El equipo de trabajo de la Defensoría del Público, mantuvo una reunión con integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación General de Directores Autores Cinematógrafos y Audiovisuales (DAC) donde explicó las implicancias de las modificaciones introducidas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522 en su relación a la industria nacional del cine por los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Gobierno.
El integrante de la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público, Esteban Lopardo, abordó dos ejes en el debate junto al pleno de la Comisión Directiva.
Por un lado, la posibilidad de excluir al servicio de televisión por cable de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que podría tornar inaplicable el tercer párrafo del artículo 67 de la mencionada ley, que está relacionado con las obligaciones de la denominada cuota pantalla a los licenciatarios de servicios de televisión por suscripción.
Por otro, la preocupación de la industria nacional del cine ante la posibilidad que una nueva normativa excluya el pago de gravámenes a los servicios de radiodifusión por suscripción por vínculo físico y por vínculo radioeléctrico.
Quienes forman parte de la Comisión Directiva, consultaron cuales eran los porcentajes de los gravámenes que tributan los servicios de televisión por suscripción no satelitales , en su relación con el destino de los fondos recaudados y agradecieron las información desarrollada y la presencia de la Defensoría.
A partir de las 17.30 hs, la Defensora del Públiclo, Lic. Cynthia Ottaviano, participará de la charla “La comunicación, otra vez, en debate” junto al abogado especialista en libertad de expresión, Miguel Rodríguez Villafañe; la docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática de Córdoba, Judith Gerbaldo; con la coordinación la docente de la FCC, María Soledad Segura. El encuentro será en el Aula 6 de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ubicada en la calle Valparaíso s/n en la Ciudad Universitaria.
El eje del debate será el nuevo escenario creado a partir de la los Decretos de Necesidad y Urgencia y sus implicancias en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La disputa por el derecho a comunicar y el cambio de paradigma en un nuevo escenario para los medios y la sociedad con múltiples interrogantes.
Los derechos de los públicos, las consecuencias para los trabajadores de la comunicación audiovisual, las implicancias para los medios del sector social-comunitario, público y privado, y los desafíos de una nueva legislación serán los ejes centrales del encuentro.
Asimismo, los conferencistas brindarán detalles sobre las actuaciones desarrolladas por la Defensoría del Público, la Coalición por una Comunicación Democrática y diferentes organizaciones sociales y políticas para mantener el espíritu democrático, plural e inclusivo del derecho a la comunicación.
La organización del encuentro está a cargo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Proyecto "Sociedad civil y derechos a la comunicación y la cultura" del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
En el marco del IV Seminario Iberoamericano de Defensorías / Ouvidorias de medios, organizado por la Defensoría del Público de Argentina, representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, radios comunitarias, alternativas y ciudadanas y organismos públicos de 11 países firmaron una declaración en la que instan a que en cada una de esas naciones de la región se promueva la creación de Ouvidorias y Defensorías de las audiencias.
El texto de la declaración expresa: “Que la comunicación es un derecho humano fundamental e inalienable, tal como se refleja en los distintos acuerdos de carácter internacional, entre los más importantes, la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948, art. 19 y 27) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 22 de noviembre de 1969, art. 13).
Que tal concepción de la comunicación ampara el derecho individual de toda persona a manifestar el propio pensamiento sin menoscabos ni impedimentos pero, a la vez, también protege el derecho colectivo de recibir informaciones y opiniones, posibilitando así el conocimiento de las expresiones de las demás personas.
Que, en este sentido, es fundamental el rol de los Estados en la salvaguarda y promoción del Derecho Humano a la Comunicación, dado que se trata de una actividad social de interés público, a través de la que se exterioriza ese derecho humano.
Que desde esta perspectiva las audiencias dejan de ser consideradas como sujetos de consumo y pasan a ser contempladas como sujetos plenos de derecho, en su capacidad de recibir pero también de dar información”.
Luego, emitieron lineamientos básicos para que “las Defensorías u Ouvidorias no queden supeditadas sólo a la buena voluntad de quienes gestionan los medios de comunicación o reducidas a meras oficinas administrativas receptoras de quejas, es necesario dotar a estos organismos o figuras de un marco legal específico”. Entonces se acordaron los siguientes puntos:
- Establezca sus funciones, misiones y atribuciones.
- Su cobertura nacional, con alcance a todos los medios de comunicación audiovisual.
- Su autonomía e independencia, tanto de los gobiernos como de los propios medios de comunicación.
- La inclusión de instancias formales de participación social en la fase de elección de sus titulares, en la presentación de los balances de gestión, como así también en otras actividades o programas pedagógicos que se implementen.
- El establecimiento de mandatos acotados en el tiempo, para propiciar la diversidad de miradas y propuestas.
- La garantía de un presupuesto básico para su funcionamiento.
La declaración resalta las consideraciones incluidas en el informe 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión al sostener que “Organismos independientes de vigilancia pueden jugar un rol importante en la identificación y denuncia de contenidos de odio, así como en la promoción de la aplicación de los más altos estándares éticos. No obstante, al hacerlo deben adherirse a los estándares internacionales de derechos humanos. Ejemplos de recursos administrativos no punitivos implementados por organismos de vigilancia pueden encontrarse en las recientes medidas adoptadas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina con miras a promover el derecho a la igualdad y no discriminación en la programación de los servicios audiovisuales”.
El documento concluye "Observamos con preocupación cómo en diversos países de la región, las normativas vigentes favorecen la concentración de la comunicación, reduciendo así un derecho humano a un mero negocio, que se concentra en pocas manos e impacta negativamente sobre la pluralidad, la diversidad, la inclusión y la participación ciudadana. Ante este panorama y en el convencimiento de la necesidad de proteger y promover el Derecho Humano a la Comunicación, resulta fundamental la creación de instancias de representación de las audiencias, tales como las Defensorías u Ouvidorias”.
A continuación, el detalle de las personas que firmaron la declaración. Por Argentina, Cynthia Ottaviano (Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual) y Marita Mata (Profesora Consulta de la Universidad Nacional de Córdoba). Por Bolivia, Martha Rosa Paz Burgos (Decana de la Facultad de Comunicación y Cultura de la Universidad Evangélica Boliviana). Por Brasil, Joseti Marques (Ouvidora General de la Empresa Brasil de Comunicación, EBC) y Fernando Oliveira Paulino (Director de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Brasilia, UnB). Por Colombia, Consuelo Cepeda (Defensora del Televidente del Canal RCN), Mario Mantilla Barajas, (Defensor del Televidente del Canal TRO), Amparo Pérez (Defensora del Televidente del Canal Caracol), Olga Restrepo Yepes (Defensora del Televidente del Canal Teleantioquia) y Doris Molina (Defensora del Televidente de Canal Trece). Por Chile, Manuela Gumucio Rivas (Directora del Observatorio de Medios Fucatel) y Javiera Olivares (Presidenta del Colegio de Periodistas). Por Ecuador, Paulina Mogrovejo (Integrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, Cordicom). Por España, Manuel Chaparro Escudero (Profesor y Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga). Por México, Gerardo Albarrán de Alba (Defensor de la Audiencia de Radio Educación), Felipe López Veneroni (Defensor de la Audiencia del Canal Once), Beatriz Solís Leree (Defensora de la Audiencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR) y Adriana Solórzano Fuentes (Presidenta de Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, AMDA). Por Paraguay, Pablino Cáceres (Voces Paraguay: Asociación de Radios Comunitarias, Alternativas y Ciudadanas). Por Portugal, Madalena Oliveira (Profesora del Centro de Estudios en Comunicación y Sociedad de la Universidad de Minho). Y por Uruguay, Ariela Peralta (Directora de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo).
Para leer la declaración, haga click aquí.
“Estamos viviendo el mayor retroceso en materia audiovisual desde la recuperación democrática. Algo que se hizo de espaldas a las necesidades y las urgencias de las audiencias, pero de frente a los intereses de las corporaciones”. De esta manera y ante el auditorio lleno del Centro Cultural de la Cooperación y una veintena de representantes de las audiencias iberoamericanas, la Defensora del Público de Argentina, Lic. Cynthia Ottaviano, dio inicio al encuentro.
La actividad, bajo el lema “Los derechos de las audiencias en escenarios de comunicación concentrada”, sirvió para que Ottaviano describiera de esa manera el actual panorama político argentino. Pero a la vista de la totalidad de las intervenciones posteriores, la cita bien podría servir como manera de pintar la realidad iberoamericana, y sobre todo la referida al sur de este continente.
Ottaviano destacó la importancia del seminario, donde “nos hemos propuesto hablar de suicidio cultural y de las consecuencias reales y tangibles de la comunicación concentrada. Con un desafío, el de construir un pluralismo político, religioso, étnico y cultural”. Y finalizó: “Hay que redistribuir la riqueza informativa, que es de todas y de todos. No nos dejemos arrebatar nuestros derechos”.
El seminario, abierto al público, que también se pudo ver en vivo por medio del sitio web de la Defensoría del Público, consistió en una apertura, la realización de dos paneles de discusión, y la proyección de un mensaje especial enviado por el Dr. Eugenio Zaffaroni, abogado penalista y ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina.
“La defensa del derecho humano a la comunicación es esencial para los pueblos -sostuvo en el comienzo el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Form-, y lo decimos nosotros, cooperativistas, que humildemente sabemos muy bien lo que significa la censura y la invisibilización de voces. Es un gran honor tener aquí a tantos defensores y defensoras de las audiencias”.
“Como una enfermedad tropical, la concentración mediática es un fenómeno que pone en riesgo la diversidad cultural en la región”, comparó el docente de la Universidad de Brasilia, Fernando Oliveira Paulino. Por otra parte estableció un reto para todos los asistentes: “Fortalecer, cada uno en su propio lugar, espacios comunes de debate y reflexión, con el objetivo de educar a las audiencias en los derechos que tienen en materia comunicacional. Un trabajo que tan bien desarrolla la Defensoría del Público de la Argentina desde su creación”.
A su turno, Madalena Oliveira, también docente pero en la Universidad de Minho, Portugal, aclaró que “los defensores y defensoras son más que la vigilancia ética de la producción periodística. Son la herramienta para empoderar a las audiencias, y para ello es necesario deconstruir las construcciones realizadas por los medios”.
El primer panel del día se denominó “El impacto de la concentración de medios en los derechos de las audiencias”, donde fue moderador Fernando Oliveira Paulino, investigador doctorado en la Universidad de Brasilia e integrante del Forum de Acceso a la Información Pública.
Ariela Peralta, miembro del Directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, trazó varias similitudes entre los casos argentino y oriental. Explicó que si bien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual uruguaya está vigente desde enero de 2015, “inclusiva y democrática en materia de libertad de expresión y acceso a la información”, hubo “una implícita y luego explícita voluntad política de dejar librado a la justicia la decisión sobre avanzar o no en la implementación de las disposiciones”, a partir de recursos de amparo impuestos por los grupos mediáticos concentrados. “Tanto es así -explicó-, que a la hora de aprobar el presupuesto nacional por dos años, no se asignó partida alguna para la implementación de la misma, sino hasta el último minuto bajo denuncia de los defensores de la ley”.
Peralta relató que “bajo el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, quien asumió el 1 de marzo de 2016, no se boicoteó decididamente la ley. Sin embargo, quienes habían trabajado fuertemente para su promulgación consideraron que existía una intención de congelar su aplicación, o al menos, no apurar su implementación ni su reglamentación a la espera de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia”. Con respecto a decisiones recientes tomadas por el máximo tribunal del país vecino, describió que los magistrados dictaron definitivamente constitucionales algunos aspectos importantes del articulado, como reservar un 60 por ciento de la programación total emitida por cada medio a la producción nacional, crear un Consejo de Comunicación Audiovisual desconcentrado del Poder Ejecutivo, impedir que los canales emitan más de 15 minutos por hora de publicidad, y evitar la publicidad subliminal en programas infantiles.
Pablino Cáceres, representante de Voces Paraguay, la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos, describió a su país como “dominado por una elite económica propietaria de la mayoría de los medios de comunicación”, donde “más del 90 por ciento de la información y el entretenimiento es controlado por cinco grupos empresarios”. Además, siete de los nueve canales de TV abiertos pertenecen a dos grandes empresas, lo que “marca permanentemente la agenda del país, y la ruta a seguir”.
Para Cáceres, esta carencia en la información “es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia”, dentro de “un panorama comunicacional que, con Horacio Cartes en la presidencia, se orienta en dirección contraria a las experiencias recientes en América Latina”. Frente a esto, resaltó un paso importante del movimiento comunitario: la conformación de la Red de Comunicadores del Mercosur (REDCOMSUR), porque “la democratización de la comunicación en Paraguay no existe, y es imprescindible”.
Paulina Mogrovejo integra el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación de Ecuador. Su intervención dio cuenta de la gravedad que cruza a todo el panorama comunicacional en ese lugar. Dijo que nueve de cada diez medios pertenecen a manos privadas, algo que “atenta contra la democracia y privilegia el interés económico”. Afirmó la necesidad de que “las organizaciones sociales tengan sus propias voces, y que las etnias controlen la palabra”. Para “erradicar el monopolio de contenidos y descolonizar las industrias culturales”.
También Javiera Olivares, representante del Colegio de Periodistas de Chile, coincidió en la necesidad de enfrentar la política de medios en pocas manos. Para eso, explicó el actual panorama de la televisión: “Canal 13 es del grupo Luksic, conglomerado con intereses en la industria financiera, minera, energética, alimentaria y financiera. Mega, en tanto, pertenece al grupo Bethia, consorcio con presencia en el sector inmobiliario, salud y alimentario, entre otros. Dos de los principales canales de televisión, Chilevisión y La Red, son controlados por consorcios extranjeros. El segundo es de propiedad del empresario mexicano Angel González. Chilevisión, la señal fundada por la Universidad de Chile, es operada en la actualidad por Time Warner”. Y agregó: “En este escenario, el canal de propiedad estatal Televisión Nacional parece distanciarse del resto, sin embargo, su régimen de financiamiento basado exclusivamente en la publicidad lo condiciona como un competidor más asimilado a la televisión privada. En suma, la televisión chilena está fuertemente ligada a un sector social determinado”.
Beatriz Solís Leree, titular de la Defensoría del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, dijo que en su país, la reciente modificación constitucional en materia de telecomunicaciones podría consagrar una serie de derechos que hoy faltan en ese lugar, como el acceso a las tecnologías a una gran parte de la población, jurisprudencia para efectivizar el derecho a réplica, desarrollo de programación infantil protegida, y garantías para el acceso a información plural y veraz. Sin embargo, la expresión de deseos acerca de lo que podría ocurrir en México no impidió a Solís Leree describir el presente como problemático y negativo: “El modelo mediático altamente concentrado que aún se presenta en mi país se refleja, en materia de radiodifusión, con dos empresas que acaparan el 94 por ciento del total de frecuencias comerciales y audiencias”.
Explicó que los defensores de las audiencias aumentaron de seis a ocho después de la citada reforma, pero que nada servirá “si desde esas Defensorías no se hace un trabajo pedagógico, indispensable y urgente, para que los reclamos no se limiten a preguntas individuales, sino ayuden a crear conciencia sobre la importancia que tiene una comunicación horizontal y democrática”.
En su mensaje grabado, Zaffaroni saludó “a todos los Defensores del Público que están reunidos”, y destacó la importancia de que el encuentro se desarrolle en Buenos Aires en la actualidad, para poder verificar “cómo funciona aquí el monopolio de medios”. Describió el volumen financiero y patrimonial de los monopolios mediáticos latinoamericanos como “gravísimo”, y aclaró que es una equivocación decir que están al servicio de las corporaciones trasnacionales, sino que en realidad “forman parte del entramado financiero de esas corporaciones”.
Para el penalista, “estamos entregando algo más que la difusión de ideas. Estamos entregando nuestra cultura. Los medios son creadores y difusores de cultura. Y la gran riqueza de América Latina es justamente su pluralismo cultural”. Y agregó: “Realmente creo que la prohibición del monopolio de medios en América Latina tiene que tener jerarquía constitucional, porque es la única garantía que tenemos para tener democracias efectivas y reales”.
Después llegaron las intervenciones del segundo y último panel de la jornada: “La participación de las audiencias y su aporte a la calidad de los medios”, con la moderación de Madalena Oliveira, docente de la portuguesa Universidad de Minho. Manuela Gumucio, miembro del Observatorio Fucatel, de Chile, se mostró autocrítica: “Los chilenos vivimos con una cierta indiferencia la concentración enorme de propiedad de medios de comunicación en manos de figuras empresariales de la derecha política y económica del país, una suerte de naturalización de un estado de las cosas que hace difícil considerar a Chile una democracia plena”. Lo que crea una situación que “deforma y degrada la función periodística, presionada por la búsqueda de impacto y visibilidad como condición de rendimiento en el escenario en competencia, en tanto mercado o industria que aspira a maximizar sus utilidades o revertir sus pérdidas, más que contribuir a un verdadero debate informado”.
Mario Mantilla, defensor de Canal TRO, en Colombia, recordó que la actual Constitución Política de ese país nació de múltiples debates e intervenciones ciudadanas, y que eso garantizó en materia de comunicación la difusión de distintos derechos. Explicó que la Defensoría que encabeza “fue clave para intervenir sobre la manera en que los medios trataban temas graves, como la contaminación ambiental”. Y agregó: “Los comunicadores sociales debemos tener una formación humanista que tenga al ciudadano como eje de su accionar”.
“El panorama actual de la radiodifusión en México es una extraña combinación entre la permanencia de un mismo sistema y un conjunto cambios que, si bien modifican algunos elementos estructurales de éste, no han alcanzado a transformar su signo fundamental: el de la concentración en un grupo muy pequeño de concesionarios comerciales”. De esa manera, Felipe López Veneroni, representante de la Defensoría de Canal Once, marcó las características del mapa comunicacional azteca. Después de trazar la historia de la radiodifusión en su país, destacó como importante la intervención de organizaciones comunitarias y medios de baja potencia para que se respetaran los derechos de las audiencias. Con lo que se consiguió que esas conquistas fueran incorporadas al rango constitucional.
También desnudó la manera en que el poder político presionó para obtener beneficios comunicacionales. Por ejemplo la aprobación de la llamada Ley Televisa, en alusión a todo lo que concedía al grupo mediático. “Una norma que pudo luego archivarse -agregó-, gracias a la acción de varios diputados y senadores que la enfrentaron, invocando derechos que esa ley tenía vedados a las audiencias”. López Veneroni se mostró por un lado esperanzado en que la comunicación se democratice, pero por otro, reconoció que el poderío de los grandes grupos empresarios de medios es grandísimo. “Nuestro presente y futuro en materia comunicacional son inciertos”, dijo.
“Seamos realistas y pidamos lo imposible, fue la enunciación del mayo francés que les traigo en este abril argentino. Pidamos que en escenarios de comunicación concentrada logremos la pluralidad y la diversidad que necesitan las democracias y las audiencias”. Con esas palabras, y ante 43 representantes de los cinco continentes que visitaron Buenos Aires para el encuentro internacional de defensores y defensoras de las audiencias de todo el mundo organizado por la Defensoría del Público argentina, la titular del organismo, Cynthia Ottaviano, cerró el segundo día de jornadas. E invitó a asistir al “IV Seminario Ibero- Americano de Defensorías/Ouvidorias de medios”, con el que se coronaron las actividades en el Centro Cultural de la Cooperación.
La jornada del encuentro de la Organization of News Ombudsmen (ONO), llevado adelante por la Defensoría, comenzó el 18 de abril. Luego, las charlas, los debates y las exposiciones giraron alrededor de la concentración mediática, el terrorismo y la migración. El martes 19, se dieron los siguientes debates. Para cerrar las actividades, los defensores y las defensoras, visitaron la sede del organismo.
Ottaviano también destacó una de las enunciaciones clave del Congreso, que "las decisiones políticas importantes dependen de cómo la prensa realiza la cobertura de hechos trascendentes, según aseguró el presidente de la ONO, por eso tenemos una gran responsabilidad y necesidad de comprender que la información es un bien público, ni propio ni privado”.
Luego sostuvo que “el verdadero desafío es entender que la comunicación debe estar al servicio de los pueblos, y es un derecho humano inalienable. En estos días se habló del significado y el alcance de las palabras, y que la frontera estaba en el mundo de cada uno. Bueno, hay veces en que tenemos mundos muy pequeños. Por eso nuestra mayor riqueza tiene que ser la diversidad".
“Nunca es bueno evitar los temas para evitar los problemas -sostuvo-, lo que lleva a reflexionar en que nuestra tarea siempre va a ser problemática. Lidiemos con eso, llevémosla de la mejor manera adelante, apoyándonos en la certeza de que los medios son una herramienta para mejorar la vida democrática”.
En su intervención, Ottaviano estuvo acompañada por Tarmu Tammerk, presidente de la Organization of News Ombudsmen (ONO). Esta asociación reúne a delegados de audiencias de medios de gestión pública y privada en 23 países, y en esta oportunidad eligió a la Argentina como escenario de su cita regular de trabajo. La tarea de la ONO consistió en llevar adelante charlas e intercambios de experiencias bajo el lema “Los derechos de las audiencias en escenarios de comunicación concentrada. Crisis social y terrorismo”.
Tammerk agradeció a Ottaviano el hecho de haber sido anfitriona del encuentro y destacó algunos temas de discusión abiertos durante estas últimas horas, como la cobertura periodística de hechos de terrorismo, la inmigración, la economía como factor de presión sobre la prensa y el rol de las Defensorías frente al resguardo del derecho a la comunicación de los lectores y las audiencias de todo el mundo.
Hoy por la tarde, el encargado de abrir las charlas fue Manuel Chaparro Escudero, docente de la Universidad de Málaga, España. En su conferencia magistral “Políticas públicas de comunicación, indicadores de rentabilidad social y nuevas narrativas” reivindicó “las iniciativas latinoamericanas de construcción de leyes audiovisuales que se hicieron de abajo hacia arriba para democratizar a los medios”. Y comparó esa realidad con Europa: “El desatino europeo debería empezar a mirar en el espejo latinoamericano, donde marcos legislativos, cuestionados desde intereses espurios principalmente empresariales, han venido a proponer regulaciones de más calado, precisamente para resolver problemas derivados de una debilidad democrática o de democracias secuestradas que favorecían el control oligopólico y la injerencia chantajista en asuntos de Estado”.
El español instó a “construir nuevas narrativas para que el futuro no nos sorprenda, sino que nosotros sorprendamos al futuro”. Y puso como ejemplo de democratización comunicacional el surgimiento de radios campesinas del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) en la Argentina, que eran identificadas desde los medios dominantes como “antisistemas”, y que “nacieron porque sus reclamos de propiedad de la tierra eran invisibilizados, y por eso crearon sus propios medios en sus territorios”.
El panel “Calidad e independencia en contextos de presión económica” estuvo encabezado por Stephen Pritchard (The Observer), Tarmu Tammek (Estonia) y David Jordan (BBC, Reino Unido). Durante el intercambio, los visitantes abordaron varios temas. Destacaron que por primera vez en muchos medios, el ingreso económico de suscripciones de lectores supera al generado por la publicidad, y explicaron que cada día crece el escepticismo de la gente frente a las campañas publicitarias.
Se mostraron preocupados por la injerencia de las agencias de publicidad en la agenda mediática y por la manera en que la comercialización de productos o servicios altera e interfiere en la información. Todos opinaron que el trabajo de las Defensorías es clave en el mundo. Y que los organismos no deberían limitarse sólo a recibir denuncias o reclamos, sino a elaborar trabajos de investigación para que las audiencias sean cada vez más críticas y defiendan con mayor fuerza el ejercicio del derecho humano a la comunicación.
Por la mañana, la primera charla del día se denominó “La regulación de comentarios on line y sus implicancias para la libertad de expresión”, a cargo de Guy Gendron (Radio Canadá, Canadá) y Tom Naegels (De Standaard, Bélgica).
La mesa “¿Cómo promover el pluralismo ante posiciones políticas extremas?” tuvo como protagonistas a Vera Guimaraes, de Folha de Sao Paulo, y a Margo Smit, periodista de NOS, en Holanda. Y sobre el mediodía, el turno fue del panel “Cambios en las rutinas de trabajo de las Defensorías”, donde Stephen Pritchard (The Observer, de Londres) fue moderador, y en el que intervinieron Cynthia Ottaviano y la defensora colombiana Amparo Pérez.
Además de Argentina, participaron en estas jornadas representantes de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, México, Paraguay, Portugal, Uruguay, Canadá, Inglaterra, Estonia, Holanda, Bélgica, Japón, Dinamarca y Australia. A continuación, el organismo continuó con las actividades en el plano internacional. Esta vez, para llevar adelante el “IV Seminario ibero americano de Defensorías / Ouvidorias de medios”.
El programa fue el siguiente:
Apertura: Cynthia Ottaviano (Argentina, Defensoría del Público y Presidenta de Organización Interamericana de Defensores y Defensoras de las Audiencias OID) / Edgardo Form (Argentina, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos IMFC) / Fernando Oliveira Paulino (Brasil, Universidad de Brasilia) / Madalena Oliveira (Portugal, Universidad de Minho).
13:20 hs. a 15:00 hs.
Panel 1: “El impacto de la concentración de medios en los derechos de las audiencias”.
Modera: Fernando Oliveira Paulino.
Beatriz Solís Leree (México, Defensoría Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano SPR) / Pablino Cáceres (Paraguay, Voces Paraguay) / Paulina Mogrovejo (Ecuador, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom) / Ariela Peralta (Uruguay, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo INDDHH) / Javiera Olivares (Chile, Colegio de Periodistas).
15:15 hs. a 15:40 hs. Video. “Nuevas formas de dominio social: colonialismo y suicidio cultural en América Latina”.
Presenta: Cynthia Ottaviano.
Eugenio Zaffaroni (Argentina, Corte Interamericana de Derechos Humanos).
15:40 hs. a 17:30 hs.
Panel 2: “La participación de las audiencias y su aporte a la calidad de los medios”.
Modera: Madalena Oliveira.
Manuela Gumucio (Chile, Observatorio Fucatel) / Mario Mantilla (Colombia, Defensoría Canal Televisión Regional del Oriente TRO) / Felipe López Veneroni (México, Defensoría Canal Once) / Martha Rosa Paz Burgos (Bolivia, Universidad Evangélica) / Jorge Islas (México, Defensoría Canal del Congreso).