Integrantes de la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público recorrieron las ciudades de San Carlos de Bariloche y El Bolsón en Río Negro donde mantuvieron reuniones con representantes de los consejos deliberantes y ejecutivos locales. Los encuentros se produjeron en respuesta a reclamos de las audiencias relacionados la regulación local sobre tasas y multas municipales de antena, que afecta a medios de comunicación de esas ciudades.
Por medio del diálogo, como es una constante desde la creación del organismo en noviembre de 2012 para encontrar soluciones frente a las problemáticas planteadas, los representantes del organismo explicaron al jefe de Gabinete de San Carlos de Bariloche, Pablo Chamatropulus y la concejal Cristina Painefil que la actividad que desarrollan los medios de comunicación audiovisual no es de tipo comercial, sino del ejercicio de un derecho humano fundamental que no debe estar condicionado ni restringido por normas locales. De lo contrario, se vería afectado el derecho a la libertad de expresión de la radio o la televisión y el derecho colectivo al acceso a la información de las audiencias.
En la reunión que se llevó a cabo por pedido de Painefil, Chamatropulus se comprometió a revisar los expedientes sobre imposición de tasas, cánones y multas sobre antena a los medios de comunicación locales para evitar que se agrave la situación que sufren los medios frente a los cuantiosos gravámenes que deben afrontar. En tanto, representantes de distintas radios locales manifestaron su preocupación por los condicionamientos a la actividad comunicacional que desarrollan frente a las elevadas sumas de las tasas y multas municipales, que ponen en peligro la sustentabilidad económica de las radios y que ya llevó al cierre de al menos 5 radios en la localidad.
Por su parte, los integrantes de la Defensoría manifestaron la importancia de que el proyecto legislativo que se encuentra en discusión y que reemplazará a la ordenanza que establece estos impuestos y multas sobre los medios, tenga en cuenta y se adecue a las políticas diferenciales de protección y promoción de los medios locales y comunitarios que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a las normas y estándares internacionales sobre derechos humanos. También se solicitó que se revisen los casos similares y se arribe a una solución que permita respetar el derecho a la comunicación de las radios y las audiencias de Bariloche.
En El Bolsón, los integrantes de la Defensoría se reunieron con concejales y representantes del Ejecutivo Municipal de la ciudad y se diálogo en torno al conflicto entre normas federales como la LSCA y normas locales que en muchos municipios habilitan incluso la clausura de medios de comunicación. También se puso a disposición de la Municipalidad y el Concejo Deliberante de la Ciudad del Bolsón al equipo de la Defensoría, para participar y colaborar en el asesoramiento tanto jurídico como comunicacional para la elaboración de normas que respeten los criterios federales.
Referentes de derechos humanos y la comunicación respaldaron la labor de la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, al frente de la Defensoría del Público, en el Pre congreso de periodismo y comunicación organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), donde tuvo lugar el encuentro.
“La forma de garantizar el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es participando, reclamando, apropiándose de espacios como la defensoría del Público, de lo que hemos construido y logrado que sobreviva a esta marea regresiva que alcanza a América Latina” dijo la Defensora y agregó: “Es creando un nuevo periodismo, que sea democrático, inclusivo, no sexista, que se preocupe por tener fuentes de información” y puntualizó: “Si la comunicación la vivimos con ajenidad, se la terminan quedando otros”.
El director de la Licenciatura Justicia y Derechos Humanos de la UNLa, y ex subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alen, afirmó: Cynthia Ottaviano en su labor como Defensora del Público ha llevado adelante una tarea gigantesca explicando el sentido verdadero de la comunicación. Desde las guías de tratamiento responsable en los medios de temáticas como la salud mental, niñez, infancia y adolescencia y muchas más, en una tarea que ya llevaba adelante en su labor como periodista en servicio de la verdad”.
Por su parte, Luis Zarranz, integrante del equipo de prensa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, destacó: “Quisiera hacer público el pedido desde Madres de Plaza de Mayo para la continuidad al frente de la Defensoría del Público de Cynthia Ottaviano. Su trabajo ha sido perfecto, ha visibilizado derechos y ella, junto a su equipó de trabajo los ha hecho conocer en todo el país, inclusive en rincones del país que algunos funcionarios ni conocen”.
También se refirió al derecho humano a la comunicación: “No es sólo para periodistas y comunicadores y comunicadoras, es de toda la sociedad pero sobre todo de las audiencias y no sólo a recibir información si no a producirla, a propalarla. El derecho a la comunicación es un derecho tan básico como la vida misma”.
El director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas UNLa, Francisco José Pestanha, reflexionó: “En Latinoamérica en general y en Argentina en particular, hemos dado claras señales que en este devenir histórico estamos dando y creando señales de nuevos paradigmas civilizacionales. La LSCA modifica la clásica concepción de ley como imperium, como hecho del Estado, como hecho de solamente de aquellos que tienen solo experticia en temáticas como la comunicación”.
El pre Congreso de comunicación es previo al III Congreso en la materia que organizan la Asociación Madres de Plaza de Mayo del 22 al 24 de septiembre. En los paneles y disertaciones participaron la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, la rectora de la Universidad Nacional de Lanús Ana Jaramillo, el senador de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de Lanús Darío Díaz Pérez, el decano de la Facultad Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Glenn Postolski, el director de RedCom, Red de Carreras de Comunicación del país Daniel Badenes, el ex director de Télam y asesor de la UNLa Martín García, la abogada y redactora de la LSCA Graciana Peñafort, periodistas de la cooperativa “Por más Tiempo”que edita el diario Tiempo Argentino, de la Revista Nan (Arecia) y el Grupo Oktubre, el integrante de prensa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Gonzalo Seoane, el director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación “Sean MacBride, UNLa” Fernando Buen Abad, la secretaria de la Asociación Madres de Plaza deMayo Evel de Petrini, el docente universitario, crítico cultural y ensayista Alejandro Kaufman, el periodista y guionista Carlos Barragán, el director del Departamento de Humanidades y Artes de la UNLa Daniel Bozzani, y el director del Centro de Justicia y Derechos Humanos “Eduardo Luis Duhalde” de la UNLa Gustavo Palmieri.
La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, dialogó en Ecuador con más de 500 periodistas de distintas regiones del país en un taller sobre “Periodismo en situaciones de riesgo”, que fue seguido a través de una videoconferencia, además de la participación de los asistentes a la charla. El encuentro fue organizado por el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación (CORDICOM) y la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), con la colaboración del Ministerio Coordinador de Seguridad de Ecuador.
Ottaviano describió el trabajo llevado adelante por la Defensoría para la confección de la “Guía para la cobertura periodística responsable de desastres y catástrofes”. Lo hizo ante periodistas de 16 ciudades de Ecuador que formaron parte del taller a través de una videoconferencia en los centros que conforman la red ECU 911. “Si la comunicación es un derecho humano, la información es un bien público", aseguró la Defensora. Y agregó: “Hay un derecho humano a la comunicación y tiene que estar en un primer plano por sobre la primicia, porque cuando el derecho a la comunicación se reconoce, la primicia pasa a un segundo plano".
Por otra parte, definió como “fundamental” la responsabilidad social del periodismo ante catástrofes y destacó el rol que cumplen, como servicio y en esas circunstancias, las radios comunitarias. “Se construyen con las lógicas de las sociedades donde crecieron”, puntualizó.
A la hora de coberturas en situaciones de riesgo, Ottaviano sugirió ante el grupo de periodistas: “Como comunicadores y comunicadoras es fundamental que podamos darnos un tiempo para evaluar cómo fue nuestra cobertura periodística, qué se hizo bien, qué se puede mejorar”. “Tenemos que pensar si el objetivo es brindar información socialmente relevante o el objetivo es espectacularizar”, expresó. E invitó a reflexionar: “Hay un fordismo en la producción informativa y eso tenemos que intentar cambiarlo porque el tiempo no puede atentar contra la verdad”.
El rol social del comunicador, las fuentes de información, la preparación para afrontar una emergencia, la información como servicio, el respeto a la intimidad y la integridad humana de los afectados, fueron algunos de los tópicos que se analizaron durante la capacitación que tuvo una duración de seis horas. También se examinaron los posibles errores de procedimiento, dificultades que surgen en el momento de la cobertura y la interacción con los actores de un suceso.
La iniciativa de los organizadores fue entregar a los medios de comunicación una guía para la cobertura oportuna y responsable en una situación de emergencia y para la elaboración de un protocolo de crisis. El 16 de abril, Ecuador sufrió un terremoto de 7,8 en la escala de Richter que sacudió la costa del país: murieron más de 600 personas y hubo 70 mil evacuados.
Además, Ecuador, por su ubicación geográfica, no está libre de riesgos y amenazas ante la presencia de sucesos naturales como el fenómeno de El Niño, inundaciones, erupciones volcánicas y otros provocados por el hombre, como los incendios forestales.
La Defensoría del Público participó en una audiencia ante la Cámara Criminal y Correccional Federal con motivo de la apelación del procesamiento de Martín Sande, miembro de la cooperativa Antena Negra TV, quien fue procesado penalmente por la emisión de contenidos audiovisuales en un canal digital específicamente destinado para ese fin, que interfirieron la señal de Prosegur que actualmente utiliza esa frecuencia, a pesar de existir una norma legal vigente -Decreto 2456/2014- que ordena la inmediata migración de operadores no audiovisuales de ese canal.
La asistencia de la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano a la audiencia, se dio en calidad de Amici Curiae. Allí, Ottaviano explicó a los jueces Martín Irurzun y Eduardo Freiler el cambio de paradigma que significó la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que reconoció la comunicación como un derecho humano del que es titular el público, superando la anterior concepción mercantilista que excluía a medios comunitarios o sin fines de lucro.
"En esta Sala hoy puede decidirse una bisagra luminosa o una oscura para la democracia. No estamos ante un hecho criminal, comunicar es un derecho humano", sostuvo Ottaviano y agregó: "no vaciemos la palabra seguridad de contenido de derechos humanos para llenarla de negocios. Aquí no hay clandestinidad ni ilegalidad. Las audiencias tienen derecho a ver televisión en la frecuencia en disputa. Inseguridad sería que esta Sala condene a prisión a un comunicador, a una persona, por defender el derecho humano a la comunicación. Sin la faz colectiva de ese derecho no habría democracia posible y nadie quiere volver a las épocas más oscuras de este país".
Por ello alegó ante los jueces que "la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo sino la expresión más genuina de un pueblo, en el ejercicio de su derecho humano a la comunicación. Derecho humano que debe ser salvaguardado por todas las instancias del Estado, evitando toda medida persecutoria de aquello que debe promover y proteger para mejorar la vida en democracia".
En ese sentido, afirmó que "el lugar de resolución de los conflictos que se generen en el ejercicio de ese derecho no puede ser el fuero penal, sino que debe ser el ámbito administrativo", tal como lo prevé el artículo 162 de la LSCA, que establece soluciones no criminalizantes.
La Defensora recordó a los magistrados que en su informe anual 2015, la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó la importancia de que el Estado resuelva este tipo de conflictos legales a través de mecanismos administrativos para lo cual citó como positivos los argumentos del Amici Curiae de la Defensoría. “La Relatoría tiene especialmente en cuenta el desarrollo de este caso y el posicionamiento del Estado argentino en relación al cumplimiento de los estándares de libertad de expresión y acceso a la información como garantías de igualdad para el sector comunitario de la comunicación audiovisual, particularmente respecto de los avances en políticas de reconocimiento legal, reserva del espectro y condiciones igualitarias de acceso a las licencias para los medios comunitarios”, afirmó la CIDH.
La Defensoría del Público continúa recorriendo y trabajando con instituciones y organizaciones de todo el país. En una intensa jornada, la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano, firmó un convenio con las autoridades de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), mantuvo una extensa charla con periodistas y participó de la mesa debate “Derecho a la comunicación en la Argentina de hoy: hacer caminos y trazar rumbos”.
El convenio entre el organismo y la casa de estudios se produce con el fin de generar actividades de contribución recíproca a la maestría en comunicación institucional que dicta la Universidad y a la Biblioteca Petrona Rosende de la Defensoría. Al respecto la Defensora aseguró: “resulta fundamental seguir socializando la producción académica, abriendo la producción científica a la comunidad, así como los saberes que se producen en los barrios, sindicatos y muchos otros lugares. esta tarea es clave para la Defensoría y para las audiencias. Por eso en esta oportunidad expresó mi gratitud a las autoridades de la universidad por celebrar este encuentro y decidir qué trabajemos juntos”.
El rector de la UNSL, Felix Nieto Quintas, saludó la posibilidad del trabajo en conjunto y propuso profundizar la labor que la Defensoría lleva a cabo con el Consejo Interuniversitario Nacional para generar presencia del organismo en universidades de todo el país, “lo veo como una cosa totalmente posible” dijo Quintas. En tanto, la decana de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la UNSL, Viviana Reta, afirmó: “Celebro el convenio que hemos firmado ya que posibilita becar a algunos estudiantes de posgrado para que estudien en nuestra casa y también celebro que sea con quien está trabajando en mejorar los derechos de ciudadanía que no tienen que ver con un consumidor si no en el sentido del derecho al ciudadano”. La vice decana, Rosa Soria Boussy, recalcó: “Hemos dado un paso importante” y agregó: “Desde la universidad se hicieron aportes y sugerencias a la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo cual siempre nos ha enorgullecido”.
Más tarde, la Defensora mantuvo un encuentro con periodistas que acercaron sus inquietudes sobre distintos aspectos de la comunicación y la actualidad, allí Ottaviano reflexionó: “Estamos en una transformación cultural. Si alguien cree que esto lo vamos a lograr modificar en un día o dos, evidentemente tiene una perspectiva sesgada de la problemática, esta es una decisión social, colectiva, la de tener una comunicación que sea inclusiva, democrática, que no silencia más a distintos grupos que han sido históricamente silenciados y vulnerados, a tener imágenes de las mujeres que sean integrales en los servicios de comunicación audiovisual”.
Luego, en la mesa debate “Derecho a la comunicación en la Argentina de hoy: hacer caminos y trazar rumbos”, Ottaviano aseguró: “Tenemos que hacer esfuerzos por pensar primero cómo es nuestra sociedad, generar inicialmente las representaciones reales para no reproducir las mediáticas discriminatorias. Ese es el problema que nosotros hemos visto en el ámbito de la Defensoría del Público, que las reproducciones de las construcciones de subjetividades se hacen por la emulación de lo hecho históricamente, como consecuencia de intereses económicos e ideológicos de unos pocos, que distan mucho de los de las mayorías".
La docente investigadora de Poryectos Consolidados “Comunicación y Ciudadanía” FCH UNSL, Luz María Viñals, dijo: “El derecho a la comunicación tiene un contenido fundamental y a la vez instrumental como precondición para el ejercicio de otros derechos en las sociedades democráticas actuales y el estandar fundamental sentado por el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos reza que el estado no debe retroceder en aquellas conquistas ya ganadas”. En tanto la docente de la Maestría en Comunicación Institucional UNSCL, María Soledad Segura afirmó: “El derecho a comunicar también se trata de tomar la voz pública para cambiar el status quo y es en este sentido, que el derecho a la comunicación es una condición necesaria para la defensa, la ampliación y el ejercicio de otros derechos civiles, sociales y políticos.