En diciembre de 2015 se sucedieron una serie de medidas que afectan el articulado y la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2009 tras un amplio y extenso debate que involucró a los tres poderes del Estado nacional y a toda la sociedad.

Estos cambios, complejos, se sucedieron en pocos días y tienen un enorme impacto en la concepción de la comunicación, los medios y el rol del propio Estado en su regulación. La Defensoría del Público se manifestó a través de la resolución 21/2016, que expone los argumentos jurídicos en que se sustenta el paradigma de la comunicación como derecho humano fundamental e inalienable.

Además, la Defensoría del Público elaboró un documento, fundamentado en esa resolución, organizado en preguntas y respuestas que dan cuenta de los efectos inmediatos y posibles de los decretos, de las reacciones frente a estas medidas y de una cronología que permanece en construcción. De esa línea de tiempo forman parte las denuncias y solicitudes de intervención que la Defensoría recibió a partir de diciembre y que dan cuenta, junto a otras iniciativas, de la movilización ciudadana y la ampliación de los debates. Este documento es un insumo para esos intercambios.

¿Qué es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y cómo fue creada? ¿Está vigente? ¿Qué decretos la modifican? ¿Corresponde que estos cambios se realicen por decreto? ¿Por qué es importante que se dé marcha atrás con estas modificaciones? ¿Alguien las rechazó? ¿Qué estamos haciendo al respecto desde la Defensoría del Público? Éstas son algunas de las preguntas que guían el documento, que se puede descargar aquí.