Guía para el tratamiento periodístico responsable de noticias policiales
La presente guía surge como propuesta y aporte a un conjunto de necesidades vinculadas a las coberturas informativas en materia de “policiales” que, desde diferentes espacios sociales, han atravesado los cuatro años de la Defensoría del Público.

La totalidad de los casos que se mencionan -una selección pequeña del universo de reclamos recibidos por el organismo- fueron debatidos con los trabajadores de los medios de comunicación -desde los periodistas hasta las productoras-, de modo de reflexionar de manera conjunta acerca de lo que las audiencias habían reclamado y la perspectiva que esta Defensoría tiene sobre cada uno de ellos. En casi todos los casos, dichos debates concluyeron en actividades de capacitación, lectura de materiales específicos y debates sobre legalidades, legitimidades y potenciales abordajes alternativos. Abordajes que posibilitaran realizar la actividad profesional en materia policial sin que ésta vulnerara derechos.

Dado que, entonces, esta Guía es, como el resto de las producciones hechas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, una propuesta dialogada, está abierta al debate, al disenso, a la crítica y a la superación. Es en la certeza de que es posible hacer un policial audiovisual informativo a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que la presente Guía se pone a consideración de quienes trabajan en los medios y, por cierto, de las audiencias de esos mismos servicios de comunicación.

A continuación, se puede descargar el archivo que contiene el trabajo llevado adelante por el organismo. O se puede acceder desde este link.

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Guía para el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional
La presente guía propone una serie de herramientas necesarias para una cobertura periodística responsable de los casos de violencia institucional, problemática que requiere ser identificada y abordada en su especificidad y complejidad.

Por tratarse de una cuestión que refiere al funcionamiento ilegal de las instituciones del Estado, los medios de comunicación constituyen un recurso fundamental para garantizar el acceso a la información y la búsqueda de la verdad.

La violencia institucional es una forma anómala que adquiere el Estado cuando viola o permite violar su propia normativa; cuando usufructúa sus facultades para, desde sus instituciones, cometer, legitimar u ocultar delitos; y cuando ejerce un tipo de violencia física y/o simbólica sobre la población a la que debe proteger. Es decir, la violencia institucional es el proceso mediante el cual el poder del Estado, en cualquiera de sus niveles, es utilizado para favorecer o encubrir la violación de la Ley. Es un fenómeno que se puede presentar en distintas instituciones del Estado, como por ejemplo, las fuerzas armadas y de seguridad, los organismos de salud, de educación, entre otros.

Sin embargo, esta guía refiere exclusivamente a situaciones de violación de los derechos humanos por parte de las diferentes agencias del sistema penal: las fuerzas de seguridad -policía federal, provincial o comunal; gendarmería; prefectura, policía de seguridad aeroportuaria-, el sistema penitenciario y las instituciones del sistema judicial penal y contravencional.

Para cumplir sus funciones, los agentes de las instituciones del sistema penal pueden hacer uso de ciertas facultades que incluyen el uso de la fuerza. Entre esas facultades se encuentran las de detener personas, ingresar a lugares o registrarlos, secuestrar objetos, usar la coerción y la fuerza letal, siempre que estas acciones se ejerzan respetando los encuadres legales y sujetas a controles jurisdiccionales.

Sin embargo, entendemos que existe violencia institucional cuando estos agentes hacen uso indebido de esa fuerza o cuando la ejercen de manera abusiva, cuando encubren esas actuaciones o no las investigan adecuadamente.

Probablemente, los casos más conocidos en la materia sean los mediáticamente denominados “gatillo fácil”, aunque existen otros que también configuran hechos de violencia institucional. Sin embargo, dado que la figura “gatillo fácil” es un eufemismo que permite ocultar los patrones estructurales de la problemática, este documento evitará recurrir a ese término y pondrá a disposición herramientas y recomendaciones que posibiliten un abordaje responsable de la temática.

Las dificultades que se verifican a la hora de denunciar, investigar y sancionar los hechos de violencia institucional se relacionan con las características particulares de sus autores (detentan poder, son quienes -por su función- deberían garantizar que este tipo de hechos no sucedan), con la alta vulnerabilidad de las personas afectadas y con la invisibilidad de este tipo de prácticas frente a la opinión pública y en los medios de comunicación. De hecho, es importante advertir que bajo las prácticas de violencia institucional subyace una enorme cantidad de conflictos sociales que suelen quedar encubiertos por el ejercicio de dicha violencia: la desigualdad de clase, la discriminación de sectores sociales vulnerabilizados, la desigualdad de géneros, entre otros.

La Guía puede descargarse desde este link. O desde el archivo adjunto que acompaña la nota.

 

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La Defensoría hizo un análisis de diferentes códigos de ética, guías de enfoques, declaraciones de principios y manuales de estilo, ya que cree que en la riqueza de esas producciones está la base para pensar y transformar las prácticas comunicacionales.

Los desafíos que afrontan cotidianamente los diferentes actores de la comunicación audiovisual, para trabajar bajo la perspectiva de los derechos humanos, llevan a una dinámica de reflexión y debate permanentes en función de la modificación y mejora de sus prácticas profesionales. Especialmente en la Argentina, dados los derechos que consagra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Defensoría del Público asumió el desafío de impulsar a emisoras de gestión pública y de gestión privada con y sin fines de lucro para que adopten el camino de la co-regulación creando sus propios códigos de ética y manuales de estilo. Estas guías pueden partir de la definición de la comunicación como un derecho básico inalienable y de reconocer la necesidad de transmitir imágenes y mensajes inclusivos y no discriminatorios, que respeten la dignidad de las personas, para contribuir a mejorar la comunicación y, con ella, la mejora de la vida en general, la convivencia como comunidad y, por ende, la construcción de una sociedad inclusiva. De allí que en estas páginas, la Defensoría procura aportar y sistematizar herramientas existentes a nivel nacional e internacional para brindar instrumentos acordes a los desafíos del paradigma de la comunicación en Argentina: la concepción que la comunicación como derecho humano le plantea al campo de los medios audiovisuales.

Tanto por las nuevas problemáticas, como por las perspectivas inclusivas que se vienen desarrollando en campos sociales en los cuales históricamente predominaban prejuicios, desconocimientos o formulaciones de sentido común agraviantes, el derecho humano a la comunicación es un punto de llegada de las múltiples luchas por la equidad. Se trata de la reivindicación de los derechos de todas las personas y del reconocimiento respetuoso de la diversidad social.

La experiencia de casi cuatro años de trabajo de la Defensoría del Público permite, además, sumar a estos procesos, los debates sostenidos con quienes trabajan en los medios audiovisuales, quienes en muchas ocasiones han solicitado nuevas herramientas para producir un trabajo acorde a la normativa y, sobre todo, al proceso social de integración, pluralización y democratización de la palabra. Tanto las audiencias como quienes trabajan en la comunicación reclaman, permanentemente, la elaboración y difusión de materiales, reflexiones conjuntas y debates que posibiliten promover miradas transformadoras, novedosas y, sobre todo, diversas. Es decir, construir un universo conceptual que se constituya en un piso desde el cual producir una comunicación mediática que evite la discriminación, el silenciamiento, la estereotipación negativa y, centralmente, la monocorde producción de una sola voz.

La adhesión a la democracia y al pluralismo, a los derechos humanos, la paz y la solución pacífica de los conflictos, la inclusión de todos los sectores sociales y, con ello, el reconocimiento de los derechos comunicacionales de todas las audiencias, son los conceptos más compartidos y asumidos por todas las experiencias relevadas y debatidas con quienes trabajan en los medios y con quienes asumen su participación en calidad de públicos.

Para alentar esa tarea, la Defensoría decidió realizar este análisis de los diferentes códigos de ética, guías de enfoques, declaraciones de principios y manuales de estilo de la Argentina y de gran parte del mundo, ya que cree que en la riqueza de esas producciones está la base para pensar y transformar las prácticas comunicacionales en función de una mejor y más rica sociedad.

A continuación, se puede descargar el archivo que contiene el trabajo llevado adelante por el organismo. O se puede acceder desde este link.

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Este material fue realizado en conjunto con organizaciones de lucha por los derechos de las mujeres y por la erradicación de la violencia que se ejerce contra ellas, y quienes trabajan cotidianamente en los servicios de comunicación audiovisual.

Este grupo de actores sociales participó en los sucesivos encuentros organizados por la Defensoría a lo largo del país durante 2014 y 2015 para reflexionar, debatir y proponer formas adecuadas y responsables de abordar mediáticamente la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos, que sea respetuosa de las personas que viven o han vivido en situación de violencia, que socialice información relevante y que, en consecuencia, evite que se produzcan vulneraciones a los derechos a través de la espectacularización de los casos, entre otras operaciones discursivas que suelen estar presentes en los medios audiovisuales y respecto de las cuales las audiencias han realizado múltiples reclamos. De esta foma, se buscó generar y proponer mecanismos y herramientas para promover y contribuir a la realización de los derechos comunicacionales de las víctimas así como de las audiencias. La Guía puede descargarse desde este link. O desde el archivo adjunto que acompaña la nota.

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El siguiente trabajo incorpora voces y responde a las necesidades e inquietudes expresadas por las audiencias, por organizaciones LGTTTBIQ y por quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual. Puede descargarse el material.

La presente Guía es el resultado del trabajo colectivo llevado a cabo por la Defensoría junto con organizaciones de lucha por
los derechos de lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales, intersex y queer (LGTTTBIQ), profesionales de los servicios de comunicación audiovisual y especialistas en temáticas de géneros y sexualidades. Este conjunto de personas y grupos participó de los diferentes encuentros llevados adelante por el organismo para debatir sobre el tratamiento mediático de las identidades de género, cuestionado por las propias audiencias, y así poder avanzar en la elaboración de orientaciones y recomendaciones para el desarrollo de una comunicación con un enfoque de respeto, defensa y difusión de los derechos de las personas LGTTTBIQ, como las que aquí se sistematizan. Para acceder al material podés hacer click acá o descargarlo desde el archivo adjunto.

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