Los informes especifican que “para la realización del proyecto de la EDT Leones no se verá afectada de forma directa la población próxima a la zona de emplazamiento, al estar ubicada en un predio abierto a distancia considerable de asentamientos urbanos, dentro de un predio que ya posee antenas de otras características (…) No hay empresas de transporte, estaciones de servicio ni depósitos de combustible o explosivos en un radio inferior a 2 km (…) no habrá impacto significativo sobre los ecosistemas o alteración de los procesos ecológicos esenciales, no se encuentra ninguna área Natural protegida (…) el impacto en el paisaje es el impacto negativo más importante, pero ha sido minimizado al colocar la antena en una zona altamente modificada, dentro del radio urbano, con escasos valores paisajísticos. Se puede considerar este daño de escasa importancia”.
Además, en las más de 200 hojas de documentación recibidas, en el informe de la CNC consta como conclusión que “en el peor de los casos se observa que los valores obtenidos de los cálculos de Intensidad de Campo Eléctrico (ICE) son notablemente inferiores a los valores máximos de exposición permitidos según la norma (…) estaría aproximadamente 37 veces (36,89) por debajo del límite máximo establecido en la normativa vigente en nuestro país, siendo además coincidente con la recomendación que dictara a posteriori la Organización Mundial de la Salud”[1].
La Defensoría del Público seguirá poniendo en conocimiento de la sociedad la documentación que le sea remitida por los diferentes organismos a los que se les requirió, incluida la CNC que comprometió el envío de “estudios comparativos entre ese organismo y universidad de prestigio”.
[1] Proyecto Infra Satvd-T Leones, provincia de Córdoba. Legajo Técnico del proyecto, visado por el colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de Córdoba. Trámite de aviso de proyecto, documentación para la habilitación Proyecto Satvd-T EDT Leones Córdoba.
La Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, licenciada Cynthia Ottaviano, y el rector de la Universidad de Avellaneda, ingeniero Jorge Calzoni, firmaron un convenio de cooperación y asistencia mutua. El objetivo es formalizar la colaboración y asistencia entre ambos organismos para impulsar y fortalecer el derecho a la información, la comunicación y los valores de la libertad de expresión, así como la implementación de la Ley N°26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El acuerdo también establece la intención de llevar adelante, en el ámbito de la Universidad, foros dirigidos a la comunidad en general, con el objeto de hacer efectivo el derecho a la participación, difundir los contenidos de la normativa sobre servicios de comunicación audiovisual, y dar a conocer la Defensoría del Público y sus funciones.
“La variable ya no es económica, sino que es la del derecho a la comunicación. Hoy ha comenzado a aparecer un alguien que se llama público, que tiene derechos y reclama”, enfatizó Ottaviano.
Durante el encuentro, llevado a cabo en la Sala del Consejo Superior de la Universidad de Avellaneda, también estuvieron presentes además la secretaria general, Patricia Domenech; el coordinador de la Carrera de Periodismo, Daniel Escribano; el director de Radio UNDAV, Mario Giorgi; y el director de la revista cultural Garabombo, Carlos Zelarayán.
En ese sentido, los organismos firmarán una carta de intención, que posteriormente Nemirovsci elevará al Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para formalizarla en un convenio. El proyecto apunta a facilitar, desde lo tecnológico y social, las condiciones de acceso e inclusión al principal medio de comunicación del país.
Asimismo, durante la reunión que tuvo lugar hoy en las oficinas de la TV Digital, Ottaviano y Nemirovsci trataron temas vinculados a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y coincidieron en que la vigencia de esta normativa “ha tenido un profundo impacto social, económico y cultural, logrando hacer de la radiodifusión un espacio más inclusivo, accesible y federal”.
La Defensoría del Público firmó un acuerdo de cooperación muta con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para establecer lazos de participación mutua y asistencia recíproca en los temas que hacen a la competencia de ambas partes.
En el convenio, ambos organismos se comprometen a: “brindar un marco a partir del cual se promueva la colaboración y asistencia técnica recíproca entre las partes signatarias, a efectos de profundizar la tarea de la defensa de derechos del público de Servicios de Comunicación Audiovisual y de los derechos contenidos en la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240, así como todo lo relacionado con la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nro. 26.522”, según la primera cláusula del texto.
En el acto la subsecretaria María Lucila “Pimpi” Colombo puntualizó que “trabajar en conjunto con la Defensoría del Público es uno más de los desafíos que supone mirar a la defensa de los derechos de los consumidores desde una óptica integral, desde un concepto de país en el que hay lugar para todos”.
El objetivo principal del documento es que las partes logren realizar en forma conjunta actividades de capacitación, campañas de difusión y tareas de concientización, promoción y/o de participación, a efectos de contribuir a la divulgación del conocimiento sobre el derecho a la información, a la comunicación y los valores de la libertad de expresión, además de los aspectos vinculados a la normativa de Servicios de Comunicación Audiovisual y la defensa del usuario en las relaciones de consumo.
“Nosotros, desde nuestro centro de atención, vemos todo el tiempo que si uno atiende bien una llamada, la gente consulta cosas que no son de nuestra área. Por eso, si actuamos como una red para atender los reclamos que se acercan al Estado, derivándonos las consultas y trabajando en conjunto, seguramente las respuestas que demos serán más rápidas y mejores”, sostuvo Colombo.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual opinó en una denuncia por violencia mediática contra las mujeres que invoca la ley de Protección Integral de las Mujeres y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La diputada nacional Julia Argentina Perié presentó, a título personal, el 5 de diciembre pasado ante la Defensoría del Publico una denuncia por violación a la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por opiniones vertidas durante la emisión de un programa radial de la provincia de Misiones. La Diputada solicitó sanciones para los agresores y medidas para evitar cualquier repetición de este tipo de violencia mediática.
El hecho se registró el 9 de octubre de 2012 en la emisión del programa “El show de los impactos”, que conduce Alfredo Abrazián, por FM Show de la ciudad de Posadas. Ahí se pudo escuchar al aire una serie de agravios y groseras descalificaciones del conductor a las participantes del XXVII Encuentro Nacional de Mujeres, como así también a la diputada Perié.
Durante la emisión del programa, Abrazián se refirió a las mujeres que participaron del encuentro como “secas de mierda, para qué puta vinieron acá a la provincia de Misiones”. Y sobre la diputada Perié, el conductor dijo: “guacha, hija de mil putas, es candidata a gobernadora. ¿Vos te podés creer que en esta provincia podemos tener cualquier puta metida en el medio?”.
En este sentido, la resolución de la Defensoría del Público estableció que es necesario recordar que la ley promueve “la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género ni orientación sexual” (art.3 inc. “m”). ¿Qué tratamiento “plural, igualitario y no estereotipado” se propone el comunicador cuando a una mujer o a un grupo de mujeres las califica de “secas de mierda”, “guacha, hijas de mil putas”, “yegua”, “puta” y ordena “ódienla”?”.
“Podemos considerar que la descalificación y estigmatización propone un modo de visibilización pública de las mujeres que remite a representaciones que circulan socialmente y que tienden a la naturalización de diversos tipos de violencia ejercida sobre ellas. “Yegua”, “guacha, hijas de mil putas” y “secas de mierda”, son calificaciones que operan en el plano del imaginario social, reforzando estereotipos de desigualación social, ya que son imaginarios que se inscriben en una historia social de dominación masculina, que criminalizó y estigmatizó al “otro”.
Perié había realizado presentaciones ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Consejo Nacional de la Mujer y los Tribunales de Posadas, y luego, ante la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, quien asumió su cargo el 15 de noviembre de 2012, por lo que el grave hecho denunciado quedó temporalmente fuera de su competencia. Sin embargo, la Defensora se puso en contacto con el INADI para poder tener acceso a sus actuaciones y ofrecer la opinión de la Defensoría.
Una vez estudiada la documentación, la Defensoría, recordó que “los servicios de comunicación audiovisual son una actividad social de interés público de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural” y señaló, además, que en el programa de radio no se buscó informar sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, sino agredirlo: “Es necesario reflexionar, entonces, sobre cómo al insultar y descalificar se insertan imágenes sobre un fondo ya naturalizado, que termina por ser legitimado y reforzado, donde se ratifican prejuicios existentes, dificultando la configuración de espacios sociales más democráticos e inclusivos en los medios de comunicación. El agravio como forma de clasificación supone una inferiorización del otro, cuando la defensa de la persona humana, propuesta por la LSCA, reconoce al otro como un par, en la comprensión de la alteridad como parte de un mundo compartido y de construcción común permanente. Desde el tipo de comunicación que se analiza, se establece un mundo en el que el “otro”, por su condición sexual o de género, estereotipado como “desviado”, es expulsado, incluso del ámbito mediático con la posibilidad del debate o intercambio de ideas, como señala la LSCA, porque no se entrevista a ninguna de las participantes del Encuentro, sino que se las condena sin escuchar siquiera su voz e incluso, se promueve el odio cuando el comunicador ordena a su público en imperativo: “ódienla”.
Finalmente Ottaviano ofreció cooperar en “la capacitación de las trabajadoras y trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual, en la perspectiva de los derechos humanos.”