En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se realizó el cuarto encuentro del ciclo organizado por el Espacio de Articulación de Organismos del Estado Nacional por la Igualdad de Género.
“Creció mas la crítica o el poder de observación de la ciudadanía hacia los medios que la crítica en los mismos medios”, señaló la periodista Luciana Peker, al analizar el contexto en el que se inscribe la violencia mediática contra las mujeres. La redactora de Página/12 y columnista en distintos programas de radio, también indicó que este cambio es posible “como resultado del trabajo del movimiento de mujeres y de un Estado que asumió un rol activo a partir de la normativa vigente”. Al hablar de las publicidades señaló que “ni en la cocina, ni ser secretaria, ni llegar a la casa y dar un abrazo, son representaciones que están fuera de la realidad de las mujeres, pero al reforzar únicamente esas funciones aparece un gran deseo de que las mujeres ocupen el lugar de las que callan, escuchan o acompañan.” “Si una mujer goza sigue siendo algo pecaminoso, que la primera dama sea sexy es algo bueno. Hay una mirada sexualizada o erotizada construida como un factor positivo pero no reconoce el goce de las mujeres”, reflexionó Peker. “En la vinculación con el poder, se presenta al goce como perjudicial para la mayoría de la población y como una perversión. Es la metáfora más alarmante del goce del poder femenino” concluyó la periodista.
Para Myriam Pelazas, coordinadora del Observatorio de Discriminación en Radio y Televisión de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), “en la cobertura de los casos de violencia contra las mujeres en los noticieros observamos que había focalización en lo morboso, descontextualización de los casos, ausencia de expertos, pero vemos que empieza a haber columnistas sobre el tema en algunos medios. Estos datos surgen del monitoreo realizado en 2014.” El Observatorio, creado en 2007, también está integrado por el Consejo Nacional de las Mujeres y el INADI.
“Los avisos del rubro 59 antes se tomaban para la risa, hemos avanzado en la desnaturalización del delito pero también en la denuncia activa de mensajes que ya no son tolerados en los medios” afirmó Chantal Stevens, coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación. Destacó que “la gran mayoría de los diarios han quitado los avisos, pero todavía hay cuatro medios gráficos en todo el país que siguen publicando ofertas de aviso sexual”.
Por su parte, Romina Coluccio, de la Dirección de Capacitación de la Defensoría del Público, señaló que “a 3 años de la creación del organismo, los reclamos y consultas de las audiencias marcaron la agenda de trabajo. Una de las principales preocupaciones planteadas es la cosificación y sexualización de las mujeres y la estigmatización de los colectivos de la diversidad sexual e identidad de género.” Por eso, la Defensora Cynthia Ottaviano declaró el año de lucha contra la violencia mediática y la discriminación de género en 2014, desarrollando capacitaciones en todo el país para promover la comunicación audiovisual desde una perspectiva de derechos.
Del ciclo “Conceptualización de las modalidades de la violencia de género” participan más de 100 trabajadores y trabajadoras de poder judicial, legislativo y ejecutivo. Es una iniciativa de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo Nacional de las Mujeres y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cada uno de los encuentros del ciclo se transmite por internet. Quienes quieran ver la conferencia sobre violencia mediática pueden hacerlo aquí.
Durante una doble jornada realizada en el auditorio de la Defensoría del Público, el organismo celebró la graduación de las y los estudiantes que durante 2014 cursaron la Primera cohorte del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades (PACGES). Y además, celebró un encuentro de evaluación con aquellas personas que asistieron a la Segunda cohorte, a lo largo de este año.
“La Defensoría tiene mandato por ley de recibir y canalizar los reclamos del Público –sostuvo la titular de la entidad, Cynthia Ottaviano-, pero también está llamada a convocar a un debate permanente, a contribuir a la educación crítica de las audiencias y socializar la construcción colectiva de nuevos saberes, producto de esa tarea dialógica y pedagógica que realiza. Este programa se creó a partir de las demandas concretas de las audiencias y el vínculo virtuoso entre la Defensoría y la UBA, que seguirá adelante en 2016 para concretar la tercera cohorte”.
El Programa es gratuito, y está destinado a graduados/as y estudiantes avanzados/as en Comunicación; periodistas y profesionales de los medios; docentes de todos los niveles; funcionarios/as de organismos públicas e instituciones de la sociedad civil.
Se trata de una iniciativa conjunta de la Defensoría y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de comprender las problematizaciones alrededor de las diferencias de género y sexualidad, abordar la comunicación con lenguajes propios, y reflexionar críticamente sobre las normativas y políticas públicas en estas materias.
“Cuando armamos este proyecto -explicó Romina Coluccio, integrante de la Dirección de Capacitación de la Defensoría-, fue para promover la equidad de género en la radio y en la televisión, pero sabiendo que el desafío excede ese terreno, por la existencia de otros agentes que también inciden en nuestra formación cultural, como el mundo de la educación”.
Carolina Spataro, una de las docentes encargadas de llevar adelante el Programa, reconoció que “en el ambiente universitario había una fuerte demanda de alumnos que buscaban prepararse en este terreno de la comunicación. Por suerte, gracias a la articulación de actividades entre la Facultad y la Defensoría, esa preparación puede hacerse realidad”.
Quienes participan de la cursada provienen de distintos ámbitos: conductores y conductoras de radios de baja potencia, estudiantes de la universidad y docentes, por ejemplo. Todos resaltaron el hecho de que sean dos organismos públicos, como la Defensoría y la Facultad de Sociales, los que hayan propuesto el desarrollo de las clases.
La idea de la cursada partió de los reclamos y consultas recibidas por la Defensoría desde su creación, en relación a la representación de géneros, y la cosificación y la estigmatización que muestran los medios audiovisuales en este terreno.
La propuesta curricular de la cohorte abarca distintas materias, como “Teoría de géneros y sexualidades”, “Historia de las luchas de género y diversidad sexual en Argentina”, “Ciudadanía sexual y de género: experiencias y prácticas de la cultura contemporánea”, y “Abordajes culturales y comunicacionales en torno a géneros y sexualidades”, entre otras.
El curso de formación es impulsado por el Espacio de Articulación de Organismos del Estado Nacional por la Igualdad de Género y tiene como objetivo problematizar las distintas violencias que afectan a las mujeres. Una iniciativa de cinco encuentros coordinada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo Nacional de las Mujeres y la Defensoría del Público.
Durante el tercer encuentro se abordaron las violencias laboral e institucional. El marco conceptual estuvo a cargo de la Dra. Patricia Suárez, coordinadora de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral (OAVL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). Suárez definió la violencia laboral como “la asimetría que se da en una relación basada en el abuso de poder cuya estrategia es definida y busca someter o expulsar a un trabajador o trabajadora del ámbito laboral”. Aclaró que esta violencia se ejerce “a veces por acciones sutiles u omisión y busca menoscabar a la persona que la sufre”. Se puede observar en tres modalidades: acoso psicológico que busca atacar la dignidad de la persona, agresión física y acoso sexual. “Éste tipo de violencia afecta la salud de las mujeres, las aleja del grupo de pertenencia y responde a un componente cultural machista y patriarcal que sostiene ciertas prácticas que repercuten en la vida cotidiana” añadió. Por su parte, la Lic. Verónica Sivack, también integrante de la OAVL, señaló que de las 9000 consultas recibidas desde 2007, el 80 por ciento encontró una respuesta positiva y mejoraron su situación en el trabajo. “Uno de nuestros logros es conseguir que las personas se fortalezcan para posicionarse desde otro lugar, garantizando la privacidad de las consultas y el acompañamiento en todo el proceso”. Además lograron que más de 150 organizaciones sindicales y gremiales del país se unieran para llevar la propuesta de trabajo libre de violencia en todos los espacios relacionados y que algunas organizaciones empresariales firmaran un acta compromiso para no reproducir la violencia laboral. “El desafío a futuro es que en todas las provincias puedan existir oficinas de atención en la temática”, concluyó Sivack.
Sobre violencia institucional habló el Dr. Lucas Ciarnello, coordinador de la Unidad de Registro de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación. Señaló que el primer trabajo que tuvieron que realizar hace tres años fue la conceptualización de éste tipo de violencia que “se da a partir de analizar las condiciones de posibilidad que permiten éste tipo de violencia a partir de prácticas, perpetradores y contextos específicos”. Para ampliar la definición explicó que en cuanto a las prácticas “no se trata de transgresiones individuales sino estructurales de violación de derechos; cuando hablamos de contextos se trata de espacios de restricción de autonomía y libertad que se dan en las relaciones interpersonales entre las personas y los agentes públicos; y respecto a los perpetradores hablamos de agentes públicos que tienen legitimado el uso de la violencia física y la coerción por parte del Estado, como son las fuerzas de seguridad, la policía, los operadores de salud y justicia y el servicio penitenciario, pero hacen abuso de ese poder.”
La Dra. Cecilia González de la Comisión sobre temáticas de género del Ministerio Público de Defensa hizo hincapié en la necesidad de trabajar las “violencias estructurantes que obstaculizan el ejercicio del derecho a defensa por parte de las mujeres en casos de trata o violencia, el acceso al arresto domiciliario para quienes tienen hijos/as pequeños/as y la capacitación a operadores de justicia y de salud para los casos de abortos no punibles”. Uno de los desafíos que señaló es el diseño de “políticas públicas para abordar los casos de violencia doméstica que sufren las madres con arresto domiciliario”.
El ciclo “Conceptualización de las modalidades de la violencia de género” inició con el abordaje de la violencia doméstica y en la segunda jornada se problematizaron las violencias contra la libertad reproductiva y obstétrica. La próxima semana se realizarán los últimos dos encuentros: el martes 24 de noviembre se trabajará sobre violencia mediática y el jueves 26 sobre el delito de trata de personas. Todas las conferencias se pueden ver en vivo en www.defensadelpublico.gob.ar
En el marco del Programa de Promotores Territoriales en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Trabajo, se realizó la charla “iguales y diferentes: migrantes, género y diversidad sexual”, de la que también participó la Defensoría del Público.
Durante el encuentro, que se realizó en el Faro de la Memoria de la ciudad de Mar del Plata, organizaciones locales de diversidad sexual e identidad de género y organismos públicos compartieron sus acciones para erradicar prácticas discriminatorias que vulneran derechos. Desde la Defensoría del Público se planteó la posibilidad de pensar el derecho a la comunicación como parte de los DDHH que hacen a la vida cotidiana de las personas y al ejercicio pleno de la ciudadanía.
“Es importante que podamos entender que la construcción de representaciones mediáticas que invisibilizan o estigmatizan la pluralidad de formas de ser presentes en la sociedad atentan con el principio de igualdad, trato digno y respetuoso hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex (LGBTI). La discriminación se da en muchos ámbitos, también en los medios audiovisuales”, señaló Marcela Gabioud, integrante del equipo de Capacitación de la Defensoría del Público.
Javier Moreno Iglesias, presidente de la Asociación Marplatense de Derechos por la Igualdad (AMADI), planteó la importancia de diferenciar entre los conceptos de Identidad de género y orientación sexual. “Estamos dando charlas en las escuelas secundarias, y nos pasa que públicamente chicos y chicas salen del closet, sienten identificación con lo que explicamos sobre que la Identidad tiene que ver con cómo cada persona se percibe a si misma y la orientación se vincula más con el deseo hacia otra persona, que no es estable, que cambia y que cada cual lo vive a su forma”.
Agustina Ponce, de la Asociación Mar del Plata Igualitaria, habló sobre su experiencia en la construcción de su identidad como mujer trans. “Para nosotras la democracia llegó en 2012, cuando se aprobó la Ley de Identidad de Género, porque antes no teníamos derecho a decidir quiénes eramos, nos perseguía la policía, nos daba vergüenza ir a votar”. Sobre la discriminación, desigualdad y exclusión que todavía afecta a las personas trans, Agustina señaló que “a los 13 años la mayoría de nosotras es expulsada de su hogar y terminamos muriendo antes de los 40 años por la vida a la que nos empuja la sociedad”.
“El acceso a la justicia tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos, que se dificulta en los sectores de mayor vulnerabilidad, por carencias simbólicas, de educación, económicas o de diversa índole” señaló Pablo Carignano del equipo de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (ATAJO).
La fotógrafa Cecilia Ravalli, compartió una serie de imágenes sobre un grupo de transformistas, una persona que de día vestía como varón y de noche como mujer, transitando su definición trans femenina y un grupo de mujeres trans que trabajan en la cooperativa textil del Movimiento Atahualpa de la ciudad.
Ana Pecoraro, coordinadora del espacio, consideró que “además de la formación de promotores en derechos humanos, estos encuentros deben ser abiertos a la comunidad para que pueda interiorizarse sobre los derechos ganados y los avances logrados en estos años para construir una sociedad mas justa e igualitaria.”
Se realizó el segundo encuentro de formación promovido por la Defensoría del Público, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo Nacional de las Mujeres en el marco del Espacio de Articulación de Organismos del Estado Nacional por la Igualdad de Género.
El Dr. Tomás Ojea Quintana, abogado especialista en Derechos Humanos y asesor del Consejo Nacional de las Mujeres, fue el encargado de abrir la jornada sobre violencia contra la libertad reproductiva y violencia obstétrica. “La discusión acerca de los derechos de las mujeres, de las violencias que sufren, tiene una clara dimensión de Derechos Humanos. Hay un elemento crucial que es el rol del Estado, no sólo para evitar la vulneración de derechos sino, para promoverlos y establecer políticas donde se puedan ejercer masivamente los derechos sexuales y reproductivos”. Destacó la importancia que tiene el Estado ya que “es crucial en la vida de los pueblos para acceder a todos los derechos, sobre todo para quienes tienen menos recursos económicos”. En cuanto al marco legal señaló que “en la Argentina hay un proceso de reconocimiento en forma más expresa. La Ley Nacional Nº 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable introduce un cambio sustancial ya que le demanda al Estado distribuir anticonceptivos en todo el país en forma gratuita.”
A partir de los temas planteados, los organismos nacionales encargados de trabajar sobre éste tipo de violencias, comentaron los avances y desafíos actuales. La Dra. Ana Palazzessi, integrante del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, comentó los logros vinculados a la difusión de las leyes sobre la temática, la creación del 0800 222 3444 que recibe denuncias sobre violencia obstétrica, las conserjerías previas y posteriores a las interrupciones voluntarias de embarazos. “Hemos logrado que en el 96,8 por ciento de los hospitales y centros de salud se acceda a métodos anticonceptivos” resaltó. En cuanto a los desafíos, “se dividen en dos líneas, una vinculada a accesibilidad a métodos anticonceptivos elegidos durante el embarazo, después de un evento obstétrico. La otra, orientada a cambiar el paradigma de atención al nacimiento en todos los ámbitos tanto educativos como de la salud, desnaturalizando las prácticas que vulneran derechos”.
Por el Programa Las Víctimas Contra Las violencias del Ministerio de Justicia y DD.HH de la Nación, expuso la Lic. Paola Rovediello quien comentó que desde su creación en 2006, trabajan asistiendo a las víctimas de delitos sexuales en el momento de la denuncia con un móvil, evitan cualquier interrogatorio policial innecesario, trasladan y acompañan a un hospital público como también a la división de individualización criminal y técnicamente asisten a la familia de la víctima. “Recibimos más de 100 llamados por año en la línea 137 donde atendemos con un equipo interdisciplinario”, agregó.
La Lic. Graciela Vargas del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una experiencia junto a Julia Bertucci del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura de la Nación. Se trata de un documental llamado “Puja” junto a una exposición fotográfica que recorre el país y busca “difundir y empoderar a las mujeres para reclamar los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva y a la violencia obstétrica, que es una de las que menos somos conscientes las mujeres”.
Los próximos encuentros del ciclo “Conceptualización de las modalidades de la violencia de género” problematizarán la violencia institucional, la violencia laboral y la violencia mediática. Se desarrollarán los martes 17, 24 y jueves 26 de noviembre, de 10 a 12 hs. en la sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Todas las conferencias se pueden ver en vivo por la web del organismo.