23, elogió la Guía para la Cobertura Periodística Responsable de Desastres y Catástrofes elaborada entre la Defensoría y más de 70 profesionales de los medios.
También hablaron Claudia Kux, docente del Colegio Inmaculada de Burzaco; Mariela Flores, representante de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán; Néstor Piccone; Gabriela Bianco, experta en lengua de señas y directora de ADAS; y Marcelo Calvo, director de la Biblioteca Braille de la Provincia de Buenos Aires.
Ottaviano explicó otras tareas docentes y de promoción impulsadas por el organismo, como la próxima creación de una biblioteca especializada en medios audiovisuales, los trabajos de capacitación para la instalación de nuevos medios, la redacción de protocolos de buenas prácticas en materia comunicacional, el desarrollo de Audiencias Públicas en todo el país, y la firma de convenios con diferentes organismos para tareas conjuntas.
La jornada contó con la traducción simultánea en Lengua de Señas Argentina. Y fue transmitida en vivo a través de la web de la Defensoría del Público www.defensadelpublico.gob.ar.
La Defensora destacó a la Ley como “de vanguardia y modelo en toda nuestra Patria Grande”, no sólo por su “implementación, que está absolutamente vigente, sino además por el consenso que tuvo y la participación que generó desde su preparación hasta su aprobación definitiva”.
Cynthia Ottaviano mencionó algunos ejemplos de las 400 denuncias y consultas recibidas por el organismo hasta hoy y explicó que al no haber sido creada para sancionar, la Defensoría nació “para dialogar, para ser un enlace y un puente. Tenemos una enorme tarea pedagógica por delante”. Aclaró que el fin es hacer que la Ley se cumpla y que ese cumplimiento no se da “cuando en la radio o la televisión se discrimina, cuando hay mensajes estereotipados, cuando se ejerce violencia mediática o las veces que no se respeta la grilla de programación”. Y agregó: “Invisibilizar problemáticas también es discriminar”.
Para la Defensora, tanto la radio como la TV “forman parte del desarrollo socio cultural de la Argentina”, y ese desarrollo se logra estando del lado de los oyentes y televidentes. “Porque yo no soy neutral, defiendo al público”. Manifestó que “a cada modelo político le corresponde un modelo comunicacional, y la característica del actual modelo político nacional es la democratización de la palabra”.
La diputada Bisutti recordó que la Ley “logró un gran apoyo en las Cámaras, pero lo que siempre es digno destacar es el grado de compromiso y participación de la gente, las organizaciones, las universidades y la sociedad en general, para que ese articulado haya tomado forma”.
El acuerdo, suscripto por Fernández y la titular de la Defensoría, Cynthia Ottaviano, apunta a seguir los postulados de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para “asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía de los pueblos indígenas”, garantizando “el cumplimiento de los derechos consagrados institucionalmente, su defensa y desarrollo, a fin de lograr la plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades”.
“Seguimos eligiendo al público y seguimos eligiendo distribuir la riqueza informativa”, dijo Ottaviano. Y agregó: “La Ley reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho. Pero es necesario que profundicemos las políticas inclusivas porque nadie reclama un derecho que no conoce. Es clave que la Ley se traduzca a las lenguas de nuestros pueblos originarios porque se cumplirá una doble misión: la de difundir sus derechos y también su cultura a través del idioma”.
Los dos organismos llevarán a cabo actividades de investigación, capacitación y promoción y el Instituto transcribirá material bibliográfico -aportado por la Defensoría- a cinco idiomas de las comunidades originarias. “Es muy importante el relevamiento de tierras en manos extranjeras dado a conocer por el Gobierno nacional -sostuvo Fernández-, porque eso es información”.
El dirigente explicó detalles del funcionamiento del Consejo de Participación Indígena (CPI) en las provincias, que contribuye a “canalizar demandas, recuperar relatos ancestrales e incorporar a esos pueblos a las políticas públicas vigentes”. Delia Perot, coordinadora del área educativa del Instituto, destacó la vinculación con la Defensoría para que “a través de los medios audiovisuales, la información contribuya a afianzar la cultura de estos pueblos”. En un reciente trabajo de investigación fueron relevadas 400 comunidades, que ocupan aproximadamente 4 millones y medio de hectáreas en todo el país.
Ottaviano también resaltó la importancia del trabajo conjunto y recordó que la Defensoría “trabaja para que el ISER, que forma locutores para trabajar en radio, incorpore la fonética de los pueblos originarios a su preparación”.