27 de Febrero 2013. El inciso “e” del artículo 97 especifica que a la Defensoría del Público le corresponde “el cinco por ciento de los fondos recaudados” por la Administración de Ingresos Públicos, del “gravamen proporcional al monto de la facturación bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales”, abonados por “los titulares de los servicios de comunicación audiovisual”.

Durante el tiempo en el que el organismo no había sido creado, los recursos otorgados por ley fueron reservados en el cálculo de recursos de AFSCA, pero sin que pudieran ser utilizados por el presupuesto de gastos, por ser justamente de afectación específica de la Defensoría del Público. De manera que no es cierto que la Defensoría funcione con presupuestos de AFSCA, sino que sus recursos son establecidos por ley.

Una vez más se aclara que la dependencia orgánica de la Defensoría del Público es la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, y no el Poder Ejecutivo, del que sí depende la AFSCA.

El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial la modificación presupuestaria realizada por decisión administrativa Nro. 10/2013 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la que modifica el Presupuesto Nacional de 2013, ya que como se dijo, la Defensoría se creó a fines de 2012, y en el marco de las atribuciones otorgadas por el Congreso a esa Jefatura de Gabinete (Art. 37 de la Ley de Administración Financiera), transfirió los recursos que mal pueden ser una “resignación” de Sabbatella, ya que están establecidos por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Buenos Aires, 8 de Febrero 2013. Como forma de determinar si efectivamente la interrupción de las señales televisivas ordenadas por el mandatario cordobés estaba justificada en consecuencia de daños ambientales y a la salud de las personas, la Defensoría requirió a entes especializados “documentación respaldatoria y estudios que sustentan la puesta en marcha de estaciones de televisión digital”. El pedido del organismo, encabezado por Cynthia Ottaviano, se originó en las denuncias recibidas de vecinos y vecinas de Córdoba por la falta de servicio de TDA. En estos momentos, según informaron a la Defensoría, la cantidad de cordobeses afectados por la interrupción abrupta de las señales superaría el medio millón de personas.

Un informe de auditoría ambiental redactado por la Universidad Tecnológica Nacional constató mediciones de radiaciones no ionizantes (RNI) de la planta trasmisora ubicada en Luján, provincia de Buenos Aires. Las conclusiones establecieron que “los valores de RNI medidos están por debajo del máximo indicado por la norma”.  El resultado indica además que “los valores encontrados se encuentran como mínimo a 7, 8 veces por debajo del límite nacional más restrictivo para el grupo poblacional”.

Además, a través de una nota enviada por la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, a esta Defensoría, la funcionaria aseguró que “no posee estudios sobre posibles daños al ambiente producidos por antenas de televisión como las que utiliza la Televisión Digital Argentina, y no se han recibido denuncias de los vecinos”. Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, le informó a la Defensora que tampoco ese organismo “ha recibido denuncias por el corte de servicios de Televisión Digital Argentina y por posibles afectaciones del ambiente o la salud provocadas por antenas de TDA en la provincia de Córdoba”.

Otro relevamiento realizado por la CNC para el que “se realizaron comprobaciones técnicas en la cima del Cerro Mogote de los Congos, Malagueño, provincia de Córdoba, en cuanto a las mediciones de Radiaciones No Ionizantes (RNI) en diversos puntos del lugar” explica que “en el sitio se cumple con los límites de Máxima Exposición Permitida impuestos por el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación”. Para la confección del trabajo también se efectuaron mediciones de RNI en la zona urbana de la ciudad de Córdoba, donde se encuentra emplazado un Sistema de Televisión Abierta (Canal 12 de Córdoba) y dos estaciones de radio FM (Radio Mitre Córdoba y La Cien). El estudio estableció que “si bien los niveles de RNI cumplen con la normativa vigente (…), se comprobó que, en estos sitios, los valores de RNI son levemente superiores a los valores obtenidos en la cima del Cerro Mogote Los Congos”.

Para abarcar el máximo espectro posible de investigación, Ottaviano también pidió una estimación del número de vecinos y vecinas cordobeses que se encuentran privados del servicio gratuito. El Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, presidido por Osvaldo Nemirovsci, confirmó a la Defensoría del Público que “la cantidad de personas afectadas en toda la provincia es a nuestro juicio de cerca de 400.000, en virtud de un cálculo sostenido en la distribución por parte de organismos dependientes de esta Coordinación de 104.179 conversores”, pero que “a estos números habría que adicionar aquellos que utilicen la TDA mediante TV con sintonizadores incorporados o STB comprados privadamente, con lo que superaríamos con amplitud los 400.000 referenciados y estaríamos más cerca del medio millón de personas que dejan de ver TDA”.

La semana pasada, en respuesta a preguntas de la Defensoría, la CNC aseguró mediante un sondeo general que “los niveles de radiación de las estaciones de Televisión Digital Abierta (TDA) no son peligrosos”.