Buenos Aires, 23 abril de 2014

 

VISTO el Expediente Nº 76/2014 del Registro de esta DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, las Leyes Nros. 26.485 y 26.522, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1011 de fecha 19 de julio de 2010, las Resoluciones N°99, de fecha 22 de octubre de 2013, N° 131, de fecha 27 de diciembre de 2013, ambas de esta Defensoría del Público, y

CONSIDERANDO:

Que la REPUBLICA ARGENTINA, mediante la reforma de la CONSTITUCION NACIONAL del año 1994, ha incorporado la jerarquía supra-legal de los tratados y concordatos, conforme el Artículo 75 inciso 22, asumiendo compromisos internacionales en particular la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y ratificada en la República Argentina por Ley Nacional Nº 23.179, sancionada el 8 de mayo de 1985.

Que en la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "Convención de Belém do Pará", suscripta en el año 1994 y aprobada por Ley Nº 24.632, los gobiernos de los países americanos, incluyendo la República Argentina, acordaron que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y se comprometieron a adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

Que en cumplimiento de lo ordenado por el referido instrumento internacional, el Estado Nacional sancionó el 11 de marzo de 2009, la LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES Nº 26.485.

Que en virtud de la ley N° 26.485, los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, deben adoptar las medidas necesarias y ratificar en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones.

Que, en ese sentido, el Estado Nacional tiene la responsabilidad no sólo de asistir, proteger y garantizar justicia a las mujeres víctimas de la violencia en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sino que además, le incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia.

Que la ley N° 26.485 contempla como una de las modalidades - entendidas como formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos- la violencia mediática. La define como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

Que, por su parte y en forma coincidente, el artículo 3° de la ley N° 26.522 establece entre los objetivos para los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones: “m) Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”.

Que, el artículo 71° de la ley citada establece: “quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes (…) 26.485 —Ley de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales— y 26.061, sobre protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes así como de sus normas complementarias y/o modificatorias y de las normas que se dicten para la protección de la salud y de protección ante conductas discriminatorias”.

Que, desde la sanción de la ley 26.522, el público de los servicios de comunicación audiovisual fue reconocido como sujeto de derechos. Es decir que las audiencias han pasado de ser meros espectadores y oyentes a ser titulares de derechos. Por ello están legitimadas para hacerlos valer frente a los poderes del Estado (artículo 2, ley 26.522).

Que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, es el órgano encargado de tutelar esos derechos de las audiencias, con las atribuciones que el artículo 19 le confiere.

Que es preciso mencionar que, en el ejercicio de las atribuciones que le asignan los incisos a), c), d), f) y h) del artículo 19 de la ley 26,522, la Defensoría ha compilado en su primer año de vida información cuali y cuantitativa respecto a la violencia mediática.

Que del total de denuncias que se reciben en la Defensoría, un 40 (cuarenta) por ciento corresponden a situaciones de discriminación en los medios audiovisuales. Dentro de ese recorte, un 45 (cuarenta y cinco) por ciento se vincula a episodios de violencia contra la mujer y un 12 (doce) por ciento se relaciona a identidades de género (cosificación de la mujer, sexualización de su imagen, reducirla sólo y únicamente al espacio doméstico, etc).

Que consecuentemente, constituye un objetivo prioritario para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual el desarrollo e implementación de políticas y acciones que aporten soluciones a la problemática vinculada con la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales.

Que, en ese marco, la Defensoría dictó el 22 de octubre de 2013 la Resolución N° 99/2013 que, en sus artículos 6° y 7°, instruyó a sus Direcciones de Análisis, Investigación y Monitoreo, de Capacitación y Promoción, de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos y de Comunicación Institucional para que diseñen una estrategia de intervención para la eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres en los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Que, asimismo, la referida Resolución en su artículo 9° encomienda a las Direcciones el diseño del proyecto “2014: AÑO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MEDIATICA”, a ser presentado en coincidencia con el Día Internacional de lucha contra la violencia hacia la mujer.

Que, consecuentemente, el 25 de noviembre de 2013 la Defensoría presentó su Propuesta de Acción, así como un Proyecto de declaración del año 2014 como Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres.

Que el documento señala que, efectivamente, cuando dentro de la oferta comunicacional, la representación de la mujer aparece como negación de su multiplicidad, diversidad y complejidad, se lesiona su efectiva membresía social igualitaria.

Que la naturalidad con que esas representaciones funcionan como incuestionadas o incuestionables sedimenta y contribuye a legitimar las violencias extramediáticas. En este sentido, si bien no es necesariamente el texto audiovisual el productor de esas violencias, no deja de ser partícipe de las formas de incorporación de esas violencias como repertorios para la acción y la visión social. La industria cultural puede, incluso sin proponérselo, proyectar una visión conservadora de “la mujer”.

Que todas las situaciones de violencia de género son pluridimensionales y tienen un común denominador: la desigualdad social estructural, tanto de género como de clase, de etnia, entre otras.

Que partir de la idea de que la violencia mediática contra las mujeres es pluridimensional implica entenderla como una manifestación cuya especificidad radica en el sexo-género del sujeto víctima.

Que los textos mediáticos operan en la dimensión significante, es decir en la construcción de sentido; no son inocuos, no funcionan en el vacío y su encuentro con el público jamás es unidireccional, ni unidimensional.

Que los medios audiovisuales trabajan en sintonía con las matrices culturales e intentan plantear que el género es uno de los componentes de la identidad cultural y que, en tanto tal, no está exenta de ser contada, relatada, representada.

Que la cosificación de la mujer es la forma emblemática de operación de la violencia mediática. Por ello, la necesidad de erradicar la violencia mediática contra las mujeres supone, desde el inicio, la des-reificación de la representación social y mediática acerca de “la mujer”.

Que la problemática radica en que, en el orden actual de los medios, los estereotipos recorren buena parte de las ficciones y los géneros más diversos del discurso publicitario y audiovisual, actualizando formas de representación que suelen ubicar a las mujeres en un lugar de obediencia a ciertos mandatos sociales (maternidad, belleza, candor, emoción) que las simplifican en tanto identidades sociales complejas.

Que por ello, es necesaria una transformación del discurso único de los estereotipos históricos y contemporáneos (injustos, autoritarios y antidemocráticos) que promueva una pluralidad respetuosa de la compleja diversidad social y su aspiración igualadora y democratizante.

Que allí, los Servicios de Comunicación Audiovisual tienen un rol crucial, que los convoca a promover innovaciones discursivas y representacionales acordes con los derechos humanos.

Que para eso, es necesario desplegar una política cultural que proponga cuestionar la violencia mediática. Es, entonces, pertinente el despliegue de políticas públicas que tengan por objetivo abordar la cuestión de la violencia de género desde su especificidad mediática.

Que también debe transformarse el tratamiento noticioso de acontecimientos que involucren a mujeres, niñas y adolescentes, de forma que prevenga el uso espectacularizante tanto de la variable de género, como su especificidad en torno de las mujeres.

Que esa prevención implica una transformación y sensibilización en materia de tratamiento y abordaje de la violencia de género y de la violencia mediática hacia las mujeres desde el paradigma promovido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es decir, desde un paradigma que reconoce la igualdad de las personas y que sanciona toda forma discriminatoria y de ejercicio de la violencia material y simbólica fundada, entre otras, en criterios de género.

Que la violencia simbólica y mediática se inscribe en el horizonte de las violencias, sus tipologías e implicancias; es una práctica cultural que puede ser transformada y erradicada. Por ello, es preciso contribuir a definir una línea de intervención que tenga por objetivo de largo plazo erradicarla. Para ello el trabajo con los Servicios de Comunicación Audiovisual resulta posible, deseable y auspicioso.

Que la Defensoría, al detectar la notable preocupación y sensibilización de las audiencias respecto de la temática de violencia mediática, se planteó la necesidad de trabajar coordinadamente con otros sectores del estado y la sociedad civil con la implementación de actividades tendientes a revertir esta problemática.

Que, en ese camino, el 27 de diciembre de 2013 mediante la Resolución 131/2013 se decidió convocar a otros organismos estatales comprometidos con la lucha contra la discriminación, con la plena vigencia de los derechos de las niñas y de las mujeres y con los derechos comunicacionales.

Que, como corolario de ese proceso se incorporaron en la formulación de las políticas a implementar los aportes teóricos y las sugerencias prácticas de los organismos estatales con expertise e incumbencias en la temática convocados.

Que, como un nuevo mojón en el proceso, el 07 de marzo la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual realizó la presentación y lanzamiento de las actividades que desarrollará en el ámbito de sus competencias específicas, convocatoria que se organizó en torno al eje: “2014: AÑO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MEDIÁTICA HACIA LAS MUJERES Y LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES”.

Que, conjuntamente con el lanzamiento de la propuesta de acción de la Defensoría, se procedió a la firma de un CONVENIO MARCO DE COOPERACION N° 002/2014 ENTRE LA DEFENSORÍA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, LA AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, EL INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO Y EL CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES.

Que mediante el referido Convenio Marco, las partes se comprometen a poner en práctica políticas públicas, acordes con las leyes 26.522 y 26.485, mediante la divulgación, promoción e implementación de planes de capacitación cuyo objetivo sea abordar la problemática de la violencia de género hacia las mujeres en los Servicios de Comunicación Audiovisual, en lo que refiere a violencia mediática.

Que, en esa instancia se evaluó la conveniencia y oportunidad de establecer anualmente un lema que actúe como faro de las políticas de la Defensoría que se prioricen en ese período, alumbrando tanto hacia el interior como hacia el exterior.

Que la conmemoración anual debe tener como objetivo contribuir al cumplimiento de los objetivos que propone el paradigma comunicacional consagrado por la ley 26.522 y sensibilizar a la comunidad respecto de las temáticas concretas hacia las que anualmente la Defensoría decida enfocar sus esfuerzos y recursos. En efecto, se trata de ocasiones para promover acciones y atraer la atención pública sobre los programas y actividades para temas específicos.

Que, por todo lo hasta aquí expuesto, es consistente declarar al año en curso 2014 como "Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales”, estableciendo una guía que recuerde en las acciones cotidianas de la Defensoría, el eje que el público y las audiencias con su participación ciudadana nos han señalado como prioritario para el período.

Que la presente forma parte de las medidas de divulgación que en esta instancia la Defensoría del Público ha previsto, en el marco del convenio de colaboración, para el ámbito del ejercicio de sus competencias específicas y excluyentes.

Que, finalmente, es conveniente por razones de celeridad procesal administrativa y a los fines de una planificación futura oportuna de la selección del lema a adoptar anualmente por la Defensoría, establecer la fecha límite para que las Direcciones eleven a consideración sus propuestas para el próximo período. Dichas propuestas deben elaborarse en consonancia con las inquietudes que se hayan recogido durante el año del público y las Audiencias, así como de sus organizaciones y de los actores de la comunicación audiovisual.

Que a esos fines se ha evaluado la fecha 16 de noviembre, debido a que en ese día del año 1995 los países miembros de la UNESCO adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. La Declaración establece que “la tolerancia es el respeto, la aceptación y el aprecio de la riqueza infinita de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la apertura de ideas, la comunicación y la libertad de conciencia. La tolerancia es la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino una obligación política. La tolerancia es la virtud que hace posible la paz y que contribuye a la sustitución de la cultura de guerra por la cultura de paz...La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo, la democracia y el estado de derecho”.

Que la declaración, al adentrarse en las dimensiones sociales de la tolerancia, señala que “los medios de comunicación han de desempeñar una función constructiva, facilitando un diálogo y un debate libres y abiertos, difundiendo los valores de la tolerancia y poniendo de relieve los peligros que representa la indiferencia al auge de grupos e ideologías intolerantes”.

Que un año después la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados Miembros a que cada año se observara el Día Internacional para la Tolerancia (resolución 51/95). Dicho día sería “una oportunidad para realizar, en cooperación creativa con los medios de comunicación de cada país, acontecimientos especiales, publicaciones y programas de radio y televisión para movilizar a la opinión pública en pro de la tolerancia”.

Que, por ello, se estima oportuno que la fecha sea coincidente con dicha conmemoración. Ello, en consonancia con el artículo 3° de la ley 26.522 que establece “La participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas”.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

RESUELVE:

Artículo 1º: Declárase, en el ámbito de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, al año 2014 como "Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales”.

Artículo 2º: Incorporase a partir de la aprobación de la presente y durante el Año 2014, a toda la papelería e instrumentos de comunicación oficial a utilizar por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el sello, membrete o inscripción con la Leyenda "2014 - Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales".

Artículo 3º: En orden a lo establecido en el artículo 1º del presente, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual podrá auspiciar las actividades, jornadas, seminarios, conferencias y/o programas educativos que contribuyan a la difusión en el país de la lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales.

Artículo 4º: Instruyese a las Direcciones de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, a efectos que procedan en el ámbito de sus competencias, a establecer los mecanismos y herramientas pertinentes para la implementación eficaz de lo dispuesto en el artículo 2° y 3°.

Artículo 5º: Regístrese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y oportunamente archívese