La Defensoría organizó, por primera vez en Argentina, el Congreso de la Organization of News Ombudsmen (ONO). Además, se llevó adelante el IV Seminario Ibero Americano de Defensorías / Ouvidorias de medios.

Mes a mes, desde su creación, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual continúa con “un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentadas por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto”, según lo establece el artículo 19 en su inciso b) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En abril se recibieron 360 presentaciones que se constituyeron en 66 consultas, 4 actuaciones y 290 en otras acciones.

Durante este período, la Defensoría organizó -por primera vez en Argentina- el Congreso de la Organization of News Ombudsmen (ONO) con 43 representantes de los cinco continentes. La información sobre esas jornadas se puede acceder a través de este link. También, en abril, referentes de la comunicación iberoamericana instaron a la creación de Defensorías de las audiencias en la región. Representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, radios comunitarias, alternativas y ciudadanas y organismos públicos de 11 países firmaron una declaración. Durante ese día, el derecho humano a la comunicación y la concentración fueron los principales ejes del IV Seminario Ibero Americano de Defensorías / Ouvidorias de medios, organizado por la Defensoría del Público de la Argentina, en el Centro Cultural de la Cooperación.

También, en abril, la Defensora del Público expuso ante representantes legislativos distintos aspectos fundamentales desde la perspectiva de las audiencias en un debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema se coordinó una nueva etapa de trabajo en conjunto.

La Defensoría recibió una serie de reclamos vinculados a un mismo cableoperador. En algunos casos denunciaron la “eliminación del canal Telesur de la grilla analógica” de esa empresa proveedora de señal. Y en otros, advertieron sobre interferencias producidas en la emisión de programas de un canal de noticias del cable.

También hubo llamados de atención sobre la manera en que, en horarios aptos para todo público, son emitidas escenas inconvenientes para ocupar esa franja. Un televidente sostuvo que “a las 14 hs” se mostró “un caso de femicidio o suicidio”, momento en el que pudo verse “al menos dos veces la caída de la mujer al piso, anteponiendo una placa para niños y adolescentes sobre las imágenes. Sin embargo es terrorífico el relato que generan anterior y posteriormente a la caída. Mostrando una y otra vez a la mujer arrojada al piso”.

“A solicitud de dirigentes de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA) -dijo un oyente-, presento formalmente por este medio la solicitud de apoyo jurídico legal de parte de la Defensoría del Público para la tramitación de licencias para radios comunitarias que nuestras organizaciones sostienen en diversas provincias”. Y agregó: “Hasta el momento tenemos identificadas tres emisoras que necesitarían de esta asesoría: FM Horizonte (Medanitos, Catamarca), FM Activa (Pirané, Formosa) y FM Obreros del Surco (en construcción, en Villa Ocampo, Santa Fe). Cabe señalar que estas experiencias mantienen vínculo y han recibido apoyos muy valiosos de parte de la Defensoría, por lo que esperamos poder avanzar en esta articulación”.

Según el reclamo de un televidente, aproximadamente a las 15 hs. del pasado 21 de marzo, en momentos de emitirse un programa de interés general, sus conductores, junto a un periodista de temas policiales, “se referían a la misma como hombre”, al presentar un caso de femicidio hacia una mujer trans. Con lo que se vulneraba “el derecho de identidad auto-percibida de la víctima”. Para el denunciante, con dicha actitud de los responsables televisivos “se justifica de cierta manera el acto de violencia que desencadenó en femicidio, dando a entender que los motivos eran porque la mujer no le había explicado a su asesino su condición de trans”.

“Desde Wall Kintun TV nos presentamos y salimos ganadores de los FOMECAS 2015 en gestión equipamiento y noticiero diario -se explica en una presentación-, y hasta el momento no hemos recibido depósito alguno de los mismos. Solicitamos a la Defensoría que intervenga jurídicamente para saber sobre el estado del trámite y lograr que se acrediten los montos obtenidos por medio de los FOMECAS”. Wall Kintun TV es un canal de la comunidad mapuche que transmite su propuesta desde la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. El reclamo se refiere al “Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual”, iniciativa puesta en marcha durante la gestión de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

El organismo también recibió quejas porque empresas cable operadoras no brindan el servicio de Close Caption. “Necesito el subtitulado dado que soy hipoacúsica -explicó una televidente-, y en la mayoría de las emisiones me pierdo el contenido de audio por no escuchar bien”.

Desde la coordinación provincial de la red de radios campesinas e indígenas del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), una denuncia explicó lo siguiente: “La comunidad del pueblo originario Vilela Pampa Pozo cuenta con resolución otorgada de la AFSCA Nro. 657, y ha firmado el 15 de diciembre de 2015 un convenio de la línea 10 del FOMECA, expediente 306/2015”. Se trata del proyecto ´Red de Radios Campesinas Indígenas de Santiago del Estero. Articulando la Voz de las Comunidades del los Territorios´. En el mismo “se encuentran involucradas las seis radios comunitarias del los pueblos originarios Vilela, Sanaviron y Lule Vilela”, sostiene la presentación, la cual asegura que hasta el momento “no se ha recibido el pago del subsidio, según se especifica en la cláusula primera del convenio firmado”. Y culmina: “Es necesario recibir ese dinero para fomentar el funcionamiento de la red de radios, que articule la voz de las comunidades indígenas desde los territorios, tal como se describe en el proyecto presentado”. 

Distintos inconvenientes fueron elevados por parte de televidentes. Por ejemplo “la eliminación de la participación en Telesur por el Estado argentino y su posible eliminación de la grilla de TDA”. Algo que “no ayuda a la pluralidad de voces ni al derecho a la información”. Otros reclamos hacieron mención a que un cable operador dejó de emitir ENTV Canal 5 “por supuestas interferencias”; se registran “cortes frecuentes” de la señal C5N de otra empresa proveedora; y hubo “censura previa” en el programa Economía Política.

Los no entregados FOMECA siguieron ocupando espacio en las quejas de varias instituciones. La cooperativa de trabajo Vibras Limitada exigió “desembolsos pendientes” relacionados con el mencionado fondo, y explicó que inició trámites ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Jefatura de Gabinete de Ministros en ese sentido. Lo mismo pidieron los responsables de FM Las Chacras: “Obtuvimos dos concursos FOMECA en 2015, y no nos abonaron en tiempo y forma”.

Los cambios registrados en distintas programaciones televisivas fueron motivo de consultas. Un televidente manifestó que “los noticieros no informan sobre hechos que desfavorecen al actual gobierno, como manifestaciones en contra, reclamos de despedidos, o leyes importantes que se votan en la Cámara de Diputados”. Agregó que “muchas personas no tienen internet y ven sólo lo que se transmite en la televisión”, pero frente a la “poca información” soportan, según la presentación, una pantalla colmada de “novelas extranjeras y programas de entretenimiento y humor, ´idiotizando´ al televidente u ocultando la realidad”. Y por último, pidió que “se revise la cuota de programación nacional” de dos de los canales de aire de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, un televidente alertó sobre discriminación contra los varones en un programa de cable encabezado por un conductor y una conocida sexóloga. Desde el mensaje promocional que sostiene “traé el marido que tenés y llevate el que querés”, en el ciclo, según el reclamante, “la palabra de las mujeres es creída a rajatabla, mientras que la de los hombres es puesta en duda continuamente”. También describió que “la sexóloga en el primer programa dio un dato ´científico´ de que el cerebro de los hombres está limitado para atender con respecto al de las mujeres”.

En esa línea, pero sobre todo la de la estigmatización, un televidente contó que en un programa vespertino, el conductor, al hablar del abuso sexual al que fue sometida una bailarina, preguntó: “¿Cómo estaba vestida?”. Y remató: “Para contextualizar, porque a lo mejor estaba muy provocativa”. Según la denuncia, tal expresión constituye “un mensaje muy violento hacia las mujeres, sacando la responsabilidad del atacante y haciendo responsable a la víctima. Espero que se llame la atención sobre esto, porque no es la primera vez que (el conductor) ataca a las mujeres públicamente”.

Por otra parte, una persona sorda describió el panorama por el que atraviesan los que tienen ese problema físico y no pueden acceder a la programación audiovisual como quisieran. “Me angustia mucho el tema de la lengua de señas”, explicó. Y se lamentó de que a pesar de haber conseguido ese derecho, en la TV “hay conferencias de prensa, o hablan diferentes ministros, pero sin embargo no hay recuadros en la pantalla con la interpretación. A mí, en tanto sordo, se me acabó el acceso a la información, no puedo captar y comprender la información política. Hay una barrera para acceder”.

El mes, en números

La región Buenos Aires fue la que más presentaciones tuvo con un 44,4% del total. Luego se encontró la región Centro con el 20%, seguido por Patagonia con el 12,8%. Después, con el 11,7%, surgió NOA. Con el 7,5% continuó NEA y cerró Cuyo con el 3,6%.

El 76,5% de las presentaciones fue de las mujeres, mientras que para los varones correspondió el 23,5%.

El 35,1% de las presentaciones, denuncias y reclamos fueron hechos por ciudadanos/as de entre 19 y 30 años. Con el 32,6% se ubicaron quienes tienen entre 31 y 40 años. Los y las denunciantes que tienen entre 41 y 50 años alcanzaron el 15,9%. Con el 13%, quienes tienen entre 51 y 65 años. En la franja de quienes tienen más de 65 años se trepó al 2,8%. Con 0,6% cerraron quienes tienen entre 13 y 18 años.

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Fueron 72 consultas, 5 actuaciones y 157 se convirtieron en otras acciones.

Mes a mes, desde su creación, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual continúa con “un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentadas por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto”, según lo establece el artículo 19 en su inciso b) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En marzo se recibieron 234 presentaciones que se constituyeron en 72 consultas, 5 actuaciones y 157 en otras acciones.

Durante ese período, y con respecto al despido del periodista Víctor Hugo Morales de Radio Continental, un oyente manifestó ante la Defensoría que el mismo fue “obsceno y violatorio de nuestro derecho a la información”.

Otro reclamo, en marzo, precisó: “Tengo conocimiento de que el pasado mes de noviembre le fue otorgada la licencia como operador en TDA a Barricada TV -sostuvo un denunciante-, y recurro a ustedes por cuanto en el canal 33 que les ha sido asignado aún está Canal 13. Les solicito cordialmente intercedan para dar cumplimiento al derecho adquirido por el mencionado canal comunitario y la comunidad de televidentes que esperamos su inclusión en la grilla de la Televisión Digital Abierta”. En esa línea, además, una oyente brindó su opinión acerca de las modificaciones en la grilla de Radio Nacional: “Soy una ciudadana de Córdoba Capital que contrató un técnico para acceder al Servicio de la TDA y desde la firma de los decretos del Presidente Mauricio Macri y de su decisión política de intervenir sobre la Ley, a través del Afsca y de Aftic, es que casualmente comenzó a verse en casi la totalidad de los canales de la TDA, todas las imágenes, todos los canales pixelados, con cortes, imposible de ver y de oír, canales como : Encuentro, Incaa TV, Telesur, DeporTV, Construir TV, y ni hablar de canal 7, la TV Pública”.

Según una persona de la provincia de San Luis que recurrió al organismo, “desde hace tres años nos vienen amenazando pidiendo el cierre de nuestra emisora, MASI RADIO FM 92.7, hasta que el día 18 de febrero sufrimos un allanamiento con secuestro de equipos, todo lo que es de transmisión, computadoras, consola, micrófono”. “Somos una radio comunitaria”, agregó, y “con esta actitud nos privan de la libertad de expresión, y del derecho de informar a nuestras comunidades latinoamericanas; en este medio lo único que se hace es expresar nuestras diferentes culturas, con su música, costumbres y tradiciones”. En relación al allanamiento, agregó que “hasta el momento no podemos recuperar los equipos que nos secuestraron bajo una supuesta denuncia de interferencia realizada por administradores del aeropuerto. En dicho documento no nos mencionan a nosotros, ellos responden que no saben de dónde vienen las interferencias, por otro lado el ahora ENACOM nos pide la licencia, cuando es de conocimiento público que el 80 % no tienen licencia, y a nosotros nos exigen ahora. Acá en la ciudad capital de San Luis no se otorgan licencias desde el año 1988 aproximadamente. Por todo lo expuesto, solicitamos a ustedes puedan ayudarnos a encontrar una solución”.

Representantes de la Cooperativa de Trabajo Pares limitada le solicitaron a la Defensoría “el asesoramiento y acompañamiento ante la autoridad de aplicación de servicios de comunicación audiovisual, en el proceso de habilitación definitiva de la licencia obtenida por concurso bajo la resolución 39 de AFSCA”.

Referidas al horario Apto para Todo Público, una persona presentó el siguiente reclamo: “se difundió un video donde se ve el cuerpo de una persona sin vida con dos balazos en la cabeza, mientras otra persona lo reanima y varios miran lo que sucede. Este video se transmitió el lunes 15 de febrero o martes 16 de febrero del corriente año, a las 11:00 am, horario apto para todo público”.

“Indignante programa”, denominó un televidente a un ciclo emitido por un canal abierto de la Ciudad de Buenos Aires, donde los invitados cantan. El denunciante explicó que el juego consiste en cantar “mientras se tortura al participante con silla giratoria violenta, bebida que descompone, y luego ingresar en un sarcófago al que le agregan serpientes vivas, y cientos de cucarachas vivas. El participante intenta cantar y aúlla, incluso los miembros del jurado se estremecen. Una vergüenza que la TV argentina recurra a esa porquería de programa, aunque los participantes sean voluntarios. FUNDAMENTALMENTE VIOLAN LOS DDHH QUE SON IRRENUNCIABLES. Lamentable que se considere ´juego´ a una escena de pánico y horror en vivo. Solicito intervención urgente, es un ejemplo de sadismo en horario que ven los chicos”.

Otro de los reclamos está referido a acontecimientos futbolísticos. “En Ituzaingó (Provincia de Buenos Aires) -describe una denuncia-, vía TDA, la recepción de los nuevos canales a los partidos de equipos grandes no tienen potencia de llegada como lo tenía antes la TV Pública, con lo cual no es posible verlos”.

Un televidente elevó su denuncia por la manera en que, en un ciclo de fin de semana, el conductor generalizó acerca de la apariencia de las personas, actitud claramente discriminatoria. El requerimiento recibido por la Defensoría explica que ese periodista  “estaba entrevistando a una persona en relación a la detención de Pérez Corradi en la Triple frontera”, y que “hizo un comentario en el cual decía que, en esa localidad, ´todos tenían cara de sospechosos´. Creo que es un insulto, una forma seria de discriminación y, básicamente, una gran negligencia transmitir la idea de que existe algo así como ´cara de sospechoso´”.

“Somos una cooperativa de producción de frutas y hortalizas de estación de la localidad de Colonia el Simbolar, en el departamento Robles -explica un grupo de denunciantes-. Y agrega: “Nos presentamos a un concurso Público con resolución Nro. 241 ante la AFSCA en día 2 de julio del corriente año (en referencia a 2015). Nuestro número de expediente es 57.00.0/2015. Somos conscientes de que estamos en un momento sumamente difícil y que el actual gobierno está atacando la ley de comunicación audiovisual. Por eso necesitamos que nos ayuden a seguir y rastrear este expediente. No sabemos si la licencia para la radio comunitaria saldrá. Pero al menos haremos el seguimiento de este expediente con el apoyo de ustedes”.

Otra queja se refiere a lo ocurrido en un programa de una señal televisiva porteña en la que se hablaba sobre un supuesto acoso sexual sufrido por una mujer. Según el televidente, un panelista preguntó “cómo estaba vestida, para contextualizar, porque a lo mejor estaba muy provocativa”. La denuncia afirma que “este es un mensaje muy violento hacia las mujeres, sacando la responsabilidad del atacante y haciendo responsable a la víctima”. Y solicita llamar la atención sobre esto, “porque no es la primera vez que el señor (nombra al conductor aludido) ataca a las mujeres públicamente”.

Por otra parte, también durante marzo, la censura ocurrida en el programa Economía Política, encabezado por el periodista Roberto Navarro, también fue motivo de una denuncia presentada en la Defensoría del Público.

“Como coordinadora de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) -se explica en una presentación realizada a la Defensoría-, solicitamos la intervención del Organismo que usted preside” en relación a un informativo emitido por un canal abierto de la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo detalla que en ese programa “se hizo referencia a la extradición de un adolescente de nacionalidad dominicana en términos que consideramos estigmatizantes. En la noticia, se coloca en primer plano la nacionalidad del adolescente (´el dominicano reincidente´), y se efectúa una asociación entre su origen nacional con los delitos cometidos ´cometió tantos robos que lo echaron´). Asimismo, el tratamiento de la imagen construye una estética que refiere a los códigos policiales, al ilustrar el hecho con placas en colores rojo y negro donde destaca la palabra ´deportado´. Consideramos que la forma de presentar la noticia, donde el énfasis está puesto en la nacionalidad del adolescente, genera un mensaje en el cual el origen nacional es presentado como negativo. Esta forma de construcción puede connotar discriminación hacia ese grupo de población. La difusión de esta noticia conlleva mayor gravedad al tratarse de un menor de 18 años de edad, por lo que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la exposición y tratamiento mediáticos”.

Por interferencias, una persona se comunicó con el organismo. “Desde hace tiempo no puedo ver ni escuchar el canal C5N”, manifiesta un televidente, ya que “el mismo tiene interferencias de una radio. He hecho el reclamo reiteradamente a Telecentro siendo la respuesta siempre la misma: ´Estamos trabajando para solucionar el problema cuanto antes´”. Este fue un reclamo similar: “Se me hace imposible ver a los programas de Gustavo Silvestre en la TDA, tanto el de las 21 hs. en C5N como el de las 6 am en 360 TV”.

“Tengo 9 años y miraba Chiquititas con mis amigas del grado”, sostiene una niña que se comunicó con la Defensoría. Y agregó: “Un día puse TELEFE y en vez de estar Chiquititas estaba ´Sila, esclava de amor´. Queremos volver a ver chiquititas”.

Un televidente criticó fuertemente el perfil de un ciclo informativo y de interés general que emite un canal abierto de la Ciudad de Buenos Aires en horario matutino: “El motivo (del reclamo elevado a la Defensoría) es el alto grado de discriminación, violencia y prejuicio hacia zonas ´no habituales´ de Latinoamérica donde muchos deciden viajar, ya que los presentadores de dicho programa los exponen, presentan y estigmatizan como ´MUY PELIGROSOS´, basándose en criterios muy centralistas e incoherentes, sin importar sus culturas ni paisajes”. Según el televidente, tanto el conductor como los panelistas manifestaban no estar “estigmatizando”, pero sin embargo “marcaban en un mapa los países ´peligrosos´ con un punto rojo”.

“Que cesen de mostrar videos o hacer referencia en forma jocosa de una enfermedad tan dolorosa, estigmatizante y deteriorante como es el BROTE PSICÓTICO  (que puede derivar en varias otras enfermedades más), ya que me causa mucho dolor como mamá de una adolecente de 16 años ver cómo reproducen en televisión lo que vemos a diario en casa desde hace 5 años atrás”, exigió una televidente.

Otro de los reclamos ingresados al organismo se relaciona con la violencia explícita que tiene lugar en distintos programas televisivos. El pasado 22 de marzo en el horario del noticiero, según una televidente, “transmitieron una filmación hecha con un celular que mostraba cómo mataban a una chica a golpes. Mechaban la filmación con la denuncia de la familia de la chica”.  La denuncia menciona la actitud como “metodología perversa”, porque “a pesar de condenar el hecho continuaban pasando las terribles imágenes”.

Por último: “Quisiera denunciar la disposición del presidente Mauricio Macri de retirar a nuestro país como accionista de TeleSUR”, se quejó un televidente. A lo que agregó: “Considero que esta disposición actúa en detrimento del derecho a la comunicación y la pluralidad de voces. Quisiera que este canal pueda seguir disponible tanto en las grillas de los cableoperadores como en la Televisión Digital Abierta”.

El mes, en números

La región Buenos Aires fue la que más presentaciones tuvo con un 71,8% del total. Luego se encontró la región Centro con el 17, 5%, seguido por Patagonia con el 3,8%. Después, con el 2,6%, surgió NOA. Con el 2,1% cerraron NEA y Cuyo.

El 80,3% de las presentaciones fue de las mujeres, mientras que para los varones correspondió el 19,7%.

El 41,4% de las presentaciones, denuncias y reclamos fueron hechos por ciudadanos/as de entre 19 y 30 años. Con el 32,9% se ubicaron quienes tienen entre 31 y 40 años. Los y las denunciantes que tienen entre 51 y 65 años alcanzaron el 10,8%. Con el 9%, quienes tienen entre 41 y 50 años. En la franja de quienes tienen más de 65 años se trepó al 5%. Con 0,5% cerraron quienes tienen entre 13 y 18 años y también los y las personas de entre 6 y 12 años.

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Fueron 48 consultas, 14 actuaciones y 18 resultaron otras acciones. La Defensoría emitió una Resolución donde analiza con preocupación los últimos decretos adoptados por el Gobierno Nacional que afectan la vigencia de la LSCA.

Mes a mes, desde su creación, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual continúa con “un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentadas por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto”, según lo establece el artículo 19 en su inciso b) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En febrero se recibieron 80 presentaciones que se constituyeron en 48 consultas, 14 actuaciones y 18 en otras acciones.

Durante febrero, el organismo dictó una Resolución donde analiza con preocupación los últimos decretos adoptadas por el Gobierno Nacional que “afectan la plena vigencia de la LSCA, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos". La Resolución N° 21/2016, firmada el 18 de febrero de 2016 por la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano,  fue emitida con motivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 13/2015 y 267/15 y el Decreto N° 236/2015 dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y en virtud de los cuales se intervino el AFSCA y se modificó la Ley 26.522. Al respecto, hubo repercusiones de diferentes personalidades del ámbito de la comunicación, la política y la educación que adhirieron a la Resolución.

Una mujer manifestó ser cliente de una cableoperadora cuyos responsables “vienen sacando canales de la señal analógica. Sumado a esto, cada vez que emiten un partido de fútbol de torneo de verano, la señal se ve en blanco. Cuando llamo y reclamo, dicen que es un problema de la señal de origen, no de ellos. Pero es muy sospechoso que mientras transmiten la previa se ve bien y al empezar el partido se ve mal. Es una clara maniobra para que los usuarios nos veamos obligados a contratar el digital”.

Referidas a la radio, una oyente presentó el siguiente reclamo en la Defensoría: “Desde esta mañana a la 07:00 hs. hasta 11:00 hs. no he podido escuchar los dos programas de Radio Nacional (AM 870) que habitualmente escuchaba, conducido el primero por Cynthia García, y el segundo por Roberto Caballero. Deseo seguir escuchándolos en la Radio Pública”.

Otro oyente de la Ciudad de Buenos Aires denunció que en su domicilio “no puedo captar las AM, tengo que estar buscando un determinado receptor para lograrlo”. Frente a lo cual autorizó una “visita al edificio” para comprobar el hecho.

En la misma línea, el organismo recibió esta presentación de un oyente: “Deseo que se reponga al aire el programa del periodista Víctor Hugo Morales, ya que su intespestiva interrupción vulnera mi derecho a escuchar opiniones diversas sobre la realidad nacional”.

Con respecto a la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por parte del actual Gobierno nacional, un docente afirma que “como director del Nivel Secundario de Comunidad Educativa Creciendo Juntos DIPREGEP 7848, en la cual desde hace dos años funciona la Radio Escolar Comunitaria en nuestra escuela, solicito ante ustedes la posibilidad de poder intervenir ante el atropello que se produjo en el día de hoy” en dicho organismo. Y agrega: “Para estudiantes, familias y docentes, la posibilidad de visibilización que nos otorgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual posibilitó hacer posible el Derecho a la Comunicación de todos los que hacemos la Escuela todos los días. Es por eso que el atropello sufrido al organismo que nos otorgó la identidad que hoy tenemos, REC 89,5, presenta una gran preocupación a toda nuestra Comunidad Educativa. Desde nuestra escuela defendemos la Ley reconocida por los tres Poderes del Estado, y que para nosotros representó la posibilidad que nuevas voces y que puedan expresar las realidades que muchas veces los medios hegemónicos no nos muestran”.

Oyentes y televidentes manifestaron su descontento vinculado al despido de periodistas ocurrido en las últimas semanas en varios medios audiovisuales. Una de las presentaciones se refiere al caso de Ari Lijalad, “a quien escuchaba en el programa de Cynthia García de lunes a viernes de 6 a 9 por Radio Nacional”. Según el reclamo, la cesantía viola “un contrato ratificado con el que contaba como trabajador. Espero que se lo reincorpore en el puesto que legal y legítimamente le corresponde, para poder seguir disfrutando de la información que brindaba, sus opiniones e interesantes investigaciones”.

Un televidente sostiene que en un programa donde los invitados cantan, emitido por un canal de aire, “realizan un juego que consiste en pasar electrodos a los participantes que deben resistir las descargas eléctricas y continuar cantando si desean ganar el juego”. Y agrega: “Considero que en ese ´juego´subyace una situación totalmente violenta desde cualquier punto de vista, pero sobre todo para nuestra historia. Es una agresión, no solamente para la persona que se expone voluntariamente a dicha situación, sino también para la memoria de todos los argentinos que tenemos que cargar en nuestra historia con 30 mil desaparecidos por métodos similares”.

Según la presentación de un oyente, un reconocido comentarista y conductor catalogó a la dirigente social Milagro Sala como “negra demagoga” y “gente de mierda”, a quienes “hay que meterlos en cana por las dudas”, agrega la denuncia. En la misma se sostiene que esas palabras constituyen “afirmaciones estigmatizantes, discriminatorias y que contienen una mirada violatoria de los Derechos Humanos”.

Una vecina de la ciudad de Bariloche denunció un hecho vinculado con la empresa que le provee la señal de cable. Sostiene que el pasado 7 de febrero el canal C5N fue reemplazado “por otra señal extranjera durante dos horas, entre las 21 y las 23 hs., exactamente durante todo el programa de Roberto Navarro. De más está decir que me sentí estafada por la empresa de cable, y privada de mi derecho a la información, ya que Economía Política es un programa semanal de alto rating y uno de los pocos en donde puedo informarme libremente de las decisiones que toma el actual Gobierno nacional”. La televidente también explica que “si bien este reclamo se refiere al día 7, en las semanas previas hubo cortes parciales durante la transmisión de este mismo programa, de lo que se desprende que no es un hecho aislado. Espero que la empresa dé explicaciones públicas (tanto por canales y periódicos locales como por la revista del cable que envía mensualmente a los usuarios del servicio) de las razones por las cuales nos priva de nuestro derecho”. También exige que el grupo empresario “arbitre los medios para que esto no vuelva a suceder”.

Una queja se relaciona son el servicio de Televisión Digital Abierta. “Pese al anuncio de incorporación de nuevas señales -sostiene una presentación-, no sólo no se han incorporado, sino que escuché que no va a ocurrir. Frente a interferencias o caídas de señal, no hay a quién dirigirse (en el 0800 sólo informan sobre decodificadores”. Por último, el televidente exige, como forma de no verse limitado su derecho a la información pública, que sean incorporada a la TDA la transmisión de las sesiones del Congreso Nacional”.

Integrantes de una cooperativa productora de frutas y hortalizas de estación de la localidad de Colonia el Simbolar, en el departamento Robles, explican haberse presentado “a un concurso público con Resolución Nro. 241 ante la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual” el pasado 2 de julio. Y agregan: “Somos conscientes que estamos en un momento sumamente difícil, y que el actual Gobierno está atacando la ley de comunicación audiovisual. Por eso necesitamos que nos ayuden a seguir y rastrear este expediente. No sabemos si la licencia para la radio comunitaria saldrá. Pero al menos haremos el seguimiento de este expediente con el apoyo de ustedes”.

Otro reclamo referido a licencias para el funcionamiento de medios fue recibido por esta Defensoría de la Asociación Civil Trabajo Educación y Cultura, que gestiona el canal de televisión comunitario Barricada TV. En un mensaje, los responsables de la emisora solicitan “el acompañamiento y la asesoría de la Defensoría del Público” para lograr tal habilitación, “a partir de haber resultado adjudicatario de una licencia en la TDA”.

Un apoyo similar fue pedido por el director del canal de televisión comunitario Urbana Te Vé, en el contexto de “la habilitación que el canal está obligado a cumplir a partir de haber resultado adjudicatario de una licencia en la TDA”.

Además, otra denuncia afirma: “Veo televisión por TDA y hace varios días que no puedo acceder a los canales Telesur, RT, CN23, 360 y algún otro, y creo que es censura”.

Ante una noticia sobre un posible femicidio, un televidente explicó que los conductores “se refirieron al mismo” diciendo que “se está investigando un posible crimen pasional”. Para el denunciante, “se deberían hacer recomendaciones para que corrijan el modo de enfocar y comunicar”.

“La Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI) -manifiesta el organismo- repudia los chistes discriminatorios hacia el colectivo de personas con discapacidad”, vertidos por una comediante en un canal de aire de la Ciudad de Buenos Aires.

Una televidente emitió fuertes quejas y reclamos referidos a un programa emitido por cable con “un contenido de lenguaje fuerte y escenas sexuales”. Para la denunciante, no existen controles ni cuidado del lenguaje a la hora de poner al aire tanto escenas como comentarios.

El mes, en números

La región Buenos Aires fue la que más presentaciones tuvo con un 77,5% del total. Luego se encontró la región Patagonia con el 7, 5%, seguido por Cuyo con el 6,3%. Después, con el 5%, surgió NEA. Con el 2,5% continuó NOA y cerró Cuyo con el 1,3%.

El 73,1% de las presentaciones fue de las mujeres, mientras que para los varones correspondió el 26,9%.

El 37,7% de las presentaciones, denuncias y reclamos fueron hechos por ciudadanos/as de entre 51 y 65 años. Con el 18,2% se ubicaron quienes tienen entre 19 y 30 años. Los y las denunciantes que tienen entre 41 y 50 años alcanzaron el 16,9%. Con el 15,6%, quienes tienen entre 31 y 40 años. En la franja de quienes tienen más de 65 años se trepó al 11,7%.

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Ottaviano se reunió con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Emilio Álvarez Icaza Longoria, y el Relator Especial para Libertad de Expresión, Edison Lanza.

Mes a mes, desde su creación, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual continúa con “un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentadas por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto”, según lo establece el artículo 19 en su inciso b) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En enero se recibieron 154 presentaciones que se constituyeron en 131 consultas, 5 actuaciones y 18 en otras acciones.

En el mismo mes, la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, se reunió el viernes 22 en Washington con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Emilio Álvarez Icaza Longoria, y el Relator Especial para Libertad de Expresión, Edison Lanza. El encuentro se produjo luego del pedido de audiencia realizado por la Defensoría, motivado por los cientos de reclamos ante los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que modifican la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y disponen la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio. "La reunión fue muy fructífera. Recibieron con mucho interés y señales de preocupación la información llevada por la Defensoría", aseguró Ottaviano.

Además, el organismo llevó a cabo un trabajo en el que pone en evidencia las modificaciones a la LSCA generadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 emitido por el Poder Ejecutivo. 

Una televidente de la ciudad de Bariloche manifestó contar con el servicio de Televisión Digital Abierta (TDA) “a partir de que distribuyeron los decodificadores y las antenas gratis, por mi hijo mayor que es discapacitado”. Y que “jamás tuve y no quiero cable”. Agregó que en ese lugar “hay un solo canal de aire local”, y a continuación reclamó ante la Defensoría que “hace unos meses, cuando finalmente se tuvieron que adecuar, se empezó a ver pero sin sonido, no se escucha”.

Una oyente advirtió sobre interferencias producidas en una emisora. Explicó que “el día 29 de diciembre no he podido sintonizar la frecuencia 89.9 FM Radio con Vos”, porque “en su lugar transmite una radio evangélica, ocupando una banda que oscila desde el 87.5 al 90.5 FM”.

“Deseo que se reponga al aire el programa del periodista Víctor Hugo Morales -pidió una persona que presentó un reclamo en el organismo-, ya que su intespestiva interrupción vulnera mi derecho a escuchar opiniones diversas sobre la realidad nacional”.

Desde Córdoba, un televidente denunció tratamientos discriminatorios por parte de un importante canal de la ciudad, que “realizó un informe sobre la supuesta peligrosidad de circular por la Costanera y de la iniciativa para cerrar el tránsito”. Agregó que el medio tituló el informe “Costa Negra”, y que de esa manera hizo “un juego de palabras con ´costanera´, vinculando a ´los negros´con los robos y el peligro, sin eufemismos”.

Referidad a accesibilidad, son numerosas las solicitudes para que la emisión de películas contenga subtitulados. Así lo requirió un televidente del servicio de cable, ya que de no existir ese servicio, “los que tenemos problemas de audición estamos excluidos”. También agregó que “antes podíamos elegir cualquier canal y veíamos lo que queríamos (Cinecanal, TNT, AXN, Universal, National Geographic, History Channel”, pero en la actualidad “no hay opción”, y sólo se cuenta con los subtítulos si se paga la modalidad Premium".

Una televidente denunció que entre las 18 y las 20 hs., un canal abierto de la Ciudad de Buenos Aires “transmite novelas que son muy violentas”. Y dio ejemplos de escenas con enfrentamientos entre bandas, disparos, golpes y torturas explícitas en pantalla.

También hubo quejas acerca del tratamiento periodístico que algunos medios ofrecieron cuando dieron a conocer la aparición de la supuesta nieta apropiada, dato luego desmentido. Un televidente sostuvo que en medio de los rumores, varios canales televisivos revelaron “datos sensibles sobre la identidad de la víctima de apropiación”. Y que “incluso en medios radiales (la referencia es a una radio de Córdoba) se ha revelado el nombre de la persona involucrada.

El mes, en números

La región Buenos Aires fue la que más presentaciones tuvo con un 71,2% del total. Luego se encontró la región Centro con el 13, 1%, seguido por Patagonia con el 6,5%. Después, con el 5,2%, surgió NEA. Con el 3,3% continuó NOA y cerró Cuyo con el 0,7%.

El 67,2% de las presentaciones fue de las mujeres, mientras que para los varones correspondió el 32,8%.

El 27,2% de las presentaciones, denuncias y reclamos fueron hechos por ciudadanos/as de entre 31 y 40 años. Con el 24% se ubicaron quienes tienen entre 51 y 65 años. Los y las denunciantes que tienen entre 19 y 30 años alcanzaron el 19,2%. Con el 17,6%, quienes tienen entre 41 y 50 años. En la franja de quienes tienen más de 65 años se trepó al 10,4%. Por último, los y las que tienen entre 13 y 18 años: 1,6%

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La Defensoría le pidió una reunión a la OEA ante los decretos que afectaron la LSCA y su organismo de aplicación emitidos por el Gobierno Nacional. Además, se llevó a cabo el Encuentro Latinoamericano de Comunicación Campesino Indígena.

Mes a mes, desde su creación, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual continúa con “un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentadas por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto”, según lo establece el artículo 19 en su inciso b) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En diciembre se recibieron 273 presentaciones que se constituyeron en 95 consultas, 56 actuaciones y 122 en otras acciones.

La mayoría de los reclamos y consultas de las audiencias, durante este mes, surgió luego del "Encuentro Latinoamericano de Comunicación Campesino Indígena: Territorio en movimiento. Voces múltiples", que comenzó el 1 de diciembre en la sede de la Defensoría. Los días 2 y 3, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la actividad continuó con diferentes actividades. Hasta que se dio el cierre y la “Declaración de Territorio en Movimiento Voces Múltiples”. En ese contexto, la Defensora del Público, la Lic. Cynthia Ottaviano, expresó: "Tienen mi compromiso como Defensora de que nos vamos a ver en los territorios, es probable. Pero además nos vamos a volver a ver en el Segundo Encuentro Latinoamericano Campesino Indígena". Este fue el corolario de una larga serie de articulaciones que se hicieron durante 2015

Desde la provincia de Salta, una vecina de la localidad de Hipólito Yrigoyen explicó que esa comunidad “inició en el 2014 (marzo) la tramitación de la licencia ante AFSCA para una radio” en el lugar. Y agregó: “Quisiéramos saber si estos trámites fueron recibidos por la institución”. En esa misma línea, la comunidad Chiguay de El Bolsón reclamó para que la Defensoría interceda ante la AFSCA para desarrollar los programas de equipamientos de FM La Radio 89.9, destinada a esa población. Además, integrantes de la emisora Peruti perteneciente a El Alcazar, en la provincia de Misiones, le solicitó al organismo averiguar en qué estado se encuentran sus gestiones de autorización para el funcionamiento de la emisora. Además, pidió “asesoramiento para conseguir el equipamiento” necesario. Similar a esta presentación: “El motivo de este reclamo -sostuvo un grupo de comunicadores de Tucumán- es para saber qué pasó con el pedido que realizamos por una licencia FM para la comunidad Indio Colalao, ubicada en San Pedro de Colalao”. En el mismo sentido consultaron los integrantes de la Asociación Radio Comunitaria La voz del Sur, de Neuquén, perteneciente a la comunidad FOLILCE KUPAN. Otro colectivo interesado en saber qué ocurrió con su pedido de licencia radial es la cooperativa de productos regionales Caburei, asentada en Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones. Y el mismo caso es el de la radio comunitaria La Voz Indígena 95.5, de Tartagal, Salta.

Los responsables de FM Activa 95.5 explicaron a la Defensoría: “Somos una comunidad campesina Mocafor, Movimiento Campesino Formoseño, de Pirané, en la provincia de Formosa. Estamos trasmitiendo desde hace cinco años, fuimos censados y queremos la adjudicación directa como radio de baja potencia, pero no tenemos constancia del censo, lo que nos impide tramitar el financiamiento (FOMECA)”. Y solicitaron a este organismo “conseguir una constancia” que acredite haber sido relevados”.  

Desde Quimili, en Santiago del Estero, explicaron que “FM del Monte funciona desde 2003 en el dial 88.7. Iniciamos ante la AFSCA solicitud de autorización y se nos otorgó una frecuencia 89.3, sin explicar por qué asignaron la frecuencia 88.7 con la que hace más o menos diez años salimos al aire”.

“En el expediente AFSCA -relataron los responsables de la radio “F”, en la localidad jujeña de Maimaca-, no figura la rendición de cuentas de la compra de equipos realizados, y no podemos poner en funcionamiento la radio. Esperamos que nos ayuden o saber dónde están las rendiciones de compras”.

Otra emisora interesada en saber lo ocurrido con su solicitud de licencia es FM El Nevado 89.1 de San Rafael, Mendoza.

La comunidad WILLI ANTU de Toay, en La Pampa, relató tener “el trámite AFSCA aprobado”, pero “la CNC no otorgó la frecuencia por 'zona de conflicto', a pesar de haber entregado frecuencias a otras radios con pedidos posteriores al nuestro”.

Un miembro de la comunidad Wichi Misión Nueva Pompeya, de Chaco, mostró interés en contar con una radio, pero “no tenemos personería jurídica, lo que me dificulta el trámite. Espero que me ayuden a tener personería jurídica, o me den asesoría”.

En igual sentido reclamó la comunidad Jallchasga Unay Ukhuchinpi de Termas de Reyes, en la provincia de Jujuy.

Radio FM Sur Manta 89.9, de Ojo del Agua, en Santiago del Estero, reclamó por “interferencias frecuentes de una nueva emisora en la localidad de Ojo de Agua, que impiden a nuestra radio salir al aire de manera normal”.

Un denunciante que se presentó como coordinador de la Asociación Civil Tierra Fértil, ubicada en Palma Solo, provincia de Jujuy, explicó que “hace dos años iniciamos un trámite para la licencia de la radio, sin obtener respuesta alguna”. Y solicitó a la Defensoría su intervención para agilizarlo. Igual reclamo llevó a cabo la emisora ubicada en el 103.3 del dial, de la localidad cordobesa de Deán Funes.

En otra denuncia se manifestó que “la Radio Las Huayteteas FM 88.7 de Los Repollos, Río Negro, tiene autorización de la AFSCA desde el año 2012. Aun no sale al aire pero está próximo a hacerlo. En julio del 2015 la AFSCA otorgó la misma frecuencia a la radio FM Continua del IFDE de El Bolsón. Dicha radio se escucha en la comunidad, por lo que, de mantenerse la misma frecuencia, habrá interferencia. Espero de este reclamo que la AFSCA otorgue nueva frecuencia, y que la Defensoría nos acompañe en ese reclamo”.

Otras dos emisoras que necesitan averiguar el estado de sus trámites para el funcionamiento son Radio Horizonte 102.7, perteneciente a la Asociación Civil Campesinos Pobaucán de Medanitos, en Catamarca, y FM Radio Campesina de Ención, en San Juan.

En el caso de Radio 104.7 de La Arriera, en la provincia de Neuquén, sus responsables pidieron a la Defensoría asesoramiento vinculado al artículo 49 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El equipo de trabajo de FM Cacique, en Sargento Periel, Formosa requirió a la Defensoría su intervención ante la AFSCA, para conocer detalles acerca de su pedido de equipamiento técnico.

También la Cooperativa de Trabajo Warisata, que administra la FM del mismo nombre, pidió asesoramiento a la Defensoría para realizar su tarea.

La organización Lgataxar Namgompi, de la comunidad QOM, denunció ante la Defensoría interferencias a la frecuencia que utiliza para su emisora, la 90.7.

La comunidad aborigen “Los chorrillos”, del Pueblo Ockoya, administra la FM WIPHALA 89.9, desde la localidad de Baricena, en Jujuy. En una presentación, solicitó al organismo intervención y asesoramiento de abogados para responder a intimaciones legales de una asociación de intérpretes y una cámara de productores.

FM El Retamo Huanacaque, de la comunidad Huarfpe de Mendoza, pidió colaboración para averiguar acerca de su licencia de funcionamiento. Mientras que la comunidad aborigen de Huasadurazno, en Jujuy, reclamó información sobre su pedido de financiamiento otorgado ante la AFSCA.

Un reclamo conjunto sostiene lo siguiente: “Las radios, medios, televisora y productora de contenidos visuales indígenas abajo firmantes reunidas en la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, en el marco del Encuentro Latinoamericano de comunicación “Territorio en movimiento. Voces múltiples”, organizado por la Defensoría del Público, se dirige a Ud. para elevarle el reclamo: que se otorgue el presupuesto nacional que establece la ley y que además se garantice la aplicación del art 152, inc. F en el que se establece que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) asigne efectivamente los recursos específicos para el funcionamiento de los medios indígenas”.

Los responsables de FM Ñandereko advirtieron que “nos está faltando la certificación de la firma bancaria que fue presentada ante la AFSCA Jujuy en dos oportunidades”. Y solicitaron informes acerca de la línea de financiamiento tramitada en su oportunidad”.

Por otra parte, una denunciante de Ramos Mejía, en el conurbano bonaerense, explicó que en un programa radial en AM se emitió un comentario con “fuerte contenido de violencia de género, proxenetismo y explotación sexual de la mujer”. Y otra de Wilde, también en Buenos Aires, reclamó porque un conocido grupo cable operador “me cobra más que la tarifa autorizada por el servicio simple”, y “dejó de enviar la programación impresa mensual que venía con la factura”.

Una oyente de Mendoza reclamó por interferencias a la FM 99.3 de la capital provincial, de parte de una emisora ubicada en el barrio San Martín, de la misma ciudad.

Sobre accesibilidad, una persona sorda advirtió que en la TV Pública, la intérprete en lengua de señas confundió el término “defensa nacional” con la palabra “guerra”, durante la transmisión de una cena de las Fuerzas Armadas. La denunciante pidió “una solución inmediata para que las interpretaciones en LSA de todas las programaciones de TV abierta sean de calidad, ya que está en nuestros derechos recibir información adecuada, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Desde Tunuyán, en la provincia de Mendoza, un televidente se quejó por la actitud de una empresa privada, al colocar antenas que no permiten “ver los canales locales, con el propósito de perjudicar a esos canales y a los que no podemos pagar cable. La realidad es que vemos cuatro canales pero tienen tal interferencia que no se ven, se ven mal, en blanco y negro, y no se escucha, o se escucha con ruidos”. Un reclamo similar presentó a la Defensoría un denunciante de Alejandro Korn, en la provincia de Buenos Aires.

Para una denunciante de Paraná, Entre Ríos, el tratamiento informativo dado al caso de un animador de TV violó aspectos de la Ley Nacional de Salud Mental.

En diciembre, también, la Defensoría del Público recibió decenas de reclamos individuales y colectivos exigiendo la plena vigencia de la LSCA, vulnerada por el decreto 236/15 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en el que dispuso la intervención de la AFSCA. Luego, por medio de un escrito dirigido al Presidente, se le solicitó dejar sin efecto las medidas adoptadas en los decretos que declararon la intervención de la AFSCA y la remoción de su Directorio como así también respetar el articulado completo de la LSCA y que se abstuviese de modificarla por decreto. Por último, el organismo le pidió una reunión en carácter urgente a la OEA: solicitó la intervención de la CIDH ante los decretos que afectaron la LSCA y su organismo de aplicación, emitidos por el Gobierno Nacional.

“Como director del Nivel Secundario de la Comunidad Educativa Creciendo Juntos -sostuvo un denunciante-, en la cual desde hace dos años funciona la Radio Escolar Comunitaria en nuestra escuela, solicito ante ustedes la posibilidad de poder intervenir ante el atropello que se produjo en el día de hoy ante la AFSCA”, en referencia a la acción del Poder Ejecutivo Nacional de reemplazar a sus autoridades. “Para estudiantes, familias y docentes -agregó el directivo, de la localidad bonaerense de Moreno-, la posibilidad de visibilización que nos otorgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual posibilitó hacer posible el Derecho a la Comunicación de todos los que hacemos la Escuela todos los días. Es por eso que el atropello sufrido al organismo que nos otorgó la identidad que hoy tenemos presenta una gran preocupación a toda nuestra Comunidad Educativa”.

En igual sentido, una mujer de la Ciudad de Buenos Aires solicitó tomar “medidas urgentes ante la vulneración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante el decreto de creación del Ministerio de Comunicaciones. Asimismo, es preciso la toma de medidas urgentes respecto a lo que está aconteciendo en la AFTIC y AFSCA, que están siendo atacadas y hostigadas”.

Desde Junín de los Andes, en Neuquén, un oyente expresó su “profundo repudio a la irracional intervención de la AFSCA por parte del nuevo Gobierno nacional. Actualmente soy el presidente de una ONG si fines de lucro que ha obtenido un gran apoyo a través de la obtención de un fondo de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual para producciones radiofónicas en formato campaña comunitaria. Preocupa saber que este tipo de ayuda pueda desparecer o reducirse, ya que para nosotros, como para muchas otras asociaciones civiles y comunidades originarias, es de vital importancia para llevar a cabo diferentes tareas educativas y comunicacionales, en nuestro caso vinculadas a la producción de spots radiales sobre valoración de fauna nativa neuquina en peligro de extinción”.

“El avance del Gobierno nacional sobre la LSCA representa una flagrante violación de los derechos que han sido consagrados en la Ley sancionada bajo un mecanismo democrático de participación”, afirmó un televidente, en su presentación elevada a esta Defensoría.

También desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otro oyente exigió tomar medidas urgentes “ante lo que entiendo implica una vulneración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante el decreto de creación del Ministerio de Comunicaciones, el cual es abiertamente inconstitucional, dado que desconoce una ley debidamente votada por el Congreso Nacional y refrendada por el Poder Ejecutivo”.

El mes, en números

La región Buenos Aires fue la que más presentaciones tuvo con un 47,3% del total. Luego se encontró la región Centro con el 14, 3%, seguido por NOA con el 13,6%. Después, con el 10,6%, apareció NEA. Con el 7,7% continuó Cuyo y cerró Patagonia con el 6,6%.

El 54% de las presentaciones fue de las mujeres, mientras que para los varones correspondió el 46%.

El 34,3% de las presentaciones, denuncias y reclamos fueron hechos por ciudadanos/as de entre 31 y 40 años. Con el 22,2% se ubicaron quienes tienen entre 41 y 50 años. Los y las denunciantes que tienen entre 19 y 30 años alcanzaron el 21,4%. Con el 15,3%, quienes tienen entre 51 y 65 años. En la franja de quienes tienen más de 65 años trepó al 5,6%. Quienes tienen entre 6 y 12 años: 0,8% Por último, los y las que tienen entre 13 y 18 años: 0,4%

 

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