Guía para el tratamiento mediático responsable de la Violencia Institucional

La presente guía propone una serie de herramientas necesarias para una cobertura periodística responsable de los casos de violencia institucional, problemática que requiere ser identificada y abordada en su especificidad y complejidad.

Por tratarse de una cuestión que refiere al funcionamiento ilegal de las instituciones del Estado, los medios de comunicación constituyen un recurso fundamental para garantizar el acceso a la información y la búsqueda de la verdad.

La violencia institucional es una forma anómala que adquiere el Estado cuando viola o permite violar su propia normativa; cuando usufructúa sus facultades para, desde sus instituciones, cometer, legitimar u ocultar delitos; y cuando ejerce un tipo de violencia física y/o simbólica sobre la población a la que debe proteger. Es decir, la violencia institucional es el proceso mediante el cual el poder del Estado, en cualquiera de sus niveles, es utilizado para favorecer o encubrir la violación de la Ley. Es un fenómeno que se puede presentar en distintas instituciones del Estado, como por ejemplo, las fuerzas armadas y de seguridad, los organismos de salud, de educación, entre otros.

Sin embargo, esta guía refiere exclusivamente a situaciones de violación de los derechos humanos por parte de las diferentes agencias del sistema penal: las fuerzas de seguridad -policía federal, provincial o comunal; gendarmería; prefectura, policía de seguridad aeroportuaria-, el sistema penitenciario y las instituciones del sistema judicial penal y contravencional.

Para cumplir sus funciones, los agentes de las instituciones del sistema penal pueden hacer uso de ciertas facultades que incluyen el uso de la fuerza. Entre esas facultades se encuentran las de detener personas, ingresar a lugares o registrarlos, secuestrar objetos, usar la coerción y la fuerza letal, siempre que estas acciones se ejerzan respetando los encuadres legales y sujetas a controles jurisdiccionales.

Sin embargo, entendemos que existe violencia institucional cuando estos agentes hacen uso indebido de esa fuerza o cuando la ejercen de manera abusiva, cuando encubren esas actuaciones o no las investigan adecuadamente.

Probablemente, los casos más conocidos en la materia sean los mediáticamente denominados “gatillo fácil”, aunque existen otros que también configuran hechos de violencia institucional. Sin embargo, dado que la figura “gatillo fácil” es un eufemismo que permite ocultar los patrones estructurales de la problemática, este documento evitará recurrir a ese término y pondrá a disposición herramientas y recomendaciones que posibiliten un abordaje responsable de la temática.

Las dificultades que se verifican a la hora de denunciar, investigar y sancionar los hechos de violencia institucional se relacionan con las características particulares de sus autores (detentan poder, son quienes -por su función- deberían garantizar que este tipo de hechos no sucedan), con la alta vulnerabilidad de las personas afectadas y con la invisibilidad de este tipo de prácticas frente a la opinión pública y en los medios de comunicación. De hecho, es importante advertir que bajo las prácticas de violencia institucional subyace una enorme cantidad de conflictos sociales que suelen quedar encubiertos por el ejercicio de dicha violencia: la desigualdad de clase, la discriminación de sectores sociales vulnerabilizados, la desigualdad de géneros, entre otros.

La Guía puede descargarse desde este link. O desde el archivo adjunto que acompaña la nota.

 

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