Ante el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional sobre "blanqueo de capitales" que, en su artículo 85, restringe el derecho a informar y a informarse sobre asuntos de interés público y relevancia institucional, la Defensoría del Público expresa su profunda preocupación y rechazo ante cualquier medida que pueda limitar los derechos de quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual y las audiencias.
Por tal motivo, en el día de la fecha, esta Defensoría envió una nota a legisladoras y legisladores del Congreso Nacional solicitando la urgente exclusión del artículo y la importancia de que asuman reflexivamente las responsabilidades que les asisten en la protección de la libertad de expresión, comunicación e información que los Tratados internacionales, la Constitución Nacional y las leyes vigentes garantizan.
En dicha nota, la Defensoría recordó que los tratados internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional y los principios de protección de la libertad de expresión son la guía insoslayable que exige al Congreso Nacional tomar los recaudos más estrictos para analizar este tipo de proyecto de ley. También recordó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, reconoce a la información como un derecho y al público como sujeto con capacidad para exigir su cumplimiento. Por ende, cualquier restricción de la información de interés público vulnera los derechos de las audiencias.
Por otra parte, es necesario destacar que, el proyecto del Poder Ejecutivo elige la más gravosa opción respecto de la vigencia del derecho a la comunicación: recurrir a la vía penal, estableciendo para “terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionado con las declaraciones voluntarias y excepcionales” penas de hasta dos años de prisión y sanción económica con multas de fuerte carácter inhibitorio, generando efectos disuasivos para la emisión de informaciones de interés público y relevancia institucional.
En consecuencia, además de limitar la libertad de expresión, este proyecto se convierte en una amenaza contra quienes trabajan en los medios de comunicación y en una lesión para las audiencias, lo que motiva un enérgico repudio por parte de esta Defensoría y la recomendación de no seguir atentando contra la libertad de expresión y opinión a través de este tipo de medidas.
- Realizar una cobertura respetuosa de los derechos antes que una mediatización sensacionalista y espectacularizante de lo sucedido.
- Procurar un abordaje riguroso, no basado en conjeturas o supuestos, sino en fuentes pertinentes y especializadas.
- Se recomienda sumar esfuerzos para identificar las fuentes utilizadas para que puedan ser conocidas por el público.
- Brindar información precisa sobre las investigaciones o el estado del proceso judicial si lo hubiera, respetando la reserva de información procesal que pudieran disponer las autoridades judiciales.
- Priorizar la formulación de titulares que condensen información relevante del caso, en lugar de utilizar el recurso gráfico para captar audiencias por mero rating a través del impacto que supone la síntesis de los datos más traumáticos.
- Procurar que los y las profesionales especializados consultados para tratar casos de violencia sexual garanticen el respeto de los derechos de niños o niñas víctimas.
- No difundir información que permita identificar a las víctimas dado que la exposición puede comprometer sus derechos.
- Extremar los recaudos para preservar la identidad de niños, niñas y adolescentes.
- Evitar tanto la identificación directa -difusión de datos personales, imá-genes de vivienda, fotografías y videos sin blurear y audios sin editar (alterando la voz para evitar el reconocimiento)- como la indirecta -difusión de nombres de los padres, familiares, imágenes de escuela y demás espacios de pertenencia.
- Aún cuando los operadores policiales y/o judiciales brinden información acerca del caso o de las partes, evitar toda vulneración de los derechos.
- Evitar la estigmatización de las víctimas y de su entorno.
- Evitar realizar cualquier afirmación que tienda a culpabilizar a las víctimas y deslegitimar sus demandas.
- Se recuerda la necesidad imperiosa de respetar la vida privada de las personas.
- Por ello se recomienda no exhibir información, fotos o datos personales que correspondan a la esfera de privacidad o intimidad, ni detalles escabrosos de los sucesos de los que son víctimas, o que puedan afectar su dignidad u honor o el desarrollo normal de su vida futura o provocar un mayor sufrimiento.
- Realizar abordajes respetuosos de la situación que atraviesan víctimas y familiares. Para ello es importante:
- No exponer a cámara o entrevistar a personas en estado de conmoción o cualquier otro estado emocional derivado del hecho que motiva la denuncia.
- Evitar la utilización de primerísimos planos y del zoom in para captar el sufrimiento de las personas afectadas.
- Procurar no centrar la comunicación del hecho en la descripción por-menorizada y repetitiva de lo escabroso-dramático, ya que este tipo denarrativas devienen en una revictimización de las personas afectadas.
- Brindar información orientadora y preventiva que ayude a la población a abordar la problemática.
- Contextualizar las problemáticas, a fin de contribuir a la comprensión social y al desarrollo de estrategias de prevención.
- Finalmente, las coberturas deben ser respetuosas de los derechos de niñas, niños y adolescentes que establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente: a) El derecho al interés superior; b) El derecho a la dignidad y a la integridad personal; c) El derecho a la vida privada e intimidad familiar; d) El derecho a la dignidad; e) El derecho a opinar y ser oído. Esta recomendación alude a niñas, niños y adolescentes en tanto protagonistas de los casos como así también en calidad de audiencias de los servicios de comunicación audiovisual.
La Defensora del Público, Lic, Cynthia Ottaviano, pidió a diputadas y diputados que integran la Comisión de Libertad de Expresión “medidas urgentes y efectivas contra los despidos masivos y arbitrarios a trabajadores y trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual”, en una reunión informativa que se llevó a cabo en el anexo de la cámara baja junto a representantes de trabajadores y trabajadores de distintos medios que llevaron reclamos por la situación laboral en los medios de comunicación de todo el país.
Invitada por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Ottaviano aseguró: “Aquí estamos en defensa del derecho humano a la comunicación, en el que el Estado tiene un rol de salvaguarda. Esto no podemos olvidarlo ni puede ser soslayado. No estamos hablando solamente de conflictos laborales, les pido por favor que no atomicen las realidades que están describiendo los trabajadores y trabajadoras. No estamos hablando de un conflicto particular, estamos hablando de lesiones muy claras en todos los estamentos posibles del trabajo en los servicios de comunicación audiovisual que concluye en una lesión a este derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión”.
Y continuó: “Les pido responsabilidad y sensibilidad, no sólo solidaridad, les pido también que tengan conciencia frente a la encrucijada histórica en que estamos hoy cada uno de los que ocupamos responsabilidades en el ámbito del Estado y tomen estas medidas de manera urgente, que sean efectivas y frenen estas vulneraciones porque no hay democracia posible sin libertad de expresión y derecho humano a la comunicación, y eso es lo que se está vulnerando”.
Por su parte, el integrante de Radio América y miembro del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Gabriel Michi, señaló: “Como miembro de FOPEA me encomendaron que comente que la situación que se está viviendo de despidos y desempleo en el periodismo no tiene precedentes en la historia argentina por múltiples motivos. Nunca ha habido tantos despidos en tan poco tiempo de periodistas y no estamos haciendo ningún tipo de análisis político y tiene una afectación directa en la libertad de expresión porque son voces que se acallan y la realidad es que desaparecen”.
El presidente de la Comisión, el diputado Remo Carlotto, expresó: “Esta convocatoria la hacemos en continuidad a la primera reunión que realizó esta Comisión invitando a quienes fueron los peticionantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y el decreto de necesidad y urgencia que emitió el presidente Macri dando por terminada la aplicación plena de la Ley”.
La integrante de la Federación de Trabajadores de la Comunicación (Fetracom) de Rosario, Santa Fe, Stella Hernández, enfatizó: “Les pido a los legisladores y legisladoras que tomen en cuenta que esa ley que ahora está en un limbo, es una ley por la cual pelamos todos, los trabajadores, las organizaciones libres del pueblo, y que hoy en día se está reviendo y está ejerciéndose un poder absolutamente distinto al estpíritu que tenía. Yo era representante en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, uno de los tres lugares que ocupábamos los trabajadores y hemos perdido también esa instancia y les pido que tomen en cuenta que así como lo dijo muy bien la Defensora, el tema de la cuestión laboral en los medios de comunicación va unida al derecho al derecho a la comunicación, al derecho de las audiencias y al derecho de toda la sociedad a recibir y emitir información".
El diputado Omar Plaini aseguró: “Lamento mucho el poco compromiso de algunos diputados que no vinieron”. Y resaltó el informe que hizo la Defensora: “Muy completo. Y preocupante la situación informada por defensora del Público, Cynthia Ottaviano”. En tanto, la diputada Cornelia Schmidt, aportó: “A lo que dijo la Defensora hay un punto que es fundamental: es citar, como ya pidieron los trabajadores, a los responsables, a los empresarios”.
La reunión contó con la representación de trabajadores y trabajadoras de los diarios Buenos Aires Económico (BAE), El Argentino zona Norte, Tiempo Argentino y La Nación; Editorial Atlántida, la agencia de noticias Télam, las radios América, Madre, Kermes de La Pampa, Nacional; el canal 360 TV, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la (Fetracom) de Rosario. Según un relevamiento realizado por la Defensoría del Público en una reunión con trabajadoras, trabajadores y representantes sindicales, en los últimos seis meses, más de 2500 personas que se desempeñan en la radio y en la televisión se encuentran enfrentan despidos masivos y arbitrarios, precarización laboral y persecución sindical e ideológica.
La versión taquigráfica completa de la reunión aquí
La Defensoría del Público recibió a representantes de las organizaciones que se agrupan en la Mesa Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual que hicieron llegar su preocupación, propuestas e inquietudes al organismo en relación a las modificaciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impuestas por el Poder Ejecutivo y su impacto en los puestos laborales.
La Lic. Cynthia Ottaviano, Defensora del Púbico, destacó la posición del organismo en relación a la temática: "Para esta Defensoría la promoción de la producción nacional es una prioridad" asguró y agregó: “Consideramos que esas modificaciones son el mayor retroceso en materia audiovisual desde la recuperación de la democracia y no hay posibilidad de una democracia fuerte si hay comunicación concentrada".
La Mesa Multisectorial transmitió su inquietud y preocupación debido a “que el Poder Ejecutivo ha omitido toda consideración temática ligada a la importancia de las industrias audiovisuales y la presencia de contenidos nacionales, especialmente los de la ficción y al trabajo Argentino en los medios de comunicación, las redes y las plataformas diversas, en la Resolución N° 9/2016 del Ministerio de Comunicación, para el anteproyecto de Ley Marco regulatorio para las Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual ni la Resolución N° 1394 del Enacom”.
El coordinador de la Multisectorial, Guillermo Tello, afirmó: “La reunión para nosotros fue muy develadora y productiva porque hemos escuchado los balances y trabajos que viene realizando la Defensora del Público y para nosotros es de importancia el conocimiento de la realidad que viene transitando no solo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), como su aplicación, y cuales son las dificultades que se han ido generando a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 267”.
“Hemos traído la inquietud y la preocupación del no funcionamiento de alguno de los planes de desarrollo de la industria y la producción audiovisual tanto en las distintas instituciones como la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y ahora el Ente Nacional de Comunicaciones (Eacom) o también en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en el caso de que no se aplican algunos de los fomentos que deberían estar aplicados también para la producción de contenidos televisivos como en el caso de telefilm”, dijo Tello.
La Mesa Multisectorial agrupa a la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), la Asociación Argentina de Actores, la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA), la Sociedad General de Autores de la Argentina (argentores), la Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales (CAPPA), Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Directores de Obras Audioviuales para Televisión (DOAT), Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA), Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI), Sindicato Argentino de Autores (SADA), Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), Sindicato Argentino de Músicos (sadem), Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) y el Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público (SUTEP).
El pedido se produjo en el marco del reclamo realizado por el señor Ezequiel Medone, integrante de Antena Negra TV, quien requirió la intervención de la Defensoría del Público para proteger el derecho al acceso a la información y la actividad que desarrollan los medios de comunicación comunitaria, teniendo en cuenta el “…peligro de censura y cercenamiento de la libertad de expresión al que estamos expuestos” y exigiendo que: “estos conflictos puedan resolverse en favor de los medios comunitarios, alternativos y populares”.
En la nota enviada al ENACOM, la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, sostiene, además, que “resulta necesaria la inmediata descriminalización de la comunicación ya que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo” sino que representa “la expresión más genuina de un pueblo, en el ejercicio de su derecho humano a la comunicación” y por lo tanto “debe ser salvaguardado por el Estado, generando las condiciones de universalidad y acceso a ese derecho, con reglas claras e igualitarias”.
Al mismo tiempo, la Defensoría enfatizó su firme voluntad de propiciar “la no judicialización de la comunicación y la creación de espacios de diálogo” por lo que “correspondería iniciar un procedimiento administrativo de regularización de la situación de las emisoras, con todas las garantías constitucionales, y evitando incurrir en graves afectaciones a la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información del público”.
Junto con el escrito enviado al ENACOM, se le adjuntó una copia del amici curiae presentado en la causa penal N° 3.169/2015, caratulada “N.N. S/ Interrupción de las comunicaciones”, dictamen de la Fiscalía Federal N° 6 y de la resolución judicial de primera instancia, que recogen los argumentos expresados por la Defensoría del Público oportunamente.
En una demostración de preocupación por el conflicto, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH en su informe anual 2015 alertó por la situación del sector comunitario y se refirió expresamente a las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Público a la Autoridad de Aplicación de la Ley 26.522.